1.- Memorias del derrumbe de 2011.
Hace unos años atrás, allá por 2011 siendo Macri Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a otros vecinos del Barrio de San Nicolás sufrimos la injusticia, con motivo del accionar de su gestión en los antecedentes y efectos del derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre al 1.200. Resulta que en el edificio de Libertad 94, esquina Bartolomé Mitre, misma manzana del derrumbe, tengo la casa central de mi estudio de abogados (hace unos 30 años) y también en el mismo edificio un departamento que utilizo como 2da. vivienda para evitar el traslado a la Provincia todos los días.
Luego de haber sido desoídas por el Gobierno numerosas denuncias de irregularidades en una obra de la calle MItre al 1.200 ocurrió lo que se esperaba, se vino abajo medio edificio lindero a la obra (Mitre 1232) por mala praxis de los consultores (su defensa arguye que se encontraron con una «burbuja»). Hubo un vecino fallecido por la tragedia. La cuestión, es que a los demás vecinos de edificios linderos, nos desalojaron gente del Gobierno de la Ciudad casi a las trompadas y no nos dejaron ingresar por mucho tiempo. En el caso del edificio de Libertad 70 por alrededor de un año. Y en el caso de mi edificio de Libertad 94, por dos semanas. Nos fuimos del estudio con lo puesto, no pudimos regresar ni por ropa, llaves, documentos. Contamos con la buena fe de los jueces para pedirles plazos adicionales porque nuestros escritos a presentar, algunos listos y otros en preparación, con plazos improrrogables para los abogados, quedaron atrapados. A todo ello, el edificio felizmente ileso. Existía la posibilidad de ingreso, permanencia sin haber sufrido daño visible alguno y, sin embargo, no pudimos hacerlo porque unos patovicas vestidos de bomberos o con uniforme de la Metropolitana no nos dejaban ingresar, como estaban visiblemente armados, demostraban que no irían a discutir mucho. Me tocó vivir de este modo queridos amigos, otra vez la dictadura.
Pueden ver todavía por You-Tube un video «Telam Investiga: memorias del derrumbe parte II» cuando en el reportaje que se me hace, comparo estos hechos del Gobierno de Macri con los de la dictadura (salvando algunas distancia debemos reconocer, porque no mataron a tiros a nadie que yo sepa) y allí me pueden escuchar en un momento decir «y pensar que esta gente aspira a gobernar el País, Dios nos ayude si ello llegara a ocurrir».
Y así ocurrió. Estamos viviendo como en el derrumbe y como en la dictatura.
2.- Hay que hacerle pagar a los trabajadores los costos del ajuste y el mayor enriquecimiento de los ricos.
Ahora el Gobierno de Macri, a diferencia de lo que ocurría en la Dictadura, no mata a la gente a los tiros, sino que lo viene haciendo con los más de 200.000 despidos generados desde que asumió, más de un millón y medio de personas que por perder su fuente de ingresos, pequeña empresa o valor del dinero al sufrir los efectos de la salida del cepo y tarifazo, pasaron a revestir la condición de pobres e indigentes que antes no tenían. Todas estas personas han perdido su trabajo, una parte importante de su vida o del ingreso que necesitan para vivir con dignidad. No estoy diciendo nada que no esté al alcance suyo, querido lector, por cualquier medio donde tenga acceso a estadísticas oficiales o resultados de relevamientos y estudios llevados adelante por un lugar serio (a los ojos de este gobierno, al menos durante el anterior) que es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Un maestro que tuve en España y querido amigo, Antonio Baylos Grau, escribió, entre otros, un libro fantástico titulado El despido o la violencia del poder privado, donde explica cómo se mata a las personas quitándoles una parte importante de la entidad que reciben con su empleo. Porque el despido «tiene que contemplarse como un acto de fuerza, un fenómeno de violencia inserto en los itinerarios de la autoridad empresarial. En tanto que fenómeno de empresa, más allá de su forma jurídica y de su engarce en el mecanismo regulativo de las relaciones de trabajo entre el momento contractual y el organizativo, es ante todo un acto de violencia del poder privado que se expresa como tal. La empresa, a través de la privación del trabajo a una persona, procede a expulsarla de una esfera social y culturalmente decisiva, es decir de una situación compleja en la que a través del trabajo ésta obtiene derechos de integración y de participación en la sociedad, en la cultura, en la educación y en la familia. Crea una persona sin cualidad social, porque la cualidad de la misma y los referentes que le dan seguridad en su vida social, dependen del trabajo” (**).
