Sin embargo, esta vez no está claro el alcance del pronunciamiento. Y nada indica que las últimas apreciaciones de la OIT modifiquen el sistema de desarrollo de los conflictos en Uruguay.
El documento realizado por la Comisión de Expertos del organismo, difundido ayer por Ultimas Noticias indica que “los piquetes de huelga y la ocupación de los lugares de trabajo deberían estar permitidos, siempre que estas acciones se desarrollen pacíficamente”.
Hasta ahí, la victoria aparece del lado del sector trabajador, que siempre reivindicó la ocupación como una extensión del derecho de huelga. Incluso los empresarios realizaron quejas formales ante el organismo, en oposición a ese sistema de lucha impuesto por los gremialistas, pero esa demanda del empresariado uruguayo aún no fue contestada. Las conclusiones vertidas en el documento son sobre el derecho de huelga en general.
En cuanto a ese reclamo, el párrafo siguiente da la derecha al sector empresarial, ya que advierte que “en todos los casos debe garantizarse el respeto de la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección a entrar en los locales de la empresa”.
Esa condición es, para los trabajadores impracticable. Y por eso consideran que las apreciaciones del organismo no cambiarán en nada la situación actual. “Es un híbrido de la OIT, pensado desde Ginebra, que es una ciudad sanatorio donde todo cierra a las 9 de la noche. En Noticias Mercosur Dirección de Prensa y Uruguay es impensable. Al 99% de los empleadores no se le pasa por la cabeza ingresar al establecimiento ocupado, y al 99% de los no afiliados a un sindicato tampoco”, dijo a El Observador el integrante del Secretariado del PIT-CNT, Richard Read.
En un sentido similar se manifestó el presidente del sindicato del comercio y servicios (Fuecys), Ismael Fuentes. En el caso de las ocupaciones “el tema (de dejar entrar a los no huelguistas) es difícil”, dijo. Sobre los piquetes recordó que cuando su gremio los realizó frente a los supermercados “se dejaba entrar a quienes querían trabajar”.
El gremio metalúrgico protagonizó meses atrás una huelga en la que la ocupación y los piquetes fueron de todos los días. La Justicia envió varias solicitudes de desalojo luego de recursos de amparo presentados por empresarios trabajadores que querían ingresar y los huelguistas fueron amenazados de que serían desalojados por la fuerza si impedían el paso a través de piquetes.
En esa huelga se dieron algunas situaciones violentas. El secretario general del sindicato, Marcelo Abdala, coincidió con la dificultad del ingreso de trabajadores durante la huelga. “Si una fábrica esta ocupada la organización sindical asume la responsabilidad y no puede coexistir un proceso de trabajo con uno de ocupación. Por responsabilidad, se lacra todo lugar donde puedan haber valores y los escribanos certifican”, dijo.
Sobre los piquetes sostuvo que durante el conflicto “estaba garantizada la libre circulación”, aunque eso no sucedió en todas las empresas.
Fuerza pública y piquetes Uno de los puntos que llama la atención del documento es que advierte que “en caso de huelga las autoridades sólo deberían recurrir a la fuerza pública en circunstancias excepcionales” y en caso de “desorden público”.
Sin embargo, la legislación uruguaya prevé la actuación de la fuerza policial para el desalojo de cualquier piquete en la vía pública (ver recuadro), y de los ocupantes de empresas privadas, si el Ministerio de Trabajo y el de rama de actividad donde se da el conflicto así lo consideran. En el caso de las oficinas públicas, la desocupación se prevé en forma inmediata, bajo apercibimiento Noticias Mercosurdel uso de la fuerza pública. En ninguno de los casos se prevén circunstancias extremas. Con que los huelguistas se nieguen a retirarse alcanza para poder utilizar la acción policial.
El catedrático en derecho colectivo del trabajo, Jorge Rosenbaum, recordó a El Observador que desde 2005 hasta ahora sólo hubo dos situaciones de desocupación complicadas. Una en la imprenta Vanni y otra en el sector metalúrgico. Y desde 2007, se dieron 25 desalojos dispuestos por la justicia civil. Señaló que las resoluciones de la OIT “no son vinculantes jurídicamente pero tienen una fuerte influencia”.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta indicó a El Observador que no realizaría declaraciones sobre el tema hasta no tener analizado a fondo el documento.
