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Potenciar Trabajo, congelado: cuánto cobrarán los beneficiarios tras las medidas económicas

Los montos del programa quedarán como estaban en el presupuesto de este año. El próximo pago será en enero.

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El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que congelará las cifras que otorga el programa Potenciar Trabajo, lo que impactará en los haberes que se cobren en febrero del año que viene. Además, el plan dejará de estar bajo la responsabilidad del anterior Ministerio de Desarrollo Social, actualmente de Capital Humano.

Según los anuncios realizados ayer, la actual gestión mantendrá el Potenciar Trabajo “de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023”. “Vamos sobre todo a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar”, confirmó Caputo.

Por lo pronto, a partir del próximo 5 de enero se podrán cobrar los haberes de diciembre que serán los últimos que registren un aumento, ya que lo había acordado el gobierno de Alberto Fernández. De este modo, en el comienzo del 2024, los beneficiarios percibirán $78.000 y un bono de $10.000, el último de los dos que les había otorgado la administración anterior.

Recordemos que la prestación es equivalente al 50% del SMVM, que es de $156.000 tras haber absorbido la segunda actualización del 12% pautada por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y que está “destinado a personas físicas que se encuentren en situación de enorme vulnerabilidad económica, con la finalidad de promover su inclusión social y el mejoramiento progresivo de sus ingresos”.

Además, Potenciar Trabajo pasará a depender de Trabajo (antes estaba en Desarrollo Social) y que la administración estará a cargo de Luis Palomino, subsecretario de Empleo y Formación Profesional, que deberá administrar 1.200.000 planes. En tanto, las inscripciones para acceder al plan ya no están disponibles.

 

Cabe destacar que para ingresar había estar en riesgo o estado de vulnerabilidad social o desempeñarse en alguna actividad de la economía popular; ser mayor de 18 y menor de 65 años; ser argentino o extranjero con residencia permanente; residir legalmente en el país y participar, como mínimo, de alguna de las tres líneas de actividades previstas: proyectos socio-productivos, terminalidad educativa y/o proyectos sociolaborales o socio-comunitarios.

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