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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Una marca registrada de Cambiemos: las intervenciones a sindicatos

El Gobierno no sólo intervino gremios, que suman más de una decena, sino que también hizo lo propio con las obras sociales: al día de hoy existen 17 entidades con autoridades flojas de papel.

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La lógica de las intervenciones a los sindicatos fue, y acaso lo sigue siendo, una marca distintiva del gobierno de Cambiemos. Las más mediáticas fueron la del SOMU, que terminó con Omar “Caballo” Suárez preso, y la del SOEME, cuyo titular Marcelo Balcedo también terminó en prisión. En ambos casos quedaron a la vista la vida de bon vivant de estos dirigentes sindicales.

Se suman a la lista el Sivendia (Canillitas), UPSRA (Vigiladores), la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y la Federación de Azucareros (FEIA).

Bajo la gestión de Dante Sica se intervino la Asociación Sindical de Trabajadores de Industrias químicas, petroquímicas y explosivas. Y hay más, aunque el Ministerio de Producción y Trabajo no lo quiera informar ante el pedido de Mundo Gremial.

También es triste y mezquino ver a dirigentes sindicales de peso y como aves de rapiña operando con el Gobierno para quedarse con la conducción y por ende la caja del gremio una vez concluida la intervención.

Desde la estrategia política, cada gobierno amplifica su poder teniendo enfrente un enemigo: en la era Cambiemos ese blanco fueron y son los trabajadores que ligan el tiro junto a quienes son sus representantes.

Más allá de la definición y por lo expuesto los sindicalistas no son Carmelitas Descalzas; pero en lo conceptual, los trabajadores sufren el desamparo del Estado y los sindicatos las amenazas de intervención. O como se sabe pero se dice poco: el armado de expedientes judiciales multimillonarios que involucran a un juez federal de Comodoro Py y a funcionarios del ministerio de Trabajo de la era de Jorge Triaca para extorsionar a los gremios.

En este cierre de ciclo del primer ciclo de Cambiemos, la lógica de las intervenciones incluyó el avance gubernamental sobre las obras sociales sindicales. Al día de hoy se encuentran sin sus “autoridades naturales” ocho obras sociales.

En detalle son:

La Obra Social del Personal de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. En iguales condiciones está la Obra social del Personal de Luz y Fuerza, de Córdoba y la Asociación Gualeguaychú de Obras Sociales. Siguen la Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera y el Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Cierran OSDEPYM, que es la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas; y la Obra Social para los Trabajadores de la Educación Privada, OSTEP.

Haciendo un repaso ligero vemos al Correo: no hay que ser muy memorioso para recordar el affaire de la familia del Presidente con esa empresa. Carlos Menem lo privatizó en los noventa y el adjudicatario fue el Grupo Macri: no pagaban el canon como respuesta a que no les dejaban aumentar las tarifas. En 2001 fueron a concurso con una deuda de 300 millones de pesos/dólares y desde aquel año está intervenida la obra social. La propuesta del Grupo Macri fue de abonar aquel valor de manera nominal; es decir 300 millones de pesos sin contemplar ningún tipo de adicionales por inflación, intereses, etc. Actualmente está judicializado.

En cuanto a la obra social de la industria azucarera atrás de esta intervención, que data de noviembre de 2017, hay que poner el ojo en los intereses de la familia Blaquier. Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, respectivamente dueño y administrador del ingenio durante la dictadura, fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad y por el secuestro de 29 trabajadores entre marzo y julio de 1976, en lo que se conoció como la “noche del apagón”. Estos procesamientos fueron confirmados en 2013 por la Cámara salteña mientras que en 2015 la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó la falta de mérito y revocó los procesamientos. Los demandantes apelaron y ahora se espera la definición de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, el Instituto de Servicios Sociales Bancario se encuentra intervenido desde julio de 2018. Signo de pregunta: ¿Tendrá que ver con las posiciones políticas del secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo?

Finalmente la obra social del SOEME, la OSTEP. Hablar del SOEME es hablar de la opulencia y la desfachatez de quien fuera su secretario general, Marcelo Balcedo. A este sindicalista, hoy preso, se le incautaron autos de lujo en una chacra con zoológico propio en Uruguay.
A su vez, a junio de 2019 existen 9 obras sociales a las cuales la Superintendencia de Servicios de Salud no les reconoció las autoridades.

Ellas son:

1- Obra Social del Personal de la Cerámica, Sanitarios, Porcelana de Mesa y Afines.
2- Obra Social de los Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina.
3- Obra Social para Pilotos de Líneas Aéreas Comerciales y Regulares.
4- Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina.
5- Obra Social para Directivos, Técnicos y Empleados de John Deere Argentina.
6- Obra Social Cooperativa de Asistencia Mutua y Turismo del Personal de las Sociedades Pirelli LTDA.
7- Obra Social de la Asociación del Personal de Dirección y Jerárquico de la Industria del Cigarrillo.
8- Obra Social del Personal de Dirección de las Empresas que Actúan en Frutos del País.
9- Asociación de Obras Sociales de Rosario.

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