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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Se consolida la tendencia: crecen las demandas judiciales contra delegados sindicales

Las fiscalías del fuero laboral relevadas informan de hasta el ingreso de 10 expedientes por mes en lo que va de 2019. Tandanor, caso testigo: el 60% de los miembros del Consejo Directivo del gremio no pueden entrar a trabajar por demandas judiciales.

Pablo Maradei

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Un relevamiento realizado por Mundo Gremial a través de la comisión interna del Fuero del Trabajo-UEJN (Unión de Empleados de la Justicia de la Nación) dio cuenta que en tres de las diez fiscalías del fuero laboral se incrementaron los ingresos de expedientes judiciales contra delegados sindicales en el último año. “Es un hecho inédito”, asegura Gabriel Galeano, secretario adjunto de esa comisión. De febrero de 2019 a la fecha hay fiscalías con hasta 10 expedientes nuevos por mes.

“Actualmente crecieron los amparos por exclusión de tutela gremial y persecución sindical y fallos judiciales que resuelven situaciones que antes tenían que ser negociados y acordados en el ámbito ministerial. De a poco, los juzgados laborales comenzaron a resolver los conflictos y dieron más respuesta a los trabajadores que al propio Gobierno. Sin embargo, estas sentencias judiciales no son siempre acatadas por las empresas, quienes aprovechándose de la demora en la resolución de los conflictos, desgastan la lucha de los despedidos y sus gremios”, detalla Galeano.

En el relevamiento realizado confiaron a Mundo Gremial que “la mayoría de las causas se dan en el sector privado aunque también hay casos en el sector público”.

Un operador judicial del sector agrega: “En tiempos de ausencia de la secretaria de Trabajo en este tipo de conflicto, la Justicia se ha convertido en mediadora”.

Dan el caso de Tandanor, empresa estatizada en 2007 quedando las acciones en un 90% para el Estado nacional y otro 10% para los trabajadores: esta decisión del entonces presidente Néstor Kirchner se dio luego del vaciamiento que produjeron los privados a raíz de que Carlos Menem la privatizó en los noventa.

El Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales (SITTAN) es un gremio por empresa y como tal nuclea exclusivamente a los trabajadores de Tandanor. Su comisión directiva está conformada por 10 miembros y 6 de ellos tienen prohibido el acceso a la terminal por causas judiciales en el fuero penal y en el laboral. Uno de los que cayó en la volteada es el adjunto, Mauricio Melian.

El historial da cuenta de que en diciembre de 2015 trabajaban allí 610 trabajadores; en tanto que hoy son 480. Los últimos 23 despidos, que incluyeron a los dirigentes sindicales, fueron en agosto de 2018. Explica Melian a Mundo Gremial: “En agosto, luego de que ganáramos las elecciones a una lista opositora gestada por el Directorio, hicimos una huelga que duró 55 días en la que fuimos duramente reprimidos por lo cual fuimos a pedir explicaciones y ahí la empresa decide judicializarnos porque nos acusó de haberlo hecho con acciones violentas”.

Mundo Gremial quiso saber si esa baja en la nómina está relacionada con la movida del cristinismo de blanquear trabajadores en el ocaso del gobierno de CFK: “Quisieron meter a militantes de La Cámpora y nos negamos y no pudieron avanzar”. Y agrega: “Los despedidos de la gestión Cambiemos son trabajadores productivos y no administrativos con más de una década de trabajo como mínimo; esto tiene que ver con el hecho de que esta gestión fue a la baja de la productividad, provocando un vaciamiento, como método para justificar los despedidos”.

Melian ofrece estadísticas, que acompañan esta nota, y explica lo que considera un vaciamiento: “La evolución de los últimos 12 años muestra que se redujo el trabajo en cada tipo de embarcación. Por ejemplo en 2007 reparamos 47 buques de porte; en 2018 apenas fueron 10”. Agrega: “Lo único que creció fueron los buques pesqueros, pasando de 11 en 2007 a 25 en 2018; el problema es que este tipo de embarcación hace reparaciones menores como pintura”.

Los seis sindicalistas están procesados por coacción y amenazas en una causa que se divide en dos juzgados; uno es el que dirige Juan Ignacio Ramonet y el otro es el de Cecilia Murray, que desde septiembre del año pasado les prohibió la entrada a la empresa. A su vez, en términos jurídicos Tandanor consiguió la exclusión de tutela; es decir que que la Justicia le retiró el salvoconducto que tienen los gremialistas para ejercer su labor gremial.

Mundo Gremial se contactó vía telefónica y vía mail con Tandanor y nunca ofrecieron su punto de vista.

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