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Tensión y acusaciones cruzadas entre ATILRA y la ex Suipachense

No hay ni acuerdo en el monto de deuda que reclama el sindicato por falta de aportes durante ocho años: exigen 110 millones de pesos cuando la empresa reconoce 50 y ofreció pagar 18 millones para dar por cerrada la cuestión. Esperan el dictado de la conciliación obligatoria.

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Entre el tendal de empresas que tiró a la banquina la gestión económica de Cambiemos sumada a la eterna crisis económica de este país se encuentra la legendaria empresa láctea, La Suipachense.

En febrero de 2018 entró en concurso de acreedores por una deuda fenomenal, que incluía millones adeudados a ATILRA: fue así que Claudio Rafaniello compra el concurso y reactiva la empresa que estaba cerrada. Entre las deudas con las que realizó la operación figuraba una en favor de ATILRA por 140 millones de pesos que hoy, según la ex Suipachense, estaría en los 50 millones. Sin embargo para ATILRA el monto a reclamar es de 110 millones de pesos.

Según confirman desde la empresa, que actualmente se llama Lácteos Conosur SA, ofrecieron cancelar por todo concepto 18 millones de pesos y dar por cerrado el tema; algo que el sindicato rechazó.

Desde la empresa aseguran: «ATILRA nos bloquea la empresa y no deja entrar a trabajar a la gente. Para colmo de males estamos en pandemia y ha entrado al pueblo un montón de gente para vallar la entrada a la planta; queremos que se destrabe el bloqueo para que se pueda seguir trabajando y conversando».

Adjuntaron la propuesta enviada al sindicato en que la se indica que «en fecha 19-10-20 se abonó la suma de $ 1.528.184 en pago de un tercio del importe correspondiente a la deuda concursal que se mantiene con OSPIL (…) y que se mantuvieron todas las fuentes de trabajo y hasta se ha ampliado» la nómina. Ofrecen pagar 50 cuotas de 337.839 pesos cada una; más dos pagos ya realizados por 1.647.720.

Pero los cruces entre las versiones de unos y otros siguen: «No hay ninguna toma de la empresa; son los trabajadores que están parando». Y explican: «Todo estalló cuando, por la falta de los aportes patronales, se cerraron los consultorios que la obra social tenía en esa ciudad por lo que los trabajadores tienen que atenderse en el hospital público. La empresa tiene que regularizar sus deudas (aportes y contribuciones) para que las cosas funcionen».

Desde la empresa esperan que accione Fernando Antonelli, secretario del ministerio de Trabajo de la delegación Chivilcoy, dictando la conciliación obligatoria.

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