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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Reforma Laboral parcializada con caja millonaria y cursos de peluquería para un pueblo entero

El próximo gobierno estudia reflotar el capítulo de “Capacitación continua” del proyecto de ley que contaba con el aval de la CGT aunque Cambiemos nunca lo pudo llevar a debate parlamentario.

Pablo Maradei

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Sorpréndase: los siguientes postulados no pertenecen a Suecia ni a Argentina año verde; sino que fueron esbozados hace apenas dos años: “Satisfacer el derecho a la capacitación continua de los trabajadores”, “establecer un sistema por el cual todo trabajador acceda a lo largo de su vida laboral a una cantidad de horas de aprendizaje continuo”, “crear el Documento de Identidad Ocupacional”, “Invertir para la creación de institutos de alta especialización para industrias” y “fortalecer los centros de capacitación”. Son apenas unos ejemplos del Título IV de la Reforma Laboral de Cambiemos que nunca fue tratada por el Congreso, pero que sí tenía la venia de la CGT y sus abogados, especialmente de quien tenía la birome legal en ese entonces, el hijo abogado del camionero, Huguito Moyano.

En su artículo 71, la fallida Reforma Laboral propone la creación de los Consejos Sectoriales Tripartitos de Capacitación Continua conducidos por el entonces Ministerio de Trabajo de manera conjunta con los sectores de los empleadores y trabajadores junto a un funcionario del Instituto Nacional de Formación Profesional. Estos Consejos harían, entre otros temas, de puente entre las necesidades del mercado respecto a las nuevas tendencias laborales y la consecuente formación de trabajadores. Un relojito y un desafío en un país en el que nada parece funcionar.

Todo viene a cuenta de las palabras de Alberto Fernández en la CGT y en las que exhortó a los sindicalistas a que Azopardo “sea un gran centro de capacitación”. La definición fue política pero también pragmática. Política porque ya alertó a los sindicalistas las discusiones que están en danza y que cada vez serán más aguzadas: hablamos del futuro del trabajo y las readaptaciones laborales que habrá que enfrentar. El que avisa, no traiciona. Pragmática porque o se encara el tema con la seriedad que amerita esta transición o correrán penurias económicas aún más complicadas para los trabajadores y el país.

“¿Dónde hay capacidad ociosa para dar estos entrenamientos? En los sindicatos”, se pregunta y responde un dirigente vinculado al sector de la educación y que se mueve dentro del albertismo. ¿Y la plata quién la pone? consulta Mundo Gremial: “El Estado, pero eso no quiere decir que no haya que hacer un esfuerzo”, desliza dejando abierta la puerta a posibles negociaciones.

Veamos: para cubrir la formación profesional se destinaron en el Presupuesto 2019, en la sección 23 de “Acciones de Capacitación Laboral” de la secretaría de Trabajo, 2.124.375.665 millones de pesos. El otro gran pulmotor de asistencia financiera a cursos hay que buscarlo en el Ministerio de Educación. Puntualmente en el Programa 39 del Presupuesto 2019 que lleva el nombre de “Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica” cuya unidad ejecutora es el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica): se asignaron 4.420.560.324 millones de pesos. Unificados superan los 6.500.000.000 millones de pesos. Si a la inflación de este año le sumamos el impulso que le quiere dar Alberto Fernández a la capacitación el monto de ambos presupuestos unidos podría rondar los 10.000.000.000 millones.

Por lo que reconstruyó MG la idea que se trabaja en el futuro gobierno es reflotar esta parte de la Reforma Laboral y acaso en cabeza de Gustavo Béliz, quien se encamina a ser un asesor en el sector laboral por ser un estudioso de los nuevos horizontes laborales. ¿Acaso unificar ambos presupuestos? Fue una pelea que en algún momento se discutió en el gobierno de Cambiemos: en todo caso, ¿alguien cedería semejante bolsa de presupuesto? Difícil, pero por ahí se engrosaría la partida a Trabajo en detrimento de la otra.

¿De qué hablamos cuando hablamos de formación profesional?

Un mar de diferencias separa lo que puede, o podría, darle un sindicato a sus afiliados de lo que podrían darle las organizaciones populares a sus militantes por una cuestión de recursos. Pero bien valen estos ejemplos para entender la dimensión de lo que pasa cuando no hay políticas públicas y de organizaciones intermedias para encarar un tema complejo de manera conjunta.

