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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Discapacidad: iniquidad en una caja sin control

Es el rubro que más ha crecido en los últimos años en cuanto a beneficiarios y dinero que se destina: los ricos favorecidos ante los más postergados.

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El nuevo superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, junto a la ministra Carla Vizzotti

Un tema sensible si los hay es el de Discapacidad: el reciente compromiso del Gobierno nacional a reintegrar, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) 11.000 millones de pesos a las obras sociales sindicales y a las prepagas para cubrir un porcentaje cercano al 40% muestra otro grifo fiscal abierto en esta carrera por ajustar las cuentas públicas.

Lo cierto es que, al igual que muchos tributos en el país, el sistema que contempla la Discapacidad no es equitativo entre ricos y pobres. Supongamos el caso de una familia acomodada que tuvo un cuarto hijo con discapacidad. Seguramente, según el grado de discapacidad, ese niño podrá ser enviado a la misma escuela privada que fueron sus tres hermanos mayores; seguramente con psicopedagoga que lo acompañe en todo momento. Seguramente, también, si ese hijo no hubiera nacido discapacitado le hubieran pagado esa misma escuela de élite. A su vez, esta misma familia también solicitará el servicio de transporte especial, y acaso podrá comprarse una 4 x 4 franquiciada de impuestos por sacarla bajo el régimen de discapacidad. Supuestamente con esa camioneta suplirá el servicio de transporte que deba pagar el sistema de reparto. Todo esto esa familia lo tramitará ante la prepaga o la obra social sindical y ante el Estado que, si se niega, un amparo judicial les terminará dando la razón.

Tomemos ahora el caso de una familia pobre con un niño discapacitado. Seguramente esos chicos van a una escuela pública, y el discapacitado podría terminar yendo a una escuela especial estatal. También iría en micro especial al establecimiento y por supuesto esta familia no tramitaría ante el Estado la compra de una camioneta.

Es decir, a igual discapacidad: diferentes demanda de prestaciones según la escala socio económico.
Países desarrollados como muchos europeos, que te liquidan con los impuestos pero con un retorno a su ciudadanía en servicios públicos y de salud de excelencia, resolvieron este tema unificando a todo el espectro pagando un canon fijo a cada familia por hijo discapacitado. Esta jugada sin duda dejaría sin efecto la asimetría entre ambos casos: nadie dice de repartir menos; solo de equiparar pobres con ricos. Si se quisiera seguir este camino, podría el Estado apoyar concediendo créditos a tasa cero a través de sus bancos oficiales. De esta manera cualquiera podría acceder a sillas de ruedas especiales o prestaciones como equinoterapia, delfinoterapia; o demás prestaciones financiándose con recursos propios. Y el sistema seguramente pagaría solo por prestaciones efectivamente realizadas, nadie quiere pagar lo que no consume.

¿Qué valor sería ese fee fijo en nuestro país? Habría que pautarlo en dólares por obvias razones. Por citar un ejemplo: la última liquidación de la SSS –en este caso la N°52- que se hizo a todos los prestadores por Discapacidad fue de 2.824 millones de pesos; es decir que anualizado supera los 30.000 millones de pesos. Por números de los que da cuenta Infobae “el gasto promedio por beneficiario con discapacidad financiado desde el Fondo Solidario de Distribución es de 36.000 pesos (en junio 2020) y el 50% de esa cifra es para educación y transporte (unos 1.200 millones de pesos por mes)”. Justamente los dos rubros en los que recae la mayor iniquidad.

¿Por qué llegamos a estos números exorbitantes? Porque nadie controla: las obras sociales y prepagas presentan sus facturas por prescripción, pero no por prestación efectivamente dada. Esto es, por ejemplo, que si un médico prescribe 20 sesiones de alguna terapia, pero el paciente solo concurre a 10; el Estado paga por 20. Lo mismo ocurre con el servicio de transporte.

Ni Cambiemos, castigados por su fanático uso del Excel sin contemplar matices, se animó a dar esta discusión por la mala interpretación que podría venir de la oposición y de varios colectivos del sector.

Esta muestra del descontrol, ¿será el único caso en la SSS?

Y otra pregunta más global: ¿Podría ser que el dinero que se distribuye a las obras sociales alcanzaría si no se dilapidara en gastos sin control?

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