3.- Pero hay que pasar por encima de la ley y para poder hacerlo, se pretende presionar y disciplinar a la Justicia Nacional del Trabajo.
Y ahora, no conforme con los 200.000 que perdieron su empleo, va por la justicia. Por presionar de alguna u otra manera sobre ese último refugio con que cuentan los trabajadores que es la Justicia Nacional del Trabajo, creada por el General Perón en 1945 para atender la particular situación de vulnerabilidad de los trabajadores, que siendo desiguales con relación a su empleador, no podían recibir justicia en tribunales con procedimientos previstos para los demás ciudadanos que se encuentran en situación de igualdad con quienes tienen diferencias. No hay peor injusticia que tratar por igual a los desiguales.
Pretende que la justicia de los trabajadores sea «más equitativa» como se le escuchó decir al Presidente en un reportaje. Que no se incline a favor del trabajador sino para el empleador.
3.1.- Primero, quitándole jerarquía, pasándola a la condición de «justicia de faltas» porteña.
Ese discurso vino acompañado con el proyecto de desjerarquizar a la Justicia Nacional del Trabajo que, repito, fue creada por el General Juan Perón para los trabajadores, en muchos aspectos de todo el País (por eso «Nacional», aspectos vinculados nada menos que con el control de los actos que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, en temas sensibles como lo referido al encuadramiento sindical y asociaciones sindicales). Para pasarla a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y dejar sin control, o con el menor control posible, al accionar del Gobierno. La reciente intervención de la CGT colaboró para dilatar esta cuestión, por lo menos hasta después de las elecciones. A ello se suman razones jurídicas que imposibilitan ese traspaso sin una previa reforma constitucional, porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene la jerarquía de una Provincia, menos aún en lo referido al ejercicio jurisdiccional o aplicación de leyes de fondo.
3.2.- Segundo, la amenaza del juicio político a los jueces que se portan mal.
Es reciente el ejercicio de dicho control por parte de la Justicia Laboral en la negociación salarial de los compañeros bancarios. En la lógica macrista, así como el desempleo se combate combatiendo a los trabajadores, la inflación se combate combatiendo al consumo, sobre todo de quienes más consumen que son los asalariados. En ese pensamiento, aumentando menos los sueldos, se disminuyen los gastos, la demanda y así bajan los precios y la inflación. Como consecuencia de ello, pagan el ajuste los trabajadores y los números indican que desde que comenzó este gobierno, hay 1.5 millones de nuevos pobres.
En la negociación salarial de los compañeros bancarios (que podía haber sido cualquier gremio), el Ministerio que por ley debe proteger al trabajo, se oponía al acuerdo porque se pautaba un incremento salarial superior al 18 % y consecuentemente, negaba la homologación del mismo presionando de ese modo a las partes para que se firme otro por menos aumento, alegando que según las proyecciones del Gobierno la inflación de este año no superaría dicho porcentaje.
Los compañeros de La Bancaria recurrieron como se debe a la Justicia Nacional del Trabajo pidiendo protección con una medida cautelar destinada a hacer cesar la injerencia del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva y se le ordene la homologación del acuerdo salarial que había sido suscripto libremente por las partes, pero que el Gobierno planeaba desconocer.
Era evidente el derecho que les asistía, no solo porque la ley 14.250 acompaña al art. 14 bis de la Constitución Nacional asegurando la autonomía colectiva en el derecho que asiste a los trabajadores, por intermedio de sus asociaciones sindicales más representativas, a concertar convenios colectivos de trabajo.
La única limitación legal que existe al respecto, en el art. 4 de la ley 14.250 y 8 de la LCT, es que el convenio colectivo no contenga cláusulas «violatorias del orden público laboral». Qué significa esto, el art. 8 de la LCT lo explica, diciendo que solo se aplican los convenios colectivos «que contengan normas más favorables a los trabajadores».
