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PARITARIAS

La CTERA rechazó el aumento de Milei para los docentes: «No coincide con la inflación»

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que conduce Sonia Alesso, rechazó el aumento salarial otorgado hoy por el gobierno nacional de manera unilateral, tras el fracaso de la negociación paritaria en el sector.

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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) rechazó el piso salarial mínimo dispuesto por el gobierno nacional, tras la última reunión paritaria con el sector y se declaró en estado de alerta en todo el país.

El gobierno había informado a los gremios en la última reunión que se otorgaría un aumento en tres cuotas, efectivo con una suba del piso para abril a $380.000, para mayo a $400.000, y para julio a $420.000.

La decisión llegó tras la audiencia convocada por la secretaría de Educación, que encabeza Carlos Torrendel, dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano. En la audiencia de entonces, los gremios rechazaron la oferta salarial del gobierno, por lo que la cartera resolvió dictarlo de manera unilateral a través de la Resolución 689/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial

Desde la organización que conduce Sonia Alesso criticaron que la propuesta, “no condice con la inflación, con la suba de tarifas, alquileres, transporte, alimentación”, y sostuvieron que “Las y los docentes hemos sufrido una pérdida de nuestro poder adquisitivo desde diciembre hasta la fecha”, indicó la entidad gremial a través de un comunicado de prensa que informó también que la próxima semana se convocará a un plenario de secretarios generales de todo el país.

Sin acuerdo con los gremios, el Gobierno fijó el nuevo salario mínimo docente en $420.000

A su vez, la CTERA le reclamó al gobierno que “cumpla con las leyes, que restituya el FONID de manera urgente, y que garantice aumentos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios”, e insistió en el rechazo al proyecto de ley que declara a la educación como servicio esencial, “cuyo objetivo es cercenar el derecho a huelga”, apuntó la organización.

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