Dirigentes sindicales denuncian el intento de criminalización de la protesta en Mendoza

En medio de un clima de descontento social y tensiones económicas, varios dirigentes de la seccional Mendoza de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) quedaron imputados por “entorpecimiento de la vía pública”, por lo que denuncian que la Justicia y el Gobierno provincial intenta criminalizar la protesta social.

Según informaron desde la organización sindical, el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, la adjunta Adriana Iranzo, Roberto Podio y Romina Castro, están acusados de violar durante las protestas en 2022, el artículo 194 del Código Penal argentino, que castiga con penas de prisión de entre 3 meses y 2 años.

Los abogados que defienden a los sindicalistas argumentaron que las manifestaciones fueron ordenadas, evitando interrumpir el flujo vehicular en áreas públicas, y que la imputación no es más que “un intento de criminalizar la legítima lucha por derechos laborales”, utilizando el artículo 194 como base legal para reprimir las medidas de fuerza.

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“Estas acciones representan una peligrosa tendencia hacia la criminalización de las manifestaciones, afectando a quienes lideran la lucha por mejoras salariales y laborales en un país donde la inflación y el ajuste económico han exacerbado las tensiones sociales”, señalaron en un comunicado.

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Cabe destacar que el próximo 8 de octubre se espera que un juez resuelva las nulidades planteadas por la defensa, lo que podría llevar al caso a juicio formal, lo que ha desatado un debate más amplio sobre el derecho a la protesta social en un contexto de crecientes ajustes económicos.

Además, el gremio señaló que los fiscales Fernando Giunta y Darío Tagua, encargados de la acusación, tienen vínculos con el gobierno provincial, lo que ha generado sospechas sobre la imparcialidad del proceso, atacando el legítimo reclamo de los trabajadores y pudiendo redefinir los límites de la protesta social y su legitimidad.