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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Municipales apuran a Genta y piden paritarias y un bono de 15.000 pesos

Tras denunciar la “tibieza” del oficialismo, Carlos Elías y Ricardo Gilli, de la Agrupación Celeste del SUTECBA, exigieron la reapertura de paritarias y un plus salarial extraordinario.

Mundo Gremial

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Los municipales porteños reclaman al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la “urgente” aplicación de la cláusula de revisión y el pago de un bono de 15.000 pesos.

El pedido es impulsado por los integrantes de la Agrupación Celeste del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).

Se trata del agrupamiento opositor a la gestión del actual secretario general del SUTECBA, Amadeo Genta, fuertemente criticado por un amplio sector de afiliados por la “tibieza” en la defensa del salario municipal.

En diálogo con Mundo Gremial, los referentes de la Agrupación Celeste, Carlos Elías y Ricardo Gilli, manifestaron su descontento con la conducción de Genta y explicaron las problemáticas de los trabajadores.

¿Cuáles son los principales problemas que denuncian los municipales?
-Elías: “Desde hace varios años venimos visibilizando los reclamos y diversas problemáticas de las diferentes reparticiones del sector. Nosotros somos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que exigimos nada más y nada menos que mejoras económicas postergadas por el Ejecutivo de la Ciudad producto de las continuas y sistemáticas “paritarias a la baja” acordadas por nuestro sindicato y los dirigentes gremiales paritaristas, señores Genaro Trovato y Enrique Pistoletti, quienes a nuestro entender, negocian con mucha tibieza ante el Ejecutivo y los funcionarios designados por Horacio Rodríguez Larreta en tal sentido”.

¿En qué puntos entienden que el gremio debería actuar con más firmeza?
-Elías: “Nosotros estamos reclamando la urgente aplicación de la cláusula de revisión (gatillo), un aumento remunerativo, y además un bono extraordinario de fin de año de 15.000 pesos, que amortigüe de alguna manera las pérdidas reales del poder adquisitivo de todos los trabajadores municipales, que sufrimos las consecuencias de no ver mejorada nuestra calidad de vida y la de nuestras familias, y donde muchos compañeros y compañeras se ven obligados a endeudarse en préstamos o créditos a tasas insostenibles en el tiempo para poder subsistir y no caer bajo la línea de pobreza”.

Es una realidad insostenible en el tiempo…
-Gilli: “La situación que nos relatan muchos compañeros es muy grave y es por eso que en nombre de los muchos trabajadores que visitamos día a día, a quienes deseamos proteger y por eso debemos preservar sus identidades, para que no sean sometidos a persecuciones, acosos y hostigamientos laborales, por eso, es que nos hacemos cargo de plantearlo nosotros”.

¿Cómo impactó en los trabajadores el triunfo del oficialismo en la Ciudad?
-Elías: “Que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio haya ganado las elecciones, no significa que los trabajadores resignemos derechos, es por eso que seguiremos luchando por nuevas reivindicaciones desde nuestro espacio y en ese sentido”.

-Gilli: “A las autoridades gremiales les pedimos más sentido común y mayor responsabilidad y compromiso y que estén más cerca de la realidad que vivimos y entiendan que la plata no alcanza, y cada vez más nos cuesta llegar a fin de mes”.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Se endurece el conflicto entre IOMA y la Agremiación Médica Platense

La denuncia del organismo estatal hacia la entidad médica por la presunta defraudación de 8 millones de pesos desató una batalla que se acrecienta día a día.

Mundo Gremial

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El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) presentó el pasado 22 de junio en la Justicia de la ciudad de La Plata una denuncia contra la Agremiación Médica Platense (AMP) por una presunta defraudación de nada menos que 8 millones de pesos en el mes de marzo. Este hecho desencadenó un cruce de acusaciones entre ambas entidades y el conflicto ya ha alcanzado un alto nivel de relevancia afectando a cientos de afiliados.