Un ex funcionario del ministerio de Trabajo y hoy próximo a desembarcar en un municipio detalla a MG: “Cuando llegamos nos encontramos que en un pueblo de 2500 personas daban cursos de peluquería a 250 personas”, cuenta y agrega: “Tomando que lo informado por la oficina de empleo local sea real, nadie se opone a ese curso, pero primero que no hay forma de contener a 250 peluqueros en un pueblo ni en sus inmediaciones y segundo que eso solo no forma a alguien laboralmente siempre pensando en el mediano y largo plazo y en los cambios que se vienen. Nos trataban de fachos pero lo que vemos es una realidad que avanza y no estamos a la altura porque la idea es dar cursos y formación permanente: arrancá con peluquería, seguí con electricidad y así hasta especializarte”.

Otro ejemplo: “Encontramos registros de personas que durante 11 años hicieron el curso de roperos”. Aclaración: roperos son aquellos que aprenden, en un curso de 6 meses, a acomodar y seleccionar ropa. En 2018, estos “planes laborales” que estaban bajo la órbita de Trabajo, y por los que cobran de parte del Estado tanto la organización que da el taller como la persona que lo toma, pasaron a Desarrollo Social porque el concepto del curso no estaba atado a formación laboral.

A la par, la misma fuente agrega que “hay sindicatos de vanguardia, como SMATA y la UOCRA, que te pueden dar cursos muy especializados”. A nivel conceptual cuenta de sus reuniones con sindicalistas: “Muchos de ellos no pueden abordar el tema porque no comprenden el fenómeno como para dar respuestas”.

Pregunta: ¿Acaso la voluntad de Alberto Fernández se traduzca en que los sindicatos deberían acompañar este proceso creando y posicionando especialistas en sus estructuras gremiales? En cualquier caso, el Estado asigna mucha plata para que los ciudadanos tengamos más posibilidades de progreso; aunque pareciera una meta cada vez más lejana de alcanzar. O bien que ese dinero esté mal direccionado.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La CGT: entre la desinformación y la no información

La Confederación General del Trabajo no cuenta con canales oficiales de información, algo que deja al desnudo no solo la desidia sino el desprecio por la institucionalidad.

Pablo Maradei

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En la edición del domingo 23 de mayo de “El cohete a la luna”, Horacio Verbitsky publicó su columna dominical llamada “Los 100 de Macrì”. Arrancaba así: “Hace una semana El Cohete a la Luna informó sobre el Top Ten de la fuga de capitales durante el gobierno de Maurizio Macrì. Se ve que hay demasiados temas importantes, porque nadie en la prensa comercial se dio por enterado”. Realidad más ironía.

Hace una semana Mundo Gremial publicaba: “¿La CGT no tiene página web?: La CGT no tiene página web”. En este caso la repercusión que tuvo de lecturas no se condijo con una reacción de parte de la conducción de la CGT: si uno entra a nic.ar y se dirige al buscador de dominios va a encontrar que tanto “cgt.org.ar” como “cgtra.org.ar” continúan liberados.

A saber: cualquier organismo, ONG, Fundación que tenga las mismas siglas se lo puede quedar presentando los papeles correspondientes en Cancillería. Convengamos que si uno escucha o piensa en las siglas CGT la ligazón racional y conceptual se direcciona al sindicalismo y no a otra institución.

Todo lo contrario, pero para mal, pasa en la dirección de Facebook: “CGT RA Organización”. Esa cuenta la maneja Camioneros. En la foto de portada se lo ve a Pablo Moyano como si hubiera concluido un acto para empezar a responder las preguntas de la prensa. El último posteo es del 27 de mayo y muestra una actividad del gremio bajo el Hashtag “cruzada solidaria” en la que se ve una larga cola de compatriotas esperando recibir un plato de comida. Y así podríamos seguir cada uno de los posteos que hace Camioneros en la página web de la CGT RA. Cosa de guapos.

En Twitter si uno busca CGT, lo más parecido a una cuenta oficial es “C.G.T. Oficial” básicamente porque allí está el clásico logo de la Confederación General del Trabajo argentina. El último posteo es de diciembre de 2017: avisan de un paro.

En este crisol virtual que nos da el sindicalismo tradicional quedan al desnudo, no solo la desidia sino el desprecio por la institucionalidad; una arista más del ADN argentino: no nos gusta estar a raya con las normas. Eso sí, si viajamos al extranjero nos maravillamos de ver cómo funcionan las cosas.

Cuentan las malas lenguas, aunque es algo que desde Camioneros desmintieron para esta nota, que es que cuando existían las tres centrales obreras (época que precedió al triunvirato formado en agosto de 2016 y que tenían de titulares a Caló, Moyano y Barrionuevo) la CGT de Moyano tenía activa la web de la CGTRA.ORG, pero la URL (la dirección virtual) estaba en manos de los metalúrgicos con las rencillas del caso.

