El aumento en las auditorías y detenciones con fines de deportación comenzó a aumentar inmediatamente después de la asunción de Donald Trump a la presidencia en enero de 2017. Trump ordenó intensificar los controles de las diferentes agencias que intervienen en los operativos que encabeza en Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mostrando resultados positivos año a año. Los controles buscan satisfacer las promesas de campaña de combatir a la inmigración ilegal como forma de proteger a los trabajadores estadounidenses.
Desde la oposición por otra parte hacen referencia a algunos daños que podrían producirse en la industria y compañías que dependen de estos trabajadores. Entre el 1 de octubre de 2017 y el 4 de mayo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llevó adelante 2.282 auditorías en diferentes establecimientos productivos y comerciales según informó la agencia estatal. Esta cifra representa un aumento de casi el 60% en las auditorías, en comparación con las 1.360 realizadas entre octubre de 2016 y septiembre de 2017. Producto de estos controles hubo 594 empleadores detenidos bajo cargos criminales de inmigración en comparación con 139 detenciones del año fiscal pasado.
A estos se suman 610 cargos civiles en materia de inmigración en el mismo periodo, que deben compararse con los 172 en los 12 meses anteriores. Una ley federal de 1986 establece que son las compañías las que deben verificar que sus empleados tengan autorización para trabajar en Estados Unidos controlando sus documentos y confirmando con el gobierno la identidad del empleado y su permiso de trabajo haciéndose pasibles de multas y procesos criminales ante el incumplimiento.