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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El día después de la revuelta policial bonaerense

¿Cuál es el cuadro de situación sindical en las fuerzas policiales? Un conflicto sin solución a la vista, que solamente puede destrabar la voluntad política. La sombra de Moyano.

Pablo Maradei

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El 13 de diciembre es el Día del Policía Bonaerense. El clima de festejo dentro de la Fuerza no fue bueno, pero tampoco fue tan malo luego de la revuelta de septiembre que le valió a sus agentes un ajuste salarial importante. “Hay malestar, pero no para salir a la calle”, reconoció a Mundo Gremial uno de ellos que tuvo visibilidad durante las protestas que llegaron hasta la Quinta de Olivos. Ese malestar pasa porque ciertas promesas aún no se concretaron: por ejemplo, los aumentos no son remunerativos. También se redujeron ciertas horas de trabajo subiendo la tarifa horaria para que no hubiera pérdida del poder adquisitivo.

Que estos sucesos hayan tenido lugar en septiembre nos salvó de un diciembre caliente, un clásico de nuestro país desde el fatídico 2001: y eso que este añoCoVid dejó todo el tejido social y económico a la intemperie con estadísticas rojísimas de pobreza, hambre y desocupación.

Punto aparte y acaso para otra ocasión: los excluidos que habitan desde añares los barrios vulnerables de nuestro país no han activado piquetes en las puertas de los supermercados para pedir comida. ¿Tendrá que ver que dirigentes sociales como Emilio Pérsico y Daniel Menéndez sean funcionarios nacionales? Los que siguen saliendo a la calle son los del Polo Obrero: lo vimos esta semana con la instalación de decenas de carpas sobre la 9 de julio. Entonces: ¿es político el reclamo? ¿o es político la falta de reclamos?

El combo pobreza más huelga policial se dio en diciembre 2013 en Córdoba, aunque hubo réplicas en varias provincias, incluidas Buenos Aires y Entre Ríos: a la par de los saqueos, los policías no actuaban. Los agentes cordobeses cobraban 1630 pesos y pedían llegar a 12.500. Este año los salarios de los bonaerenses llegaron a los $44.000 después de los reclamos callejeros.

Retomando los sucesos de este 2020, con epicentros en Puente 12 y distintos puntos de La Matanza, como así también en la residencia presidencial dejaron al desnudo lo inorgánico de la protesta. Emiliano Gullo, en una crónica hecha para la Revista Anfibia, retrata el estado de situación de aquel 9 de septiembre en la puerta de la Quinta de Olivos:

— El Gobierno nacional está dispuesto a conversar con ocho representantes. Que entre alguno que sepa hablar bien.

Silencio.

—O alguien con jerarquía.

Silencio.

—Mejor que no vaya nadie, o entramos todos o ninguno —sugieren varios, y cierran los minutos de zozobra.

Entonces si uno recorre el panorama sindical en el ámbito policial se encuentra que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) está para su resolución, desde 2013, el expediente del Sindicato de Policías y trabajadores de los Penitenciarios (Sinpope). ¿Seguirá los pasos del Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires (Sipoba)?

Veamos. En abril de 2017 la CSJN rechazó el pedido de Sipoba por tres votos contra dos: es así que se impusieron los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, quienes dijeron que los policías no tienen un derecho colectivo a sindicalizarse. Por la positiva votaron Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Ante el rechazo, el Sipoba pidió ese mismo año su reconocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Poniendo el foco en lo internacional, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo dejó librado “a la autonomía legislativa de los estados miembros establecer el alcance del derecho de sindicación de las fuerzas armadas y de la policía y las exclusiones al ejercicio de ese derecho deben ser interpretadas en sentido restrictivo”.

En el documental “¿se pueden democratizar las fuerzas de seguridad?”, se muestran extractos de las audiencias que convocó la CSJN en 2005 para debatir la sindicalización policial. Allí se observa al Doctor Alberto Lugones, abogado de Sipoba, intercambiando opiniones con los cortesanos. Por ejemplo, la jueza Highton de Nolasco le pregunta cómo compatibilizar el derecho a huelga y la seguridad: “Se debe garantizar la seguridad de la población sin desmedro, eventualmente, de unas medidas restringidas en defensa de los derechos sindicales, pero siempre garantizando la paz social”, responde el letrado. Y la magistrada redobla: “¿Pero, se hace huelga o no?”. Responde: “Eventualmente medidas restringidas, sin armamentos y con guardias que garanticen la seguridad”. Se suma Lorenzetti: “Y si una persona llama que la están asaltando, ¿qué ocurre?”. Lugones reafirma: “Acudirían las guardias; el caos social no le conviene a nadie”.

Este es el principal foco de atención que pone la Justicia sobre avalar o no la sindicalización policial. Ahora bien, pareciera que esta discusión estaría zanjada en Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, México, Colombia y Panamá; por citar países de nuestra región que tienen sindicatos policiales. Incluso Bolivia tiene gremios a nivel municipal.

¿El tema, entonces, habría que también analizarlo desde el punto de vista político? Por ejemplo, el estatuto del Sinpope, en su artículo 73, dice explícitamente que se prohíbe el derecho a huelga. Y en caso de reclamos solo puede haber asambleas informativas; y también se prohíbe que se porten armas o ropa de trabajo en momentos de reclamos callejeros.

De formarse un sindicato solamente con alcance en provincia de Buenos Aires estaríamos frente a un gremio al que potencialmente se podrían afiliar unos 200.000 trabajadores activos y otros cientos de miles pasivos. Las cifras escalan a niveles siderales si se crearan sindicatos en cada una de las provincias (que los hay, pero sin personería). También existe la Federación Argentina de Sindicatos de Policías y Penitenciario (Fasipp), cuyo secretario general es Alberto Martínez: nuclearía a todos los gremios.

Sinpope nació bajo el paraguas de los Moyano y su referente es José Carranza. Y una duda: en esta buena sintonía que existe entre Alberto Fernández y Hugo, ¿el Presidente se animará darle más poder al clan camionero? Por ahora pareciera que no.

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