También es cierto que mantener activas las redes es un arma de doble filo: si se lanza un espacio de comunicación virtual es necesario tenerlo vivo con información; y si una entidad no publica nada desde hace más de 2 años como pasa con el Twitter de la CGT lo que termina mostrando es una foto de abandono.

A contramano nos encontramos con que la mayoría de los gremios informan de sus actividades no solo en las páginas webs sino también en sus redes sociales. Las más pobretonas por lo menos informan del horario del camping junto a los teléfonos y fotos de los hoteles: recordar que el afiliado paga por eso.

El secretismo y lo inorgánico son dos herramientas históricas del sindicalismo; permiten la divergencia de criterios, definiciones según quien te las diga; pero por sobre todo permiten la maleabilidad en cualquiera de los temas. Algún distraído podría pensar que estamos hablando de democracia. Pensar que la ex SIDE, que vive del secretismo, tiene página web: no van enumerar los espías ni las operaciones que hagan pero informan de cuestiones institucionales.

Estamos en el siglo XXI y con un futuro incierto y plagado por la tecnología, con una discusión permanente que nos indaga como sociedad mundial respecto a los cambios de paradigmas laborales. A eso le sumamos la Co-Vid-19. La CGT no podría encargar informes a especialistas; coordinar acciones conjuntas con otras centrales obreras e informar. Pareciera no estar a la altura de las circunstancias.

El tema es infinito como una página web bien armada: en el Conversatorio que propone Mundo Gremial para este martes 2 de junio a las 18 horas continuaremos indagando sobre este tema de la mano del periodista Francisco Basualdo y de Pablo Pérez Paladino, politólogo y docente universitario, además de ser consultor en comunicación política y asuntos públicos.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Teletrabajo: ¿El futuro del trabajo que queremos?

Por Oscar Cuartango y Raúl Ferrara (*)

Mundo Gremial

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Uno de los grandes debates que ha instalado la pandemia de COVID19 es el de “la nueva normalidad”. Esta figura -que puede parecer una abstracción- se empieza a consolidar como una realidad inminente a partir de algunos discursos que naturalizan situaciones otrora excepcionales.

Desde una mirada positiva, la postpandemia se avizora como una oportunidad para revalorizar el rol de los Estados que intervienen con políticas públicas para modificar la realidad en contraposición con los que dejan librada al mercado el abordaje de la política social y sanitaria de la pandemia.

Sin embargo, existe también una mirada que merece un llamado de atención desde el mundo del trabajo y que no podemos soslayar. En estas últimas semanas hemos escuchado hasta el hartazgo que el “teletrabajo”, “home office” o “trabajo remoto” ha llegado para quedarse, resaltando las bondades de esta modalidad laboral como “beneficio” para los trabajadores y trabajadoras, reduciendo la importancia del trabajo presencial a un mero costo laboral adicional y, por lo tanto, ajustable. Ese relato, parte de una construcción ideológica que -aprovechando la emergencia sanitaria- vuelve a introducir solapadamente la vocación de los mismos sectores que claman por el “libre mercado” de flexibilizar las condiciones de trabajo.

Todos hemos escuchado como se destacan las virtudes de esa modalidad laboral, que justificarían su extensión masiva tanto en el sector privado como en el sector público. La primera reflexión que nos permitimos es que no puede calificarse como “teletrabajo” a las tareas que actualmente realizan desde sus hogares millones de trabajadores: no ha existido una planificación, diseño e implementación de esos puestos de trabajo para ser realizados en esas condiciones. Tampoco ha habido un acuerdo de voluntades previo: los trabajadores que hoy realizan esa modalidad de trabajo no fueran contratados bajo esas condiciones y tampoco fueron consultados sobre la aceptación de la misma. Por ello, queda claro que se trata de una implementación nacida de la necesidad urgente de adoptar una medida de emergencia frente a una situación sanitaria que puso en riesgo la vida y la salud de los 45 millones de habitantes de nuestro país.

A pesar de ello, la figura y el debate se han instalado, y pretendemos arrimar una mirada crítica sobre la modalidad, pero sin caer en una posición arcaica o anti tecnológica. Ser crítico no implica negarse en forma dogmática, sino plantear reservas fundadas sobre una extensión masiva y apresurada y sin un profundo estudio y un adecuado marco regulatorio.