El accionar del Ministerio de Trabajo no se acomodaba a la ley y debió ser encarrilado por la Justicia Nacional del Trabajo, interviniendo en la medida cautelar solicitada por La Bancaria los jueces Dres. Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, ambos muy competentes y de reconocida trayectoria en el ejercicio de la magistratura. Hicieron lugar a la legítima petición de La Bancaria, como lo hubiera hecho la mayoría de los jueces que hoy están en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
No siguieron los preceptos requeridos por el Gobierno y que no se ajustan a la ley.
Por eso luego fueron castigados, mediante un pedido de juicio político que solo se sustenta en la lógica macrista: hay que disciplinar y someter a la justicia, porque de ese modo el Gobierno podrá actuar por encima de la ley, como si ella no existiera, para que los trabajadores paguen el ajuste.
3.3.- Es que sometiendo a la justicia del trabajo, se logra someter a los trabajadores y lograr apliquen leyes injustas como la de riesgos del trabajo.
Que sigue, en la lógica macrista, el resultado de su mensaje es claro. Los jueces del trabajo deben estar sometidos porque es el modo de someter a los trabajadores.
Ahora sigue la aplicación de las reformas a la ley de riesgos del trabajo, porque la preocupación del gobierno es que las aseguradoras obtengan una mejor ganancia.
Todo el sistema de riesgos del trabajo diseñado por la ley 24.557 es perverso y sus modificaciones, por leyes 26.773, DNU 54/2017 y ahora la ley 27.348, no hacen más que empeorar la situación de vulnerabilidad del trabajador.
Primero porque dificultan su acceso a la jurisdicción, obligando a atravesar una instancia administrativa previa en Comisiones Médicas cuando tal recaudo no le es exigido a otras personas víctimas de accidentes (de tránsito, por ejemplo). Se usa la categoría de trabajador enfermo o accidentado para discriminarlo, violando el principio de igualdad ante la ley, aspecto por el cual fue declarada ya la inconstitucionalidad del DNU 54/2017 y la ley 27.348.
Segundo, porque colocan la administración del sistema en manos privadas, cuando de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio N° 102 de la OIT, recientemente ratificado por nuestro País, el sistema debe integrar la seguridad social y sus prestaciones estar a cargo del Estado Nacional, tal como lo dispone el art. 14 bis constitucional.
Y en tercer lugar, porque existe una incompatibilidad manifiesta en el sistema y es que aquello que no paga la ART para dicha compañía privada es ganancia. Para que el negocio funcione, las ART’s deben no pagar o hacerlo tarde, mal y nunca. De allí la constante declinación de responsabilidad que hacen y obligan a los trabajadores a accionar judicialmente, a lo cual merece agregarse que dicha declinación muchas veces forma parte de una corruptela de personal de esas ART’s que se asocian con estudios de abogados y remiserías, enviando a los trabajadores que reciben la notificación directamente al estudio «amigo» para que haga el reclamo, cobre y reparta. El que cobra menos, siempre, obviamente es el trabajador.
Las ART’s son el negocio del zorro cuidando las gallinas.
4.- ¿Y ahora?.
Y ahora querido lector, el problema es que si no aportamos soluciones, somos parte del problema.
Trabajadores y sindicatos deben tomar conciencia de lo que está ocurriendo e intervenir en protesta del accionar consecuente a esta lógica macrista.
No permitir el ejercicio de presiones sobre los jueces, con manifestaciones contrarias al traspaso y desjerarquización de la justicia y al juicio político ejercido como mecanismo de sometimiento.
Y en la negociación colectiva, recordar que para los sindicatos la ley no es el techo, sino el piso.
La acción sindical se ejerce presionando para mejorar la ley.
Pero eso es otro paso, hoy, lo que debemos hacer, es evitar el derrumbe protegiendo a nuestros jueces.
(*) Abogado, especialista, doctor en derecho, doctor en humanidades, profesor universitario, asesor sindical, abogado laboralista de trabajadores. www.estudiomansueti.com
(**) Baylos Grau, Antonio y Pérez Rey, Joaquín, El despido o la violencia del poder privado; con prólogo de Umberto Romagnoli; 2° edición, editorial Trotta, Madrid 2009 pág. 44.
