Un informe de la CTA-Autónoma alertó por el impacto de las políticas del gobierno en el mercado laboral

Un informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA-Autónoma, elaborado por Noemí Giosa Zuazúa y Claudio Lozano que aborda las políticas sociales y de ingresos implementadas por el gobierno de Javier Milei y advirtió por sus consecuencias en el mercado laboral.

El trabajo de CTA-A se centra en programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar contributiva (AAFF), la Prestación Alimentar (PA) y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), analizando cómo su diseño influye en la decisión de los empleadores de registrar o no a sus trabajadores.

Así, el informe revela que la AUH, destinada a trabajadores informales, desempleados y empleados domésticos, y la AAFF, para trabajadores registrados con bajos ingresos, tienen un impacto directo en el mercado laboral, ya que, si bien buscan proteger a los sectores más vulnerables, su diseño, excluyente para los trabajadores registrados, puede generar lo que se denomina como «trampas de desempleo» tanto para los beneficiarios como para los empleadores, que siempre se encuentran latentes desde las perspectivas de estos.

En este sentido, remarca que «Los trabajadores podrían preferir mantenerse en la informalidad para no perder el beneficio de la AUH» y agrega que, «por otro lado, los empleadores podrían verse incentivados a no registrar a sus empleados para reducir costos laborales, ofreciendo un salario mayor en mano pero perjudicando al trabajador en el acceso a derechos laborales y seguridad social».

Asimismo, explica que las “características de las políticas sociales y laborales que suponen ingresos vinculados al trabajo mercantil, no son neutrales y pueden tener efectos no deseados”, sostiene el IEF.

El estudio también analiza la reciente actualización de los montos de la AUH y el SMVM, que aumentaron un 2,43% y alcanzaron los $95.520 por hijo y $286.711 respectivamente en enero de 2025. Sin embargo, la Prestación Alimentar no se ha actualizado desde junio de 2024, generando una disparidad en los beneficios recibidos por los hogares según su cantidad de hijos.

Con este marco, el trabajo concluye en que es necesario un análisis profundo del diseño de las políticas sociales y laborales para evitar incentivos a la informalidad y promover la creación de empleo registrado, garantizando la protección social de los trabajadores y el crecimiento económico sostenible.