La Organización Internacional del Trabajo ya en 2016 en el “Foro de diálogo mundial sobre las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de servicios de TIC y financieros” elaboró un documento que señalaba que los teletrabajadores “están expuestos a numerosos riesgos, entre otros, la pérdida de autonomía cuando los empleadores tratan de aplicar nuevas modalidades de supervisión del trabajo; una creciente sensación de aislamiento y otros problemas de orden psicosocial; la falta de protección de las condiciones de trabajo debido a que no se realizan inspecciones del trabajo; y, en el caso de las mujeres que trabajan a domicilio, el riesgo de afrontar una doble carga de trabajo al tener que compaginar su actividad profesional con las responsabilidades familiares”.

A aquellas dificultades que -4 años antes de la pandemia- planteaba la OIT, podría agregarse que la deslocalización del trabajo y el aislamiento del teletrabajador rompen el pensamiento colectivo debilitando su posición como trabajadores: en muchos casos no se conocerán entre sí y ni siquiera sabrán de la existencia de otros pares. Ello genera, además, la desaparición de horarios o jornada de trabajo, con una tendencia a extender la misma para alcanzar nuevos estándares impuestos unilateralmente; el teletrabajador podría convertirse en un trabajador a destajo e incluso incorporar a su propia familia a la realización de tele tareas para aumentar su productividad. Se agrega también la potencial falta de provisión de elementos de trabajo que implica, en los hechos, que es el trabajador quien asume costos de la explotación; la difuminación de los límites entre la vida personal y la actividad laboral y la inexistencia o desconocimiento del derecho a la desconexión, importarían, en muchos casos, que el teletrabajo sea una verdadera trampa: bajo la apariencia de “el trabajo del futuro” podría esconderse una peligrosa nueva forma de explotación laboral.

Frente a esos problemas, deben necesariamente adoptarse medidas de resguardo: un marco regulatorio adecuado, pensado estratégicamente y, preferentemente, emanado del diálogo social tripartito. Algunas de las herramientas a implementarse para evitar que el teletrabajo sea sinónimo de precarización y abusos podrían ser desde la reversibilidad de la modalidad a la alternancia con la modalidad presencial; un derecho de desconexión efectivo con medidas técnicas y organizacionales que garanticen un límite real a la jornada de trabajo y los descansos; acciones positivas para garantizar la actividad sindical como una cantidad determinada de jornadas u horas presenciales obligatorias destinadas a la interacción entre trabajadores y sus representantes; la determinación de los costes que serán solventados por el empleador por el uso de la infraestructura y servicios del domicilio del trabajador; la determinación legal de las condiciones de salud y seguridad en las que se prestarán las tareas contemplando también los costos que sean necesarios. En igual sentido, creemos que, debería ponerse especial énfasis en la atención de los riesgos psicosociales de esta modalidad, reforzando los sistemas de prevención y atención dentro del sistema general de riesgos del trabajo. Otro factor para considerar es el de implementar mecanismos que posibiliten el ejercicio del poder de policía estatal: la realización de tareas en domicilios particulares podría ser el instrumento para mantener en la clandestinidad a teletrabajadores o para asegurar que la violación del eventual marco regulatorio quede impune. Un registro público de empresas que empleen teletrabajadores y de sus teletrabajadores sumado a sistemas informáticos seguros pero que permitan a las administraciones del trabajo el acceso y monitoreo de la trazabilidad de las tareas remotas podría resultar indispensable para evitar la vulneración de derechos.

Más allá de las reservas y posibles soluciones que hemos planteado, también existen otros interrogantes relacionados con el potencial de extensión del teletrabajo en nuestro país. El reciente informe de Ramiro Albrieu para CIPPEC concluye que “el porcentaje de trabajos que tiene el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27% y un 29% de los trabajos totales, ratio que se reduce sensiblemente si corregimos la estimación por el uso efectivo de TIC en los hogares, llegando a una estimación de piso de 18% en el caso de uso de computadoras”.

Es decir, con el actual estado de situación menos de 1 de cada 5 trabajos podría -potencialmente- realizarse en forma remota. Ello pone en evidencia que, además de los problemas regulatorios, nuestro país debería, para incorporar al teletrabajo como modalidad laboral masiva, resolver el retraso tecnológico del entramado productivo, efectuar una reingeniería de procesos pensando al teletrabajo como un eslabón más del mismo y resolver las necesidades de conectividad hogareña y de mejora en las aptitudes de los potenciales teletrabajadores.

Creemos entonces que, ante este cuadro de situación, una mirada prudente es indispensable para evitar que, en la “nueva normalidad”, el teletrabajo sea la excusa para convencernos que, deslocalizando el trabajo, atomizando y ocultando en sus domicilios a trabajadores y trabajadoras, trasladando costos y sobrecargando la jornada de trabajo vamos caminando hacia el futuro cuando en realidad podríamos estar entregando mansamente conquistas de más de 100 años de luchas obreras.

