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El año electoral complica las respuestas a los reclamos por los fondos de las obras sociales

Por Emiliano Russo, columnista de Mundo Gremial

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Ante la inminencia de la segunda de Covid en Argentina, no sólo la crisis del sistema sanitario se refleja en el plan de lucha anunciado por el gremio de la Sanidad en pos de mejores salarios: las obras sociales sindicales siguen reclamando por los mayores costos devenidos de la atención de la pandemia o el histórico problema para financiar la compra de medicamentos importados para tratamientos complejos.

El año pasado la mesa chica de CGT, entre los que se cuentan el cotitular Héctor Daer, hoy en conflicto con su gremio con los prestadores privados de salud y José Luis Lingieri, histórico negociador de la institución con los funcionarios, se reunieron en varias ocasiones con el por entonces ministro Ginés González García y con el superintendente, Eugenio Zanarini. El escándalo del vacunatorio VIP eyectó del Ejecutivo al primero pero el segundo quedó bajo la actual conducción de Carla Vizzotti.

Desde los sindicatos dicen que las reuniones siguen pero las soluciones no llegan. “Estamos cada vez peor. No aumentaron los montos en (el costo del servicio de) transporte y de educación para la discapacidad”, explicó una fuente gremial consultada por Mundo Gremial.

“La realidad es que en un año electoral no podemos cargar al Tesoro con estas obligaciones porque hay un estado muy debilitado. En el tema discapacidad sólo la cobertura de Transporte son unos $18 mil millones al año y las drogas para tratar enfermedades como fibrosis quística valen 350 mil dólares. Igual seguimos trabajando con los gremios”, explicó, a su turno, una fuente gubernamental consultada por este medio.

Debido a las repercusiones del plan de lucha lanzado por el FATSA por el desacuerdo paritario, el gobierno recién comunicó hoy una reunión de la ministra Vizzotti y del superintendente Zanarini realizada el último jueves con las autoridades de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), José Sánchez, Guillermo Lorenzo y Mario Lugones. Desde el oficialismo se aclaró que el encuentro tuvo el objetivo de “analizar la situación sanitaria actual y poder planificar la respuesta a una segunda ola de casos de COVID-19”.

Lo cierto es que las quejas dentro de los gremios continúan por sentir que sus propuestas para darle aire al sistema de obras sociales, por ahora, son desatendidas. No hubo, en este sentido, respuesta al pedido para modificar el régimen de monotributo para que quienes accedan a una obra social por esa vía puedan, pagando una cuota más alta, inscribir a su grupo familiar. Ese dinero extra, aducen en las entidades, oxigenaría las arcas de las prestadoras. Hoy Diputados debate el cambio del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y otro proyecto que modifica el estado de situación de monotributistas que deberían pasar al régimen de autónomos y que acumularon una exuberante deuda en estos meses de recesión. “Sacar una ley para subir el aporte del monotributo para el grupo familiar sería un parto”, se sinceró una fuente oficial.

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