La acusación involucra a 12 profesionales que habrían ejecutado facturaciones por prestaciones no realizadas y falsificado firmas de distintos afiliados. Desde la entidad estatal responsabilizan al AMP por “no llevar adelante los mecanismos de contralor oportunos y necesarios para la presentación de la facturación mensual de sus agremiados”.

La obra social de los trabajadores estatales bonaerenses, administrada por Homero Giles, también advirtió facturaciones con prácticas que suponían “mayor complejidad de lo necesario”, con lo cual intuyen que se trata de una estrategia para “inflar” los costos económicos profesionales.

No bien esta noticia adquirió relevancia pública, desde la entidad que preside Jorge Varallo, salieron a denunciar “una maniobra extorsiva por parte de IOMA”  con el aparente objetivo de que comiencen a “desaparecer” las organizaciones que defienden y protegen el trabajo de los médicos.

Aquí aparece un segundo foco conflictivo, donde la entidad médica rechaza la denuncia penal excusándose en que según lo establece la cláusula 13 del convenio entre las partes, en caso de “dos o más denuncias por cobro indebido contra un mismo prestador”, IOMA iniciaría el sumario abreviado pertinente, abriendo así el paso a la posibilidad de una respuesta observatoria por parte del demandado.

Al respecto, el jefe de Gabinete de IOMA, Mariano Cardelli, respondió  a través de Infocielo que “hacer un sumario es una obligación contractual. Si detectamos un presunto delito hoy, en la justicia penal lo tengo que denunciar. Las obligaciones de un funcionario no ceden porque en un contrato se diga que hay que iniciar un sumario. Por supuesto se inicia, pero si tomo conocimiento de una irregularidad cómo va a renunciar el instituto a hacer una denuncia penal”.

Asimismo, las fuentes encargadas del expediente aclararon que el convenio firmado entre la agremiación y la obra social le otorga la facultad a la primera entidad de recibir el 1% de los gastos administrativos generados a partir de la contraprestación, y si a esto se le suma el porcentaje retenido a los agremiados de la AMP se  estaría percibiendo poco más del 7% de la facturación mensual de la obra social.

En paralelo, desde la AMP  llevaron adelante una “caravana” con “bocinazos” en el centro de la capital bonaerense bajo el lema de “maniobra extorsiva” y denunciando a la entidad estatal por intentar eliminar la libre elección de profesionales. Desde IOMA, en tanto, aclararon que esa acusación es falsa y garantizaron la continuidad de la libre elección de profesionales.

Asimismo, el pasado viernes 3 de marzo las autoridades de ambas entidades mantuvieron una reunión en la que dejaron en claro que “no hay ninguna posibilidad de que el instituto modifique el modelo actual de prestación respetando la libre elección de médicos por parte de los afiliados”. Desde la organización médica le solicitaron a IOMA la reincorporación de los 12 médicos denunciados mientras se desarrolle el proceso investigativo.

Como si esto fuera poco, desde la agremiación iniciaron este martes una medida de fuerza por 48 horas cortando la prestación de servicios a los afiliados a la obra social, en repudio a la falta de pagos de las prestaciones de abril y meses anteriores.

“Ante la falta de pago por parte del IOMA de los honorarios correspondientes a las prestaciones de abril y meses anteriores, y demás cumplimientos como la demora sistemática del pago, la falta de aplicación de aumentos de honorarios (llevando 9 meses sin actualización de los mismos), débitos injustificados, falta de implementación del nuevo nomenclador y la depreciación del diferenciado por categorías, entre otros, se decide el corte de los servicios al IOMA durante 48 horas”, comunicaron.

Por otra parte, las voces de los gremios y organizaciones sindicales no se hicieron esperar y presentaron rápidamente su apoyo a la decisión de IOMA de “auditar y denunciar” el presunto delito de defraudación al considerar que estas prácticas “vulneran los derechos de los afiliados”.

En consecuencia, el Consejo Consultivo Gremial, conformado por decenas de organizaciones (entre las que se encuentran APOC, SUTEBA, UDOCBA, UPCN, ATE, FESIMUBO, CICOP, entre otras) sostuvo que “los trabajadores no vamos a legitimar la estafa y la destrucción del IOMA y apoyamos las denuncias impulsadas para que se investigue el destino de nuestros aportes” y agregaron que la elección del médico por parte del usuario “ni siquiera está en consideración, sólo se trata de una maniobra de distracción para eludir responsabilidades”.

