El gobierno nacional evalúa fuertes sanciones a los sindicatos que no acataron las conciliaciones obligatorias dictadas por el ministerio de Producción y Trabajo, en la previa al paro nacional del 30 de abril.
Funcionarios del Ejecutivo planean ir a fondo contra las organizaciones rebeldes que avanzaron con la medida de fuerza a pesar del dictamen oficial que exigía dejarla sin efecto.
En medio de la discusión, existen choque de visiones y hasta interpretaciones diferentes en el terreno del derecho. Uno se apoyan en el derecho civil, y otros, bajo el escudo del derecho laboral.
Lo cierto es que el gobierno tiene decidido avanzar «con todo y hasta las últimas consecuencias» contra los sindicatos que desoyeron las conciliaciones.
Fuentes del gobierno confiaron a Mundo Gremial que en las próximas horas podrían efectivizarse los castigos, que sumarían un nuevo condimento a las ya insalvables diferencias entre el ala combativa del gremialismo y el macrismo.
Entre las organizaciones apuntadas están las del sector aeronáutico APTA, APTA, APA, UPSA, Aeronavegantes, ATEPSA y UALA.
En tanto, se evalúan sanciones a la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA), la Federación de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano y la Federación Obrera Ceramista (FOCRA).
Los sindicatos ya anticiparon que no aceptarán ninguna represalia por el desarrollo del paro y advirtieron con endurecer las protestas.
«Que se metan las conciliaciones en el culo», disparó hoy Moyano hijo en Plaza de Mayo, en el marco del discurso por el acto del Frente Sindical y las CTA.
A partir del jueves llegarán las definiciones, pero lo concreto es que el gobierno decidió apretar el acelerador. Y los gremios, también.