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Fallos laborales

Llega a la Corte el caso del trabajador despedido por decirle «miau» a Macri

Fue echado de una subcontratista de General Motors sin recibir indemnización, bajo el argumento de “pérdida de confianza”.

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Ariel Horton es diseñador gráfico y en julio de 2017 fue despedido de la empresa Interpublic por decirle «miau» al presidente de Mauricio Macri durante un evento en La Rural.

El joven fue echado de la empresa subcontratista de General Motors sin recibir indemnización, bajo el argumento de “pérdida de confianza”.

Hace días, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que el trabajador incurrió en una burla de la investidura presidencial.

El fallo será apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el máximo tribunal se expedirá sobre la situación.

“No lo quería agredir pero tampoco iba a estar tranquilo conmigo mismo si dejaba que caminara, como si nada pasara, el responsable de un Gobierno negacionista que habló del ‘curro de los Derechos Humanos’”, explicó Horton en una entrevista realizada por Romina Calderaro para Página/12.

El trabajador, hijo de Miguel Ángel Horton, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico militar, sostuvo que, en caso que la Corte rechace su pedido, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Después del paso del presidente por el stand de General Motors en el Salón del Automóvil (el último realizado hasta la fecha, tras la suspensión, por la crisis del sector automotriz, del que se debía haber realizado en 2019), donde Horton se encontraba desempeñando funciones profesionales para la empresa donde trabajaba, los jefes lo invitaron a retirarse del lugar y a los pocos minutos lo llamaron por teléfono para increparlo y pedirle la renuncia.

Ante su negativa, fue echado sin pagarle la indemnización correspondiente.

“Estaba movilizado por tener que cruzarme con un tipo que discutía el número de desaparecidos, que hablaba del curro de los Derechos Humanos. Recordemos también que Elisa Carrió, miembro del gobierno, pedía prisión domiciliaria para los pobres viejitos genocidas. Era un combo. Y yo hacía relativamente poco tiempo había recibido el legajo “reparado” del laburo de mi viejo, que era ferroviario. En el legajo de su empresa hasta ese momento figuraba “abandono del puesto de trabajo” y en realidad lo secuestraron y hoy sigue desaparecido”, detalló Horton.

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