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Serenos de buques, en lucha: profundizan medidas contra la agencia marítima ISA
La empresa se niega a contratar el servicio de serenos amparándose en los alcances del decreto del Gobierno que desreguló la actividad. Temen por la seguridad en puertos.
Los serenos de buques profundizan las medidas de protesta tras la desregulación de la actividad determinada por el Decreto 37/25 del Gobierno nacional, que pone en jaque los puestos de trabajo en el sector.
Los trabajadores activaron acciones en distintos puertos ante la falta de respuestas a las demandas de continuidad laboral. Hoy el panorama es de total incertidumbre.
Las protestas de las últimas horas se centralizaron contra la Agencia Marítima ISA (Independent Ship Agents SA). La última acción tuvo lugar en la localidad santafesina de San Lorenzo y Puerto General San Martín.
En la región ya ingresaron 93 barcos, de los cuales 87 fueron operados por ISA. Para ninguno de los buques solicitó el servicio de serenos, pero según confiaron a Mundo Gremial, la empresa sí recibió desembolsos por parte de los armadores para la contratación. Es decir: cobró más de 100 millones de pesos por servicios de sereno que nunca contrató.
Los serenos de buques se manifestaron en horas de la mañana en las oficinas de la empresa ISA, ubicada en Avenida San Martín al 2200 de San Lorenzo.
ISA está en la mira de los trabajadores y de la actividad portuaria en su conjunto. La firma, una de las mayores contratantes del servicio de derechos, opera en los principales puertos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Suiza.
La empresa se niega a contratar a los serenos de buques amparándose en los alcances del nuevo decreto que desreguló la actividad. Los trabajadores llevan casi un mes sin trabajo.
Además de San Lorenzo se llevaron a cabo escraches en otras agencias marítimas, como Nabsa en Puerto General San Martín y Blatzer en San Lorenzo.
El Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre elimina la obligatoriedad de contratar serenos en embarcaciones de bandera extranjera. El esquema, además de eliminar cientos de puestos de trabajo, compromete la seguridad en los puertos.