El reclamo es por un control nacional de las vías navegables del Paraná, que permita a la industria nacional hacerse cargo de tareas como el dragado y balizamiento, y a su vez que el Estado nacional pueda ser el principal administrador de lo que entra y sale por el río. Para eso, las organizaciones piden la derogación del decreto 949/20, que habilita la concesión con empresas privadas extranjeras, como actualmente lo tiene la multinacional belga Katoen Natie Group, a través de la empresa Hidrovía S.A. El decreto también pasa por alto la puesta en marcha del Canal de Magdalena, lo que evitaría desviar el comercio hacia el puerto privado de Montevideo.
El masivo evento logró reunir a todas las centrales obreras; las dos CTA, y la CGT. Esta ultima se hizo presente con la columna llena de trabajadores de camioneros. No solo fue un guiño de la línea moyanista hacia los gremios de la CTA quienes impulsan principalmente esta lucha, sino también otra excusa más para diferenciarse de la línea dura cegetista.
Por otro lado, el representante de la CGT que se hizo presente en el acto de oradores fue Jesús Monzón, Secretario de la CGT San Lorenzo, e integrante de la Corriente Federal de la CGT, quien tampoco le tiembla la voz al cuestionarle al triunvirato la participación de las regionales.
Otras figuras arriba del escenario fueron: Hugo Yasky, José Testoni, de la CTA de Santa Fé, Oscar de Isasi de la CTA Autónoma, el periodista y legislador provincial por Frente Social y Popular de Santa Fe Carlos Del Frade, el escritor Mempo Giardinelli y Luciano Orellano, por la Mesa de Defensa del Paraná.
«Entre 34.000 y 50.000 millones de dólares pasan por el Paraná por año y la mayoría queda en manos de multinacionales belgas, francesas, chinas y estadounidenses. Por eso creemos que la estatización de la vía troncal del Paraná permitiría capturar gran parte de esa renta, que debería ser invertida en salud, educación, mejores salarios y creación de empleo», mencionó de Isasi.
En el acto de la movilización del viernes que comenzó en la intersección de la Ruta 9 y Boulevard Oroño en las afueras de Rosario, culminó frente a la Bolsa de Comercio de la ciudad. En dicha entidad, “se congregan las grandes empresas multinacionales, la UIA, la Sociedad Rural, los agroexportadores, la megaminería, la industria del acero. Son 42 empresas que fijan el valor del dólar y de los alimentos, que manejan la nación. Son el enemigo del pueblo y dejan en la pobreza a millones de compatriotas», indicó el delegado de ATE, Oscar Verón.
El rol del trabajo
La concesión con multinacionales para realizar tareas de dragado y balizamiento data desde los años 90. Antes el Estado nacional se hacía cargo. Este traspaso ha debilitado a la industria nacional y hasta incluso han culminado con la desaparición de empresas nacionales como Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA)
El trabajo en Astilleros, por la construcción de dragas y balizadores ha ido decayendo, y en contextos como el macrismo, frenado. Dragas como la 256 Capitán Núñez construida en el Astillero Alianza fue entregada a la empresa Jan de Nul. Y balizadores como el 573, 574 y el 562 a la empresa Emepa a cargo del balizamiento. Durante el gobierno de Mauricio Macri quedaron paralizadas la draga 261, 258 de Santa Fe, 326, y la número 332. Desde los sindicatos sostienen que con “los arreglos necesarios podría utilizarse para dragar el Canal de Magdalena”
La reactivación de dicho canal, permitiría dejar atrás la utilización del puerto europeo de Montevideo de Uruguay, no solo para el comercio externo, sino entre el puerto atlántico y el puerto fluvial. Y hasta incluso también dentro de la provincia de Buenos Aires.
A partir del 2020 se comenzó a pensar la idea de que la concesión de las vías navegables sea estatal. El Ministro de Defensa, Jorge Taiana, en un informe de la Revista Mestiza de la UNAJ comentó que, “se debatió la idea de formar una Empresa Nacional de Dragado Sociedad del Estado (ENADRAG), con “51% de acciones del estado nacional y el 49% de las provincias”. Sin embargo, la idea no pudo concretarse luego de la sanción del decreto 949, que “limitó la participación de las provincias sólo al rol de parte de un Consejo Asesor”.
Fuente: Desde La Raíz
