Efecto fallo: aceiteros repudian «persecución» contra CFK y alertan por un Poder Judicial «funcional a los poderosos»

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.) emitió un duro comunicado. Repudian lo que consideran una «persecución política mediante el Poder Judicial a la Presidenta del mayor partido de oposición».

El pronunciamiento surge tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negarse a revisar la causa «Vialidad». Esta resolución, para los Aceiteros, confirma una condena de 6 años que implica «la proscripción electoral y la detención de Cristina Fernández de Kirchner«.

Desde la Federación calificaron el hecho como de «máxima gravedad institucional». Señalaron que «la arbitrariedad queda más expuesta cuando se contrasta con los plazos que el máximo tribunal se toma con otras causas», como el DNU 70/2023 de Javier Milei, que «lo tiene cajoneado desde diciembre de 2023».

«Ofensiva contra los derechos de la clase trabajadora»

La entidad que conduce Daniel Yofra advierte que esta condena «no es un rayo en cielo sereno». Aseguran que se da en el marco de «una profunda ofensiva contra los derechos de la clase trabajadora y las grandes mayorías del pueblo argentino». Esta ofensiva, denuncian, se expresa en «mayor persecución judicial, detenciones y represión».

Recordaron recientes detenciones y procesamientos de dirigentes sociales y sindicales, como Juan Grabois (MTE) y Federico Giuliani (ATE Córdoba), así como la amenaza de muerte al titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

«Con la mayor preocupación observamos un Poder Judicial que en sus máximas esferas se desentiende de su función de garantizar la efectividad de los derechos humanos y sociales», afirmaron.

Por estos y otros tantos motivos, la Federación señala que la justicia «se posiciona cada vez más al servicio del hostigamiento y la persecución de cualquiera que se corra de los lineamientos del poder económico más concentrado».

Ante este «quiebre institucional», los trabajadores aceiteros y desmotadores reafirmaron su «profundo compromiso en defensa de la democracia y el conjunto de las garantías y derechos constitucionales».