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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Las aplicaciones desafían la relación médico – paciente

Preocupados por la desregulación, diputados proponen crear una comisión de control para las aplicaciones existentes y las que puedan sumarse. La economía de las plataformas emplea a 160.000 trabajadores.

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Esta semana varios diputados de extracción sindical presentaron, como miembros de la comisión de Legislación laboral, una nota en la que le plantean al presidente de la misma, el legislador Sergio Ziliotto, crear una comisión bicameral de «Futuro del Trabajo» basándose en los cambios que sufrieron los procesos productivos a raíz de los avances tecnológicos como la automatización, la robótica y la inteligencia artificial.

En el escrito, del que firmaron entre otros Walter Correa, Jorge Taboada, Hugo Yasky, Vanesa Siley y Facundo Moyano, refieren a “RAPPI, GLOVO, PEDIDOSYA o UBER, que operan en nuestro país como simples intermediarias, desconociendo la legislación laboral local y dejando en total desprotección a quienes trabajan bajo esos formatos”.

Dato: según una investigación del CIPPEC, BID Lab y la OIT, el 1% de la población activa de nuestro país trabaja en plataformas digitales; es decir 160.000 personas. El informe al que accedió Mundo Gremial detalla que “esa cifra engloba realidades muy diferentes de productos y servicios, que van desde la persona que transporta pasajeros en su vehículo hasta quien diseña piezas gráficas en su hogar o la persona que pone en alquiler temporario una habitación en su departamento”.

Este tema de las “economías de plataformas” disparó el alerta en el sector de la salud ya que la telemedicina, mediante la cual un doctor “revisa” a un paciente a través del celular sin método presencial puede generar graves perjuicios tanto al enfermo como al profesional.

En los términos y condiciones de distintas plataformas se señala que “los médicos que brindan esta asistencia telefónica son profesionales independientes y directamente responsables del servicio que brindan. Asimismo, se establece que las instituciones sanitarias no ofrecen garantía al paciente de la atención, consejo o indicación médica que reciban ni de las consecuencias que esto genere”.

Otro ejemplo. En el punto 2.2 de la aplicación “Llamando al doctor” puntualizan los «Alcances de cobertura». Detalla sobre lo que se puede consultar y divide en cuestiones complejas, sobre las que indica no usar este servicio; y otras rutinarias sobre las que sí.

Ahora bien, uno puede consultar sobre algo que puede entender es una pavada y ser en verdad algo grave… consultó MG a la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP). Respondieron con una simulación: Paciente consulta: «Hola doctor, lo llamo para mostrarle este granito; no sé si lo alcanza a ver bien; o acomodo mejor el teléfono…; Telemédico: «No se preocupe es un lunar». ¿¡Y si es un melanoma!?, se preguntan desde la AMAP.

Como institución médico-sindical, desde la AMAP hacen saber que “tanto como se defienden los derechos laborales de los médicos también amparamos el derecho a la salud de los pacientes. Estas nuevas formas de atención médica atentan contra ambos y debilitan la relación que los une”.

El Dr. Héctor Garín, secretario general de la AMAP, sostiene: “Es muy importante aclarar que se pueden delegar funciones o autoridad, pero nunca se pueden delegar las responsabilidades, por lo que el dueño de una clínica puede encomendar a los profesionales que contrata una determinada tarea pero no puede transferirles la responsabilidad que le compete”. Considera que “esta situación ha sido catalogada como grave y de riesgo para las personas, por lo que desde la Asociación reclamamos la intervención de las autoridades para regularizar y controlar este tipo de prestaciones”.

Propio del Gobierno que libera la acción y la regulación de los privados al mercado se remitieron a responder, desde el ministerio de Salud, a la consulta de MG: “Si hay una institución que lo avala o alguien que lo avala atrás está bien respondiendo a las consultas de alguien”.

Finalmente el argentino Rubén Rucci, secretario general de la Confemel (Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe), fijó posición a MG: “Estamos en contra de ese método porque la relación médico-paciente es indivisible. A veces es difícil hacer un diagnóstico de manera presencial, imaginá a través de un celular”. Agrega: “Esto no beneficia en nada a la salud; solo se piensa para abaratar costos, pero si se diagnostica mal los costos pueden ser mucho mayores”.

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