Los tiempos en el sindicalismo están convulsivos como nunca en la era Macri. Primero, Hugo Moyano lanzó su propio Frente Sindical con gremios muy críticos con el gobierno, luego Juan Carlos Schmid con fuertes vínculos con el hombre del camión decidió apartarse del Triunvirato de la CGT, y por último un fiscal de Lomas de Zamora pidió la detención de Pablo Moyano. Todo junto, en simultáneo y acaso con una concatenación de acciones y reacciones.
Los dos primeros movimientos de fichas del clan Moyano generaron malestar en la cúpula de la administración nacional y desde la familia camionera acusan al Ejecutivo que como respuesta a ello están detrás del pedido de detención de Pablo Moyano, acusado de ser parte de una asociación ilícita junto a barrabravas del Club Independiente, institución en la cual es vicepresidente.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, consideró, mientras participaba en Singapur del Congreso de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (IFT, que el pedido de detención en su contra presentado por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera se enmarca en «una persecución política, mediática y judicial por parte del Gobierno».
Fiel a su estilo contestario, sostuvo «Si tengo que ir en cana iré en cana. Yo ya lo dije hace siete meses atrás: sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila porque no firmé la reforma laboral, porque no firmé el 15 por ciento para los camioneros, no firmé el cambio de convenio a la baja para los camioneros; porque no le dimos bola a los mil millones de pesos que (Jorge) Triaca (secretario de Trabajo) nos puso de mula».
«Nos acusan en Independiente de que Hugo y yo, recaudábamos la plata de los choripanes que se vendían en cada partido, y de la venta de entradas», añadió.
Y, consideró que «no tiene sentido el pedido de este señor Scalera, que es un payaso, es un instrumento de Patricia Bullrich (ministra de Seguridad), de Carrió (Coalición Cívica), que constantemente están presionando al juez Luis Carzoglio y al juez Luis Armella para que hagan eso».
Por su parte, el ministro del Interior y figura ascendente en el gabinete, Rogelio Frigerio, advirtió que «todavía hay quienes no entienden que ahora somos todos iguales ante la ley», luego de que el jefe del gremio camioneros Hugo Moyano dijera que el pedido de detención de su hijo Pablo era un intento por tapar el retroactivo de la tarifa del gas.
Frigerio rechazó las acusaciones de los Moyano que vincularon al oficialismo con el pedido de detención de Pablo y señaló que «no hay un Poder Ejecutivo como el pasado que le daba órdenes a la Justicia según su conveniencia. Estamos viviendo en una verdadera República, eso hay que entenderlo”.
Luego fue concluyente al plantear que «no hay favoritismo, si la Justicia te llama, tenés que ir».
No es la primera causa que recae sobre los hombros de los integrantes de la familia Moyano. Tanto Pablo como Hugo poseen múltiples procesos judiciales abiertos, y si bien su patrimonio no condeciría con sus ingresos como gremialistas, aún ningún juzgado los ha hallado culpables.
Resulta complejo poder comprobar la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial, pero negarlo resultaría aún más inocente. Los tiempos de la justicia siguen el pulso de los oficialismos, de este y del que vendrá. En ocasiones por presiones explícitas o por merito propio, para ser más papista que el Papa, como dicen.
Jurídicamente el fiscal Scalera deberá demostrar la culpabilidad en los hechos en los que acusa a Pablo Moyano, pero la disputa, la puja por poder, se juega en otra liga y eso innegable.