El desafío es enorme y, por ello no debemos caer en el facilismo de creer que el primer día de la postpandemia nos encontrará a todos teletrabajando ni en el obstruccionismo de prohibirlo.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

¿La CGT no tiene página web?: La CGT no tiene página web

Año 2020. Una institución del peso en la economía y las características de la CGT no tiene “espacio de referencia” en el mundo virtual. Un problema de fondo que la pandemia expone.

Juan Manuel Morena

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Discutamos el teletrabajo, la nueva revolución industrial, rompamos los nuevos paradigmas de la educación con las nuevas herramientas, con una institución que no tiene ni página web ni redes sociales.

Hoy los presidentes y líderes mundiales comunican medidas por Twitter o en un video de Instagram. Y de eso podemos hablar toda la nota, o escribir varios artículos con especialistas.

Pero que en el año 2020 una institución del peso en la economía y las características de la CGT, no tenga su página web, habla a las claras de un problema de fondo. Y este contexto de pandemia, lo expone.

No estamos hablando de un canal de comunicación. Estamos hablando de un espacio de referencia, donde se encuentran las acciones, estudios, posiciones y muchos elementos centrales para la vida de las instituciones en este siglo.

En el aspecto comunicacional, la CGT queda a la merced del funcionamiento inorgánico. Pero cuando se quejan del maltrato en algunos medios, tienen que recordar la buena imagen empieza por casa. Si los canales, redes y distintas herramientas comunicacionales de la central fuesen oficiales, podrían ellos tener mejor tratamiento.

Que la CGT comunique bien tiene que ser una responsabilidad social. Cuando este tema en alguna oportunidad lo debatí en Twitter, los defensores del estado actual me decían que ellos se enteran por sus sindicatos de base de lo que comunica la central. Lo que ellos no entienden, y lo que la conducción debe contemplar, es que la CGT representa al universo de los trabajadores, no solo a los sindicatos y a sus afiliados. Y eso lo tiene que hacer valer.

Cuando uno googlea CGT sale en primera posición la página web de la secretaría que coordina Gerardo Martínez (Internacional) y después aparece Wikipedia, el Consejo Económico y Social, Facebook (una página extraña que le da 1,7 de valoración sobre 5 puntos), la Izquierda Diario, diario La Nación y, por último, Infobae. Esto es en la primera página de resultados de búsqueda, la que los especialistas en posicionamiento SEO marcan como la importante.

Si regalás el espacio y no lo ocupás en el motor de búsqueda, no te quejes de lo que pasa en los medios. Porque en ese espacio aparece lo que vos querés comunicar.

Y cuando se pregunta porque sucede esto en la CGT, la respuesta es: “la página web no figura en el estatuto, entonces nadie se quiere hacer responsable”. Traducción: nadie tiene la responsabilidad y el que quiere hacerlo tiene que asumir el costo de financiamiento y la responsabilidad del funcionamiento. Por lógica, entendiendo la antigüedad del propio estatuto, la secretaría de prensa debería ser la responsable. Pero en los pasillos dicen que Jorge Sola no es afecto a trabajar.

Cuando uno observa lo que Martínez hace en su sindicato (UOCRA) y en la secretaría de Relaciones Internacionales en materia de comunicación, o el aparato de prensa y cultural que tiene desarrollado Víctor Santa María (SUTERH), se da cuenta que capacidad para poder desarrollarlo sobra.

Hay un principio griego en filosofía que dice quien no puede lo menos, no puede lo más. Podríamos decir en este caso quien no quiere lo menos, no quiere lo más. Como puede la CGT en este contexto discutir temas de teletrabajo y plataformas si no puede desarrollar su espacio virtual. Si no habilita canales de consulta para trabajadores en contextos aislados. En esencial que la central de trabajadores más poderosa de Latinoamérica se fortalezca en estos temas.

Una página web no resuelve nada en sí mismo. Pero mejorar estos canales puede ayudar mucho a mejorar la imagen (Responsabilidad social sindical, RSS), conectar a muchos trabajadores, mejorar la información a periodistas no especializados. A transparentar cuestiones que exceden a los gremios confederados, como las resoluciones del comité arbitral, órgano que resuelve cuestiones fundamentales de agremiación.

Hay que fortalecer las instituciones y hay que hacerlas más poderosas, una CGT que comunique mejor, va a ser más poderosa.

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