Argentina hace más de un año que transita la pandemia provocada por el Covid-19, y en este sentido, pese a que fueron variando las fases y quedó lejos aquel primer Aislamiento Preventivo y Obligatorio decretado por el Presidente, lo cierto es que aún existen irregularidades con respecto a las nuevas formas de trabajo.
Un año después, se regularizaron algunas pautas que configuran el trabajo a distancia o teletrabajo o, llamado así por los gremios, trabajo remoto. Hasta este momento, se dictó la Ley 27.555, que regula esa modalidad, en donde entes institucionales y empresas intentaron adecuarse a las circunstancias, sin embargo, en la realidad la falta de regulación concreta en la reglamentación, pinta un panorama diferente.
Al respecto, en diálogo con Mundo Gremial, el secretario adjunto de ATE bonaerense, Carlos Díaz, expresó: “Para nosotros esta modalidad de trabajo remoto, tanto público como privado, presenta riesgos muy concretos, incluyo fallas en las técnicas legislativas”.
Sobre esto, ahondó diciendo que “esa forma de trabajo conduce a una individualización de las relaciones laborales, perdiendo nosotros como trabajadores y trabajadoras, el contacto en el ámbito laboral y produciendo una ruptura de las relaciones sociales que cada uno de los sectores de trabajo deben tender en lo colectivo y la socialización”.
Tal como lo informó, cuando se debatió la regularización de esta nueva forma de ejercer en lo laboral, se establecieron principios fundamentales para los gremios: el de la voluntariedad y revocabilidad de la tarea por parte del trabajador o trabajadora; el cumplimiento de la jornada de trabajo; y fundamentalmente el derecho a la desconexión.
Por su parte, el secretario gremial de UPCN Buenos Aires, Diego Rétola, quien también habló con este medio aseguró que, si bien no llevan un conteo de cuantos empleados prestan servicio de manera remota, del sector de Personal y Liquidaciones, son los que realizan estas tareas bajo esa modalidad.
Pero al ser consultado por la problemática que puede implicar el teletrabajo, Rétola dijo: “El problema suele ser que nadie se hace cargo de pagar nada, de pagar Internet, insumos y demás gastos que tiene el trabajador”.
Asimismo, afirmó que otro problema “grave” es la imposibilidad del acceso al derecho de la desconexión, ya que según el gremialista los y las trabajadoras ejercen jornadas extendidas y fuera del horario estipulado por el contrato.
Podría decirse que el sector gremial se muestra en disconformidad con lo establecido por el trabajo en estas circunstancias, debido a que tal como lo dejaron ver, solo lo aceptan de manera excepcional y no lo consideran como una nueva forma de trabajo que llegó para quedarse.
Así lo advirtieron mostrando su preocupación respecto de la relación entre organización sindical y afiliados, la cual se ve cuartada por el cambio domiciliario al puesto de trabajo. La pregunta que surge entonces es ¿puede cambiar la forma de sindicalizarse? ¿Es acaso una opción la del gremialismo en el trabajo remoto?
Por otra parte, el secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Pedro Fernández, al ser consultado por Mundo Gremial, aseguró que aún no hay regulación. Si bien hay proyectos de ley provinciales, ninguna ha logrado un avance concreto: “Cada organismo se maneja a su forma con las pautas generales de la administración, respecto de las restricciones”, informó.
“El porcentaje de gente trabajando desde la casa depende de cada jurisdicción, en los organismos de control es alto, respecto de cuanto se puede hacer según el tipo de tarea y la tecnología con que cuentan”, dijo Fernández, y aseveró que “es una deuda reglamentar este sistema que, en gran medida, vino para quedarse”.
Más allá de los detalles que implican ejercer el trabajo remoto domiciliario, la vulneración de derechos laborales y la individualidad que genera, lo real es con el avance de las nuevas tecnologías, en el marco del sistema capitalista dominante, los cambios vinieron para quedarse, y es preciso que tanto los gremios como el Estado, brinden las herramientas para evitar la flexibilización y precarización en las relaciones laborales.
