La Rioja: ex trabajadores de la curtiembre Yoma reclaman indemnizaciones

Alrededor de 1.500 obreros y ex empleados de la Curtiembre de Nonogasta realizaron piquetes para reclamar a la justicia les pague indemnizaciones por la quiebra de la empresa, unos 3.000 pesos en promedio para cada uno, y denunciaron que abogados y contadores ya cobraron decenas de miles de pesos con «carácter alimentario». Los operarios y ex operarios de la Curtiembre de Nonogasta, que fue de la familia Yoma y ahora está en manos del grupo Curtume CBR de Brasil, desde hace diez días mantienen su reclamo con cortes periódicos de rutas en el acceso a Chilecito.

Los trabajadores piden que la justicia les pague las demoradas indemnizaciones fijadas en el proceso de quiebra. Cuatrocientos de esos operarios, con representación legal, denunciaron que el juez de cámara a cargo del proceso de quiebra, Rodolfo Rubén Rejal, habría autorizado en julio el pago en «carácter alimentario» de altos honorarios a abogados y contadores que actuaron como síndicos o peritos.

Según las denuncias, publicadas un diario local, con números de órdenes de pago, nombres de beneficiarios y montos específicos, el juez autorizó el pago a los 5 abogados y estudios letrados por más de 1,2 millones de pesos y a cinco contadores por más de un millón de pesos. Las órdenes de pago están escritas y firmadas de puño y letra por los solicitantes. Además, hay una orden de pago cuyo destinatario se desconoce, figura una firma sin aclaración, por 567.543,20 pesos. Los abogados de los operarios cuestionan la afirmación de que sólo se pagaron honorarios que tienen «carácter alimentario», dadas las sumas.

Por eso, pidieron la inmediata suspensión de otros pagos, que se respeten los plazos procesales y se consideren los reclamos de 1.500 personas que trabajaban o trabajan en la Curtiembre y a quienes se les adeuda un promedio de 3.000 pesos en cada caso.

Los letrados también cuestionaron que las órdenes de pago no están respaldadas por la publicación de edictos ni se respetó el plazo previsto para solicitar la impugnación al proyecto de distribución.