Las declaraciones públicas del flamante asesor presidencial Antonio Aracre sobre una «modernización laboral» generó un fuerte descontento de un sector del sindicalismo, que derivó hasta en un pedido de renuncia del funcionario que aún ni siquiera asumió.
Más tarde, Aracre despegó al presidente Alberto Fernández de sus declaraciones, aunque no logró frenar las voces en su contra: la gestión del primer mandatario no quedó exenta de críticas sobre materia laboral.
Marcelo Osores, secretario general de la Federación Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), repudió los dichos de Aracre, se plegó a los dichos del cotitular de CGT, Pablo Moyano, y prometió «salir a la calle a defender los derechos de los trabajadores», pero aseguró que hoy en día el gobierno «habilita reformas laborales» por sectores.
«Cuando el presidente de la Nación asumió lo primero que visitó fue la CGT y dijo que no iba a haber reforma laboral pero no dijo en dónde. No hubo reforma laboral en el Congreso pero en el ministerio (de Trabajo) sí, porque siguen apoyando a sindicatos carneros y sin derecho legal que negocian a la baja como sucede en este mismo momento en los puertos de Entre Ríos», denunció Osores.
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El líder de la FEPA y titular del Sindicato Portuario de Bahía Blanca (SUPA) apuntó contra «algunos sectores» de la cartera laboral que » apoyan a sindicatos carneros y sin derecho legal que después negocian a la baja con los empresarios».
Consultado por Mundo Gremial, Osores explicó que la denuncia referie a distintos sucesos registrados en distintos puertos del país donde el sector empresario intentó avanzar con modificiones en convenios y normativas vigentes, en supuesta complicidad con entidades gremiales y funcionarios del gobierno.
«Y cuando los trabajadores a la calle salimos a defendernos como en el caso de la provincia de Entre Ríos que tiene a los portuarios más pobres del país, ganando un 30% de lo que vale un jornal, nos tratan de mafiosos y nos tiran con toda la policía de la Argentina», se quejó el dirigente.
Osores puntualizó en los casos de los puertos de Ibicuy y Concepción del Uruguay en la provincia entrerriana donde -insistió- «sindicatos carneros o gente que dice representar a los trabajadores firman acuerdos a la baja en perjuicio de los trabajadores».
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Sumó a esa situación a lo que sucede por estos días en el puerto de Rosario donde los trabajadores -explicó Osores- «están pidiendo aumento salarial para terminar una paritaria al 100% y la empresa hace exactamente lo mismo que en Entre Ríos, no les interesa nada, saben que tienen apoyo de no se quién, no acatan conciliación obligatoria, no les importa nada porque están encubiertos con algún poder, entonces los trabajadores vuelven a salir a la calle y nos etiquetan de mafiosos y que estamos en una corporación para sacar a las empresas del puerto. Esto pasa hoy y si no pregunten cuanto están ganando los trabajadores en Ibicuy y Concepción», señaló.
Por otro lado, el sindicalista portuario se refirió a la reedición del Convenio del Golfo San Jorge en la Patagonia argentina por el que «le sacan el 50% de los barcos a la provincia de Santa Cruz y los derivan a los lugares donde practicamente no tienen legislaciones laborales».
«Todo forma parte de una matriz orquestada por empresarios y sindicatos con aval de funcionarios para concretar las reformas que no logran imponer desde el Congreso. Es una verdadera verguenza y después dicen que nosotros somos los mafiosos, pero de todas maneras que nos etiqueten como quieran y que avancen con la reforma que nos van a encontrar en la calle defendiendo y peleando nuestro derechos», concluyó Osores.