Días tensos se viven en el ámbito de la seguridad privada tras la convocatoria a asamblea extraordinaria del gremio los vigiladores para el próximo 20 de septiembre y las impugnaciones presentadas por agrupaciones opositoras en cuestionamiento del llamado del oficialismo.
Es que, según cuestionan los espacios opositores, el actual secretario general de la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA), Angel García, pretende avanzar en una polémica modificación del estatuto de la organización para sostener el control del sindicato.
En ese marco, este jueves se realizó una audiencia clave en sede del ministerio de Trabajo convocada por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales ante las denuncias efectuadas por irregularidades detectadas en relación a padrones, lugar de convocatoria, inconvenientes con la comisión revisora de cuentas y violación de los plazos legales y vulneración de la libertad sindical, entre otros puntos.
De la cita en la cartera laboral participaron todos los sectores que pugnan por la conducción de la UPSRA: el oficialismo encabezado por García, el sector opositor referenciado en el moyanista Christian López y los dirigentes de agrupaciones que llevarían como candidato a Edgar Salarrayán.
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Todos fueron convocados a audiencia para evaluar las consideraciones presentadas y en relación a la preocupación entre los trabajadores por la seguridad de los asistentes a la asamblea del 20 de septiembre, donde se buscará también designar a la junta electoral que fiscalizará el proceso de renovación de elecciones.
La dirección de Asociaciones Sindicales que encabeza Mónica Rissotto definió un cuarto intermedio hasta la próxima semana, intimando a la conducción de la UPSRA a presentar el padrón de afiliados.
También, respecto a la asamblea, se recalcó que la seguridad en el interior de la misma será exclusiva responsabilidad de la organización convocante.
Por otro lado, se informó que varias de las agrupaciones reconocidas por la UPSPRA y el propio ministerio, como son Agrupación La Sur y Autoconvocados 1982, entre otras, se aprestan a ir a la Justicia en caso de nuevos incumplimientos del oficialismo.