“Es la obligación del IOMA presentar la denuncia ante la justicia cuando se detectan defraudaciones. Ya que administra los fondos de los afiliados y afiliadas”, detallaron desde el Consejo.

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Despidos en cuarentena: medidas cautelares y reincorporaciones

Por Dr. Gabriel Izaguirre (*)

Mundo Gremial

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En el contexto de la emergencia pública en materia económica, social y sanitaria, y con el objetivo de continuar implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en nuestro país y el incremento en el número de casos confirmados en los últimos días, resultó muy acertada la decisión del Gobierno de prorrogar la prohibición de efectuar despidos y suspensiones sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 329/20 (Decreto 487/2020 – BO, 19/05/2020).

Frente a la incertidumbre generada por la llegada y propagación del coronavirus al país, esta prohibición de despidos y suspensiones se presenta como una alternativa válida para proteger a los más vulnerables en el binomio empleador-trabajador.

La operatividad del decreto 329/2020, como su continuador el DNU 487/2020, es incuestionable y constituye el principal mecanismo de protección de los trabajadores y trabajadoras del sector privado. La gran excepción a las prohibiciones del decreto 329/2020, que contribuye a alivianar la carga de los empleadores y tiende a garantizar el sostenimiento de la fuente laboral y un ingreso a los trabajadores que no pueden prestar servicios a causa del ASPO, es el art. 223 bis LCT, de suspensiones concertadas, tema al que me remito en honor a la brevedad a mi columna de opinión de fecha 23 de mayo de 2020.

Esta situación de pandemia es nueva y desconocida para el derecho del trabajo y siendo indiscutible que para muchas empresas la pandemia pueda ser una situación de ‘fuerza mayor’, porque obviamente esto nos atañe a todos, no menos indiscutible es que los jueces deben ser muy rigurosos al momento de ponderar los despidos en estas circunstancias, ya que el espíritu del Derecho del Trabajo se rige por principios que garantizan la indemnidad del trabajador frente a la diferencia de poder que posee en relación a su empleador, máxime cuando el gobierno previó y lanzó herramientas para ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios.

Sin perjuicio de lo expuesto, siendo la norma más que clara respecto a que los despidos no producirán efecto jurídico alguno, manteniéndose vigente las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales (art.4), observamos a diario, lamentablemente, el incumplimiento por parte del empleador que provoca despidos de trabajadores, invocando diferentes causales como ser fuerza mayor, despido arbitrario en período de prueba, despido de hecho o negativa de tareas, etc.

Reiterando que los mismos resultan ser nulos y por ende no producen los efectos pretendidos por el empleador, no extingue ni suspende la relación de trabajo, en la práctica el afectado por un despido sin justa causa tiene derecho a controvertirlo, solicitando la reincorporación a su puesto de trabajo, además del derecho al pago de salarios que haya dejado de percibir a consecuencia del acto ilícito, esto es, entre la materialización del cese antijurídico y la efectiva reincorporación.

En estos casos, procesalmente el trabajador despedido tiene la opción de utilizar la vía rápida y viable del amparo del art. 43 CN para su reincorporación, en la medida en que la urgencia es autoevidente -surge de la normativa misma que lo funda- y la arbitrariedad e ilegalidad resulta “manifiesta”, además de la protección judicial prevista en el art. 25.1, Ley 23054 (PSJCR) “…toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención…”, cumpliéndose los recaudos básicos a saber: la verosimilitud del derecho con la documental que se adosará (constitución de la relación laboral y su extinción vigente el decreto 487/2020) y el peligro en la demora consistente en la supresión lisa y llana de los medios económicos básicos que el trabajador podría apropiarse para satisfacer sus necesidades alimentarias mientras dura el proceso.

