El Ministerio de Justicia anunció que despedirá «con justa causa» a los agentes estatales que hayan participado días atrás de las medidas de protestas en instalaciones del Registro de la Propiedad Automotor para reclamar por el cierre de 136 sedes del organismo.
La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona emitió un comunicado donde informó que las medidas de fuerza empleadas «provocaron pérdidas millonarias para el Estado argentino y daños irreparables a los ciudadanos».
Explicó también que las actuaciones van en línea con las acciones promovidas contra los miembros del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que «ocuparon ilegalmente, interrumpieron la prestación del servicio, paralizaron la sede central del Registro de la Propiedad Automotor».
A su vez, se señaló que no se permitirá «la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector». «Los agentes que no se presenten a sus puestos de trabajo a prestar tareas y participen de actividades que no hayan sido consentidas de forma expresa por el Ministerio de Justicia serán pasibles de las sanciones», advirtieron.
El conflicto se hizo carne luego de que el Gobierno anunciara en julio el cierre de 136 sedes en todo el país y realizara un ofrecimiento de retiros voluntarios a 2500 trabajadores de DNRPA quienes perciben su sueldo por medio del Ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores) y gran parte de ellos no lo acepten.
“Esta Administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales y de los servicios que el Organismo de este Ministerio presta al ciudadano de bien, quien no debe pagar las consecuencias de la irracionalidad del accionar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la cual, bajo falsos reclamos, persigue beneficios sólo para sus autoridades”, concluyó el ministerio.
La decisión profundiza el conflicto que mantiene el Ministerio con la seccional Capital de ATE que encabeza Daniel «Tano» Catalano, impulsores de las medidas en la cartera de Cúneo Libarona.
El gremio acusó al ministro de encabezar la «Gestapo de Milei» y negó «categóricamente» que la paralización del Registro Automotor haya sido realizada con fines violentos y extorsivos. «La medida fue adoptada en defensa de los derechos laborales y en respuesta a las políticas de despidos encubiertos y aprietes en el Estado, con los trabajadores en sus puestos de trabajo», explicó ATE Capital.
También aseguró que «el paro fue votado por unanimidad de todas y todos los trabajadores ante la amenaza coercitiva de que aceptemos un “retiro voluntario obligatorio” y que de no acatarlo en «diciembre quedaríamos en disponibilidad»».
Para esta mañana estaba previsto un abrazo a la sede del ministerio, en un conflicto que tendrá una escalada de tensión ante la medida reciente del Gobierno.