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Gremio de farmacéuticos reclama cumplimiento de la ley de genéricos

El SAFYB le solicitó al Ejecutivo nacional que arbitre las medidas necesarias para que médicos cumplan con la ley 25649 para recetar medicamentos.

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El Consejo Directivo del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) resolvió en su último plenario solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley 25649/02 que obliga al médico a recetar los medicamentos por su nombre genérico y al farmacéutico a dispensar las alternativas equivalentes más económicas.

“Desde el año 2008 hasta el presente, la industria farmacéutica viene estimulando a los médicos para que prescriban remedios por marca, desoyendo la obligación que tienen de hacerlo por el principio activo”, sostuvo el secretario general de SAFYB Marcelo Peretta y especificó “hasta hemos detectado y secuestrado recetarios de prepagas, preimpresos con la frase “no autorizo el cambio marca” en franca violación de la ley”.

En 2002 (cuando se aprobó la ley) y hasta 2007 (cuando cambió el ministro) el índice de prescripción correcta alcanzaba el 80%, mientras que ahora no supera el 15%, gracias al ´eficiente´ trabajo de la industria farmacéutica marcaria, según explicó Peretta.

El sindicato solicita además que, en caso de sanciones, éstas “recaigan en el propietario de la farmacia, y no en el profesional farmacéutico”, ya que es el empleador el que suele impedir al profesional, en relación de dependencia, cumplir su obligación de devolver la receta hecha por marca y de registrar la falta sanitaria en el libro recetario.”

El dueño de la farmacia suele orientar la venta hacia el producto más caro, por los mayores márgenes comerciales; por eso debería pensarse una forma de premiar a la farmacia que dispense el producto más económico, como sucede en otros países, sostuvo Peretta. Cabe señalar que el fármaco genérico es un 40% más económico en promedio.

El sindicato que representa a los bioquímicos y farmacéuticos que se desempeñan en relación de dependencia, y de cuya firma y matrícula dependen las 14000 farmacias, droguerías y laboratorios del país, ofrece colaborar con el Estado en las tareas de fiscalización que harán bajar el precio de los medicamentos y mejorar la salud de la población.

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