Repudio a la protesta del gremio de Camioneros

En relación al bloqueo que el sindicato de Camioneros realiza en dos distribuidoras de diarios, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) denunció la «sorprendente e injustificable pasividad de las fuerzas policiales y una inexplicable inacción del Gobierno» y recordó que impedir o perturbar la circulación de las publicaciones es un delito previsto en el Código Penal.

Reclamó «a las autoridades competentes, una vez más, que eviten la reiteración de estos gravísimos ataques».

Para la entidad, haber impedido la distribución de los periódicos es «un nuevo y alarmante atentado a la libertad de prensa que se inscribe dentro de una larga lista de embates que amenazan la salud de nuestra democracia».

Según ADEPA, la acción de «un grupo de camioneros, identificado con el sindicato que lidera Pablo Moyano» que impidió la normal distribución de Clarín, La Nación, Diario Popular, Ambito Financiero, Crónica, Página 12, El Cronista y La Prensa «configura un avasallamiento de libertades esenciales consagradas en nuestra constitución y amparadas por tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos».

La entidad recordó que en los últimos dos años «se ha obstaculizado, en distintas oportunidades, la circulación de diarios y revistas» y que, en muchos casos, «hubo una conexión evidente entre los bloqueos y la publicación de información referida a dirigentes del sindicato de camioneros».

«En los últimos 50 días se aceleró esta nefasta historia de atropellos a la libertad de prensa a través de la multiplicación de obstrucciones a plantas impresoras», añadió ADEPA.

Entre los antecedentes, se encuentra que el 13 y el 20 de diciembre fue bloqueada la planta de Artes Gráficas Rioplatense (AGR), impidiendo que las revistas que allí se imprimen llegaran a 20 diarios de distintos puntos del país con los cuales circulan.

El mismo día en que se inició ese bloqueo, se impidió durante tres horas la distribución de los ejemplares de La Nación y Clarín.

El 2 de enero, el juez civil Gastón Polo Olivera prohibió la reiteración de esta metodología y notificó a la ministra de seguridad Nilda Garré, entendiendo que el eventual derecho a manifestarse no puede cercenar el derecho a informar.

También mencionó el Comunicado que el pasado 14 de enero las plantas de Clarín y La Nación fueron nuevamente obstruidas por manifestantes que imposibilitaron la distribución de diarios durantes cinco horas.

«El Gobierno, que es el encargado de evitar que la libertad de expresión sea vulnerada, no hizo nada para desmontar los bloqueos», señaló ADEPA.

La entidad agregó que «alguno de sus funcionarios alentó a los manifestantes con su presencia en el lugar de los hechos y se refirió a los bloqueos con ironías», en relación a comentarios efectuados en Twitter por el canciller Héctor Timerman.