UPCN presentó una querella contra el Gobierno y busca frenar los pases a disponibilidad en Capital Humano

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó una querella contra el Poder Ejecutivo nacional por «práctica desleal» ante la Justicia laboral. La acción legal llega tras la decisión del gobierno de poner en disponibilidad a más de 800 trabajadores de planta permanente del ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Capital Humano.

La presentación judicial de UPCN expone tres puntos centrales que fundamentan la acusación de conducta antisindical por parte del Estado, siendo el primero descripto como “silencio informativo oficial” por la omisión del Estado Nacional de cumplir con su obligación de entregar información esencial a las representaciones sindicales, tal como lo exigen los artículos 112 y 113 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 214/2006.

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Por otra parte, el segundo punto apunta a la “imposición unilateral sin debate paritario”. UPCN cuestiona la aplicación de las Resoluciones 126 y 130/2025 del Ministerio de Capital Humano, al considerar que fueron implementadas de manera unilateral, sin la debida convocatoria a la comisión paritaria, ámbito natural de negociación y acuerdo entre las partes.

El tercer punto que expone el gremio que conduce Andrés Rodríguez, denuncia la “vulneración de derechos laborales y sindicales”, ya que la medida adoptada por el gobierno es señalada como una afectación directa a derechos fundamentales de los trabajadores, garantizados por el Convenio Colectivo de Trabajo, la Constitución Nacional y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En paralelo a la presentación de la querella, el sindicato solicitó a la Justicia laboral la implementación de una medida cautelar urgente con el objetivo de brindar protección inmediata a los trabajadores de la administración pública afectados por la medida de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

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La solicitud estipula la suspensión inmediata de las resoluciones que dispusieron los pases a disponibilidad, y retrotraer los efectos de la medida. También la obligación para el Estado Nacional de entregar de manera completa y sin dilaciones toda la información prevista en el CCT vigente, garantizando la transparencia del proceso.

La acción judicial demanda el cese de cualquier nuevo pase a disponibilidad hasta que se convoquen los ámbitos paritarios correspondientes, respetando los mecanismos de negociación colectiva como herramienta fundamental para la resolución de conflictos laborales.

La querella presentada por UPCN también incluye una fuerte advertencia sobre la potencial inconstitucionalidad de recientes reformas legislativas que permitirían desvinculaciones sin las debidas garantías de negociación colectiva y estabilidad laboral. La organización sindical considera que estas reformas representan una amenaza al marco de derechos laborales y a los principios de buena fe y legalidad.

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«Estamos frente a una de las situaciones más graves en materia de relaciones laborales en el sector público» apunta el gremio en la presentación y agrega que, «el gobierno ha ignorado los procedimientos obligatorios y ha marginado a las representaciones sindicales en un proceso que afecta directamente el sustento de cientos de familias», afirma la denuncia.

Finalmente, UPCN dejó formalmente asentada la reserva del caso federal y la posibilidad de recurrir a instancias internacionales en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores del Estado.