Despidos masivos: «Es un achique brutal del Estado para dejar de garantizar derechos», afirmó el abogado de ATE

El abogado laboralista y letrado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Matías Cremonte, cruzó el día de hoy al gobierno de Javier Milei por la “militarización” de los edificios públicos donde el gremio convocó a asambleas, luego de que el Poder Ejecutivo decidió no renovar más de 15.000 contratos del personal administrativo.

Cremonte consideró que el ajuste de personal dispuesto por el gobierno nacional, “es un escándalo por la forma y la magnitud” y explicó que, “son muchos miles de despidos que no habían ocurrido antes de forma tan simultánea, pero además porque desde luego cada una de estas personas está viviendo una tragedia individual. Ni siquiera tienen indemnización”, advirtió.

El abogado señaló que “se trata de que cada una de esas personas cumple una función que el Estado va a dejar de cumplir, no son algunos despidos contados que además cuando lo hace otro gobierno, los reemplaza por alguien más afín. Acá son despidos masivos sin reemplazo” y agregó que “es un achique del Estado para dejar de brindar esos servicios”, alarmó.

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Cremonte subrayó que la estrategia de ATE está enfocada en la “acción colectiva”, a través del “ejercicio de los derechos constitucionales como la huelga, la manifestación y la libertad de expresión”, y remarcó que aún es pronto para encarar la judicialización de los despidos, “hay que tener en cuenta que algunos fueron notificados ayer y otros hoy, es decir que es un proceso que está en curso y comenzando”, sostuvo.

El laborista resaltó que la dificultad que afrontan los reclamos es que, “se trata de trabajadores contratados por tiempo determinado, utilizando la figura que habilita la ley que es justamente la excepción a la estabilidad del empleo público, y que se utiliza cuando hay una situación muy puntual para contratar personal sin estabilidad”, subrayó.

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A su vez, se refirió a las escenas del día de hoy, difundidas por los medios de comunicación, que mostraban al personal de las fuerzas de seguridad impidiendo el ingreso de los trabajadores a sus lugares de trabajo, “el gobierno va a argumentar que la acción de los trabajadores ingresando a sus lugares de trabajo es un delito”, afirmó.

En esa línea, Cremonte enfatizó en que el accionar del gobierno durante el día de hoy, “es una característica de este gobierno, que ya en su momento con el protocolo de seguridad consideró que se incurre en un delito, por lo que había que detener a las personas que participen en una protesta”, y recordó que en la ley “ómnibus” el Ejecutivo pretendió establecer la modificación del artículo 194 del Código Penal, para “avanzar en la criminalización de la protesta”.

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Finalmente, el abogado insistió en que lo de hoy fueron “protestas pacíficas”, llevadas a cabo por trabajadores en sus puestos de trabajo en función del “ejercicio legítimo de un derecho que se pretenderá criminalizar, pero que no constituye un delito”, indicó.