El Gobierno intervino la obra social del sindicato de fotógrafos

El Gobierno nacional oficializó la intervención de la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT) por irregularidades de gestión e «inestabilidad» en la cobertura a afiliados.

Así lo estableció el Decreto 129/2025, publicado en el Boletín Oficial y que lleva las firmas de presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Se trata de la obra social del Sindicato Sindicato de Empleados y Obreros Fotográficos y Fotocopistas (SEOFFRA). La intervención estará a cargo de Salvador Macedonio y será por un plazo de 180 días.

Según confirmó el Gobierno, la decisión responde a diversas irregularidades detectadas en materia institucional y de cobertura médico asistencial, detectadas por la Superintendencia de Servicios de Salud.

“Interviénese por el término de 180 días la Obra Social de Fotógrafos, facultándose al Ministerio de Salud a prorrogar dicho plazo de considerarlo necesario para la consecución del objetivo del presente acto”, señaló el decreto.

Según expresaron en el decreto, Macedonio deberá cumplir con una “guía de buenas prácticas para interventores del agente del seguro de salud”, que fue aprobada en noviembre, y elevar a la Superintendencia de Servicios de Salud un informe mensual de su gestión.

El Gobierno aseguró que la Subgerencia de Control de Gestión de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros advirtió que la obra social no poseen equipo interdisciplinario de discapacidad. “Remarcó que (la entidad) no efectúa auditorías en terreno a prestadores, ni beneficiarios y no controla que éstos cumplan con los requisitos de documentación; los Estados Financieros de Discapacidad se encuentran presentados hasta septiembre de 2023 y se adeudan 22 carpetas sobre Informes Detallados de Aplicación de Fondos; se detectaron irregularidades en la carga de códigos de práctica, con 17 facturas que equivalen a un subsidio total de $1.583.255 que la obra presentó erróneamente”.

Además, la Subgerencia de Control Económico Financiero constató, según el Poder Ejecutivo, que la obra social, al inicio de la auditoría, se encontraba con un atraso en sus registraciones contables y presentaciones de Estados de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) y Estados de Situación Financiera Corriente (ESFC).

En este contexto, indicaron: “Toda la información y documentación recabada por las distintas áreas técnicas y jurídicas de la Superintendencia de Servicios de Salud le permitió a dicho organismo advertir que el agente del seguro afronta una situación institucional y de cobertura prestacional inestable, impactando en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la obra social, primordialmente en lo que respecta a asegurar una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que impide el normal funcionamiento de la entidad”.