exigen que se inicie una investigación a funcionarios públicos y civiles por su presunta responsabilidad en actos que vulneran los derechos humanos y la libertad sindical.
El gremio estatal se reunió con el ministro para desarrollar dicha iniciativa.
Las organizaciones destacaron el hecho de que estas personas enfrenten condiciones de vida extremas que incluyen la ausencia de seguridad y salud.