En esta idea, la Justicia del Trabajo viene haciendo lugar a las medidas cautelares presentadas, ordenando la restitución de los trabajadores a sus puestos de trabajo, ello bajo apercibimiento de aplicación de sanciones conminatorios monetarias por cada día de demora en el cumplimiento de la orden judicial, toda vez que el bien jurídico a proteger es la preservación y conservación del empleo, asegurándoles a los trabajadores y las trabajadoras el goce íntegro de su remuneración y la cobertura de obra social, fundamental ante esta catástrofe mundial.

Por último, cuadra aclarar, que la medida cautelar no entra a juzgar sobre el fondo del asunto; una vez reinstalada el trabajador/a en su puesto, el empleador cuenta con todos los recursos procesales para revisar la orden judicial.

(*) Columnista de Mundo Gremial. Abogado.

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España y el Covid-19: la fuerte presencia del Estado evitó despidos masivos

En charla con Mundo Gremial, Cristina Faciaben Lacorte, referente sindical de la principal Confederación obrera española, resaltó el apoyo estatal y el diálogo social tripartito.

Pablo Maradei

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Cristina Faciaben Lacorte - CCOO España

Es tan cierto que el comportamiento del mercado laboral español es tan diferente al argentino como que el CoVid 19 afectó a ambos países por igual en cuanto a toxicidad; no así en cómo cada uno enfrentó la pandemia si de cuarentenas y cantidad de fallecidos hablamos.

Repasemos: en España el confinamiento arrancó el 14 de marzo y tuvo cinco prórrogas de dos semanas cada una. La evolución recorrió un camino de un aislamiento laxo los primeros 15 días ni bien se lanzó para luego restringir muy fuerte la circulación de gente para llegar a hoy, en plena época estival, a tener las playas habilitadas, pero con protocolo. En cuanto al turismo, principal fuente de ingresos, está golpeadísimo porque recién esta semana la Unión Europea habilitó dicha actividad, pero solo para el ingreso de 15 países de todos los continentes. Quedaron afuera los que más aportan divisas como EE.UU., Brasil y Rusia.

Ahora algunos datos oficiales del mercado laboral español que arrojó el 1° trimestre de 2020, previo a la pandemia (la población total ronda los 50 millones):

– Población Ocupada: 19.681.000
– Sector Público: 3.248.000 (16,5%)
– Sector Privado: 16.433.000 (83,5%)
– Población Desocupada: 3.313.000
– Tasa de Trabajadores temporales 21%

Mundo Gremial quiso saber ¿cómo fue atravesar la pandemia y cómo fue encarar la pospandemia en España? Pero la extensa charla abrió un intercambio en el que se abordaron las características laborales de España, que difieren ampliamente de las argentinas. Y acaso nos haga reflexionar sobre lo que se ha conseguido en materia laboral en nuestro país para cada uno sacar sus propias conclusiones.

Entrevistamos a Cristina Faciaben Lacorte, que forma parte de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). Dato: desde 1990 es la central obrera con mayor representatividad de trabajadores contando con un millón de representados. Faciaben Lacorte es catalana y ejerce la titularidad de la Secretaría Internacional y de Cooperación y su afiliación es viene por el sector industrial, puntualmente de la rama del metal.

Cristina Faciaben Lacorte – CCOO España

-¿Cómo se encararon los procesos de cuarentena?

Acá hemos tenido como todo el mundo esa dicotomía entre salud y economía, éramos todos muy conscientes de que o cerrábamos o la pandemia se nos iba de las manos y yo creo que es lo que se ha hecho en Argentina con el confinamiento. Es ejemplar lo que ha ocurrido en España en cuanto al diálogo social y tripartito entre empresarios, sindicatos y gobiernos para llegar a acuerdos; aunque al principio hubo reticencias del sector empresario respecto a lo que podría llegar a pasar.

-Este jueves, España dio a conocer las cifras de la Encuesta de Población Activa: ¿qué resultados arrojaron los números?

