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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La caja de pandora

La negativa del gobierno de Javier Milei de homologar la paritaria de los Camioneros derivó en una maniobra político sindical que el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano llevó adelante con el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

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El objetivo fue validar el acuerdo en el territorio provincial con aval del gobierno de Axel Kicillof. Las negociaciones ante el Ejecutivo bonaerense fueron llevadas adelante por Hugo Moyano hijo, abogado y apoderado de Camioneros.

El resultado de las gestiones fue la homologación de la paritaria camionera (45% para marzo y abril) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, anunciada por Pablo Moyano desde las puertas de la Gobernación en La Plata.

Se trata de un hecho eminentemente político, no técnico, que puede ser atacado desde la competencia nacional.

¿Qué es homologar? Significa que la autoridad de aplicación verifica que un acuerdo no esté violando ninguna disposición. En Argentina, la ley de homologaciones es la 14.250, reactualizada por ley 25.877 de Reordenamiento Laboral en 2004. Al ser homologado, un entendimiento tiene efectos para todos los trabajadores y empleadores de la actividad alcanzada, hayan sido parte o no de la firma.

El pacto Moyano – Kicillof se concretó a través de la legislación provincial, por medio de la ley 10.149. Esta norma homologa acuerdos y específicamente contiene un capítulo para los acuerdos individuales y plurindividuales y otro apartado de conflictos colectivos, donde ofrece el laudo. Es decir, llama a las partes, las sienta a la mesa y llega a un acuerdo: lo homologa.

Pero en este caso, no está transformándolo en un convenio colectivo con efecto de erga omnes, con alcance a todo el sector. Traducido: el convenio colectivo homologado tiene efecto como si fuera ley. Lo pactado entre Moyano y Kicillof, no.

A saber: lo anunciado solo tiene valor en el territorio de la provincia. Esto lleva también a una posible fractura del salario camionero, que ya se viene dando en la provincia de Santa Fe que está 15% por arriba de la Federación. Esta diferencia va en suma fija, asi no queda en el convenio colectivo de trabajo, porque esa es la parte de la 14.250 de aplicación nacional. Esa fue la única forma que encontraron.

Volviendo al pacto Moyano – Kicillof, si se lee entre líneas, el Gobierno provincial dice: me presentaron algo que estaba a punto de estallar, asumí mi competencia como ministro de Trabajo de la provincia, y tal cual dice la ley, senté a las partes, las partes me trajeron el acuerdo que tenían, veo que no viola ninguna disposición y por lo tanto lo homologo, aplicable a las empresas que lo han firmado y alcanza a los trabajadores de las empresas que lo han firmado.

Pero se trata un acuerdo entre partes, no es un convenio colectivo. Explican a Mundo Gremial: «Si lo hubieran homologado en los términos de la 14.250, hubieran cometido un delito federal, porque se hubieran atribuido la facultad de un funcionario nacional que ellos no tienen. Hubieran cometido abuso de autoridad, o algún otro artículo del Código Penal».

Y agregan: «Y notoriamente se dieron cuenta de eso, porque mencionan todas las normas posibles, menos la 14.250. Por eso digo que esto es, empujaron entre Correa y Pablo, Kicillof no pudo decir que no, pero tampoco quiso decir que sí. No aparece en el video cuando salen de la gobernación y pasaron unos cuantos días y no sale el gobernador diciendo: le pongo el pecho, vengan todos a la Provincia que yo les homologo. Eso no está pasando».

El reciente accionar sentará precendente y ante la escala conflictiva entre el gobierno de Milei y los sindicatos puede convertirse en una avalancha, la apertura de la caja de pandora y de la puertas de la Provincia para entrar a negociar.

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