La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se posicionó sobre el proyecto de ley de Bases del gobierno de Javier Milei y ponderó que es un “gran logro” que la ley avance en la “modernización” de las relaciones laborales. La entidad sin embargo, planteó cuestionamientos a algunos de los artículos del proyecto.
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El presidente de la entidad, Alfredo González, consideró que “es un gran acierto la derogación de las leyes y artículos de leyes que son responsables de la litigiosidad laboral en nuestro país. Esto generará un gran alivio para el sector pyme, ya que, ante un reclamo por sumas exorbitantes por la aplicación de multas, podría darse el cierre de una empresa”, sostuvo.
La CAME recordó que ya se había presentado como “amicus curiae”, ante la Corte Suprema de la Nación, en favor del capítulo laboral del DNU 70/2023, en lo relativo al derecho individual del trabajo, “es imperioso que, a la par de que se contemplen los derechos adquiridos del trabajador, se faciliten las contrataciones que promueven el incremento del empleo genuino”, destacó el secretario general de la entidad, Ricardo Diab.
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Sobre este punto, González agregó que “contratar a un empleado tiene que suponer un estímulo para una empresa y no un riesgo, como es hoy. Actualmente es muy difícil porque no tenemos equilibrio judicial, y el despido genera un problema para la empresa”, subrayó.
La CAME, sin embargó, pidió que se consideren algunos aspectos dentro del debate del proyecto de ley de Bases en torno a los artículos sobre las indemnizaciones, y el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
Sobre el primer punto, la entidad advirtió que en el artículo referido al fondo de cese laboral, se establece que los empleadores podrían contratar un sistema privado para solventar las indemnizaciones, en ese sentido CAME cuestionó la viabilidad de la implementación de este sistema y señaló que podría “atentar contra la viabilidad del fondo de cese”.
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La entidad manifestó que es “imperioso” evitar la litigiosidad del nuevo sistema de indemnizaciones y resaltó que “si el objetivo de la norma es generar más empleo registrado ¿no hay acaso una posible litigiosidad laboral por el “Principio de la Primacía de la Realidad” en el artículo que refiere a los trabajadores independientes con colaboradores?”, cuestionó la entidad.
En esa línea CAME planteó un interrogante en torno a la posibilidad de una competencia desigual entre las empresas, “¿no genera la figura descripta en ese artículo una relación de prestación de servicios más que de empleo registrado?”, criticó.
Más allá de los cuestionamientos, la entidad empresarial destacó que es “imperioso avanzar en la modernización de las relaciones laborales y esclarecer los puntos no resueltos para implementar lo antes posible esta reforma y potenciar un escenario en el empleo registrado”, afirmó CAME.
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Sobre el RIGI, la entidad ponderó que, “por los beneficios fiscales otorgados tiene el potencial de atraer inversiones de gran volumen”. Diab explicó también que el desafío del régimen será “que esas inversiones se constituyan en una palanca para el crecimiento económico sostenido y la creación de riqueza y desarrollo de la sociedad en su conjunto”.
Siguiendo este razonamiento, la entidad destacó que “no se debe dejar de lado que todo incentivo hacia la inversión tiene como contrapartida una menor recaudación y un trato discriminatorio hacia las empresas que no cuentan con dichos beneficios”, enfatizó.
González agregó además que el RIGI, “solo es justificable en la medida en que la sociedad en su conjunto obtenga un beneficio superior al costo en el que incurre y que dicho beneficio se materialice durante un largo período de tiempo”, sentenció.
CAME planteó también que, si bien el país necesita incentivos a la inversión productiva, surgen interrogantes acerca de “¿cuántos puestos de trabajo generarán esas inversiones? ¿Cuántos proveedores locales se integrarán a este proceso? ¿Cuál será el saldo neto de divisas que se generará en nuestro país como consecuencia de este régimen? ¿Cuáles son las cláusulas que fomentan la participación de nuestras empresas en el proceso de inversión?”, se preguntó la entidad.
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Para finalizar, CAME sostuvo que “es imprescindible integrar a este régimen a las pequeñas y medianas empresas, a la industria existente, a las economías regionales y a las locales. Es indispensable que se beneficie a la sociedad en su conjunto”, exigió la entidad.