-Se vio que a pesar de haberse destruido empleo también se han evitado los despidos gracias a los Expedientes de Regulación Temporal, que alcanzaron a 3,5 millones de personas (18% de la Población Ocupada). Esta ayuda excepcional se dio por el CoVid y por el cual las empresas mandaron a sus trabajadores a la casa, pero siguieron percibiendo, por parte del Estado, un 70% del salario.

-¿De esos 3,5 millones se sabe cuántos se quedaron sin trabajo definitivamente?

-Es difícil y prematuro saber ese número. Pero el mercado de trabajo español se regula a través de los despidos. Somos líderes en Europa en dar trabajo temporal, que actualmente ronda un 26%, por lo que deshacerse de trabajadores es muy sencillo. Y la situación es más grave aún: lo que han generado las últimas reformas laborales, principalmente la última de 2012, es que no se exige causalidad para despedir.

-Pero, ¿no se indemniza al personal?

Lo que se impuso es una indemnización de 8 días por año trabajo, eso es lo mismo que nada. El problema no solo es la temporalidad sino la durabilidad de los contratos: la contratación puede ser por día o por semana y hay trabajadores que llegan a tener 10 recontrataciones en un mes lo que da una inestabilidad y precarización total. Eso puede dar un pago de indemnización de apenas 3 euros. Nosotros llevamos huelgas generales y llamando a que se derogue esta ley que impulsó el PP (Partido Popular).

-¿Esta precariedad se da un tipo de trabajo o atraviesa a toda la masa laboral?

Todos empezamos con contratos temporales en nuestra juventud pero esto se fue alterando con el tiempo y hoy hay personas de 40 años que jamás han tenido en su vida un contrato de trabajo indefinido. Es dramático lo que vivimos; y te digo que incluye a cualquier nivel de formación.

-Retomo lo que me mencionaste de la Reforma Laboral de 2012: siempre que se negocia reformar es para generar más trabajo. ¿Fue así en España?

-Las reformas no han generado empleo. Y con un agravante: La mayoría de nuestras empresas son pequeñas y la competitividad del empresario se basa en reducir costes salariales y de producción; no es por la vía de la diferenciación o calidad. Las reformas laborales le han facilitado a los empresarios poder disponer de la fuerza de trabajo al valor más bajo posible. Y esto es viable porque nuestro pleno empleo implica un 8% de desempleo de base, por lo que siempre hay un ejército de desempleados dispuestos a trabajar.

¿Con este panorama que me contás en qué se pusieron de acuerdo en el diálogo tripartito?

Lo principal fue lo de los expedientes de regulación que ha evitado los despidos masivos que serán mantenidos hasta septiembre siempre y cuando no vuelva un rebrote masivo. Otro elemento fue el tema de otorgar liquidez para empresas (créditos), fijar moratorias para el pago de alquileres y de hipotecas; subsidios para autónomos que no pudieron seguir trabajando y otro para empleadas domésticas. Y lo que fue la estrella fue la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que es una ayuda que va de los 462 a los 1.000 euros dependiendo de los miembros de la unidad familiar para todos aquellos que no tengan ingresos.

-¿A cuánta gente alcanzó?

-No se sabe a ciencia cierta porque entró en vigencia en junio pero se estima que alcanzó a 3 millones de personas (NdR: en una familia lo cobra uno de sus miembros, pero alcanza a todo el grupo familiar) y esto seguirá más allá del CoVid siempre y cuando ese grupo familiar no tenga ingresos. Pero también se ha contemplado que si esa persona consiguiera un trabajo precario se mantendrá el IMV.

-¿Cómo queda el Teletrabajo en la pospandemia?

-Hay mucha gente teletrabajando porque lo que se quiere es evitar el transporte público y aglomeraciones en las empresa y el ministerio está trabajando en una ley y nosotros contamos con un proyecto. Pero hay resistencia empresarial que ya han salido a decir que con ‘teletrabajo podemos contratar a portugueses’ para infundir miedo porque el salario medio portugués es más bajo que el nuestro. Lo que está claro es que las empresas van a poder reducir costos, pero les va a generar otras erogaciones como son el consumo eléctrico, el equipo informático entre otras cosas.

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