Entre tanta densidad mediática de malas noticias vinculadas a los efectos del coronavirus y su correlativa cuarentena y que nos tiene en jaque como sociedad en distintos planos, este viernes sorprendió que una empresa, que no sea Fintech, diera a conocer estadística positiva: Trenes Argentinos Cargas anunció que en el primer cuatrimestre del año transportó un 23% más de carga en la comparación interanual versus 2019. Y no solo eso: durante el mes de abril, en pleno curso del parate económico, ese aumento fue del 14%. Entre los productos que se destacaron está el azúcar con un despacho de 9.000 toneladas, un récord que no se alcanzaba desde hacía 10 años. También se rompió el hito histórico en el transporte de carbón de coque para su cliente YPF: superó las 26.000 toneladas en el mes que acaba de terminar.
Paréntesis: si en pleno freno de la actividad económica, el tren estatal, tan castigado en la historia de nuestro país, transportó más que un año “normal” como fue 2019 se puede inferir que algo no estaba tan normal el año pasado. Dudas…
Siguiendo la línea de pensamiento, pero remarcando el no tener autoridad en la materia, se podría inferir que algo del managment falló en aquel entonces como falló este año en la empresa Ferrosur, la concesionaria que opera las cargas de la ex línea Roca desde 1993 y lo hará hasta 2023.
Esta empresa ferroviaria opera con su controlante: la brasilera Camargo Correa, dueña de la legendaria compañía Loma Negra, y otras empresas vinculadas al rubro de la construcción. Es decir que, además de cemento, transporta piedra y arena; sector que se vio fuertemente castigado por el efecto del coronavirus, no transporta otra mercadería. Valga mencionar que el despacho de materiales de construcción le permitió generar ganancias fenomenales con el boom que ese sector viene registrando desde que se inició este milenio, más allá de algunos vaivenes propios de la economía domésticas.
Ahora, Ferrosur nunca diversificó su negocio pese a la fuerte demanda de camiones para transportar cereales y frutas desde el sur de nuestro país. Esto explicaría, en parte, su pedido de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) en abril pasado, cosa que las otras empresas ferroviarias privadas como son NCA y Ferroexpreso Pampeano no hicieron.
Rápidos y por la sola solicitud del PPC, Ferrosur intento avanzar con la reducción salarial de sus trabajadores algo que fue frenado por los gremios del sector, reyerta que concluyó con el pago del salario en su totalidad. Pero el PPC destapó una olla: el Estado ahora investiga la venta de locomotoras de Ferrosur a su controlante Camargo Correa. Según informa y detalla el portal enelsubte esta operación se hizo en noviembre de 2019 y muestra foto del balance en el que se consigna que la ferroviaria tuvo ingresos de $539.426 por esa venta. Suena a poco, pero eso es otro tema. Este enjuague contable acaso haya sido para darle liquidez a la empresa.
Lo cierto es que en aquel entonces de las postrimerías de Cambiemos en el poder, el director por el Estado argentino en Ferrosur era Javier Iguacel quien avaló dicha operación y renunció al cargo en diciembre luego del recambio de gobierno. Quien reemplazó a Iguacel junto a otros directores estatales rechazaron el balance cerrado en diciembre de 2019 donde figura esa irregularidad ya que el material rodante es del Estado que se lo da en concesión a Ferrosur.
No es el primer cuestionamiento a Iguacel en su derrotero en la política: actualmente es intendente de Capitán Sarmiento; pero ni bien arrancó el gobierno de Mauricio Macri fue titular de Vialidad Nacional.
A propósito de Iguacel, el profesor Gustavo Acosta difundió infinidad de veces en su programa de radio local “De frente” el paso del ahora intendente por Vialidad Nacional lo que le valió que le prendieran fuego el auto. Según Acosta durante su gestión se hizo el desvío de la ruta nacional número 8 a Pergamino: “se gastaron millones de dólares en ese desvío que no era necesario porque hace 60 años ya se habían expropiado tierras para sacar la ruta fuera del entramado urbano. Es decir, que el Estado pagó dos veces por lo mismo y varios millones de dólares”. Agrega en su charla con Mundo Gremial: “Al hacer este desvío le dejó a la granja Tres Arroyos disponer de todas esas tierras fiscales expropiadas en los sesentas para que funcione, entre otros menesteres, su playa de estacionamiento”.
Pero una curiosidad más: esta empresa es la principal prestadora de trabajo en Capitán Sarmiento y los vasos comunicantes entre la política y su poder económico quedan expuestos: la hija del ex intendente municipal Oscar Ostoich es empleada de la empresa; y otro es el caso de un empleado jerárquico que a su vez fue consejero municipal. Y un dato más: el marido de Fernanda Astori, quien fuera presidente del Consejo Deliberante durante el período 2017-2019 por Cambiemos, es empleado de Granja Tres Arroyos. Astori es actualmente nada menos que la secretaria del gobierno municipal encabezado por Iguacel.
