La CGT presentó el documento que expresa los 10 puntos fundamentales que elaboró la central para el desarrollo nacional. El documento será entregado a los candidatos presidenciales, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).
El documento promovido por el triunviro de conducción de la CGT integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, expresa que desde la central consideran que “el trabajo es el ordenador social por excelencia, piedra fundamental de la recuperación que nuestro país urgentemente necesita”, comienza el texto.
Seguidamente, el comunicado hace énfasis en que, el “desarrollo, producción y trabajo son los ejes del nuevo contrato social para alcanzar la Patria justa, libre y soberana que soñamos”, subraya la CGT.
Además, remarca que “el momento que está atravesando el país exige certidumbre y conocer de antemano las hojas de ruta que tienen los candidatos a Presidente de la República en lo referente a derechos laborales, desarrollo productivo y protección del trabajo”, indica.
El texto invita a los candidatos presidenciales a manifestarse sobre las problemáticas que, “representan la base para la construcción de una comunidad organizada con sentido humanista que persiga el bien común y el interés general, tal como lo indica nuestra Constitución Nacional”.
Finalmente, la CGT intima a los candidatos a comprometerse y “bregar por los principios laborales, sociales y económicos por medio de políticas de Estado que garanticen mejores condiciones de vida para toda persona trabajadores y su familia”. Inmediatamente concluye haciendo un llamado a la unidad nacional, “donde la producción y el trabajo constituyan la base del desarrollo argentino”.
Los 15 puntos de la CGT:
1) Mantener la vigencia del derecho al trabajo expresado en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
2) Defender los Derechos Colectivos e individuales que garantizan la protección del trabajo y aseguran, a través de los Convenios Colectivos, las paritarias libres.
3) La progresividad de los derechos laborales y sociales, “para una sociedad más justa con ampliación de derechos”.
4) Continuar con las convocatorias al Consejo del Salario Mínimo, vital y móvil.
5) Dar garantías de la implementación y funcionamiento del Consejo Económico y Social.
6) Determinar a los fueros de la Justicia del Trabajo, como único órgano jurisdiccional para entender en los temas laborales.
7) Compromiso por la implementación de un proceso de crecimiento del trabajo registrado, “y digno”, con salarios justos y garantizando el derecho de acceso a la salud, la educación y el esparcimiento.
8) Lograr el pleno funcionamiento, con el adecuado financiamiento, de los sistemas de seguridad social contributivos.
9) La promoción de empleabilidad, mediante las capacitación, y la formación técnico-profesional.
10) La implementación del Convenio número 190 y las Recomendaciones 206 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con el objetivo de asegurar la contratación equitativa de género y diversidades y garantizando igual remuneración por igual tarea.
11) La participación gremial en las políticas de vivienda, para asegurar que las necesidades y el acceso de los trabajadores y sus familias sean tomadas en cuenta en la planificación de los programas.
12) La protección “de toda persona trabajadora y su familia durante su período activo por medio del sistema previsional y de seguridad social”, para garantizar jubilaciones ajustables automáticamente con los promedios de salario establecidos por las convenciones colectivas de actividades referenciales.
13) Disminuir la jornada laboral, acordándolo por medio de los convenios colectivos y por actividades.
14) Garantizar la Educación Pública, obligatoria y gratuita, según lo establece la Constitución Nacional, sostenida por el Estado Nacional y los estados provinciales.
15) La inversión en la obra pública para el impulso de políticas energéticas, viales, educativas y de salud y como generadora de empleo genuino, directo o indirecto. También la participación del Estado en las empresas de Servicios Públicos como el transporte, la energía, el agua y la salud.
