Declaran inconstitucional la ley que regula el trabajo municipal

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires declaró inconstitucionales 60 artículos del Estatuto para el Personal de Municipalidades, por considerar que “avasalla y restringe en forma desmesurada el legítimo margen de maniobra municipal”, tras el pedido del municipio de San Isidro.

El fallo judicial declara “la inconstitucionalidad de varias normas de la ley 11.757 y su consecuente inaplicabilidad» -en principio- en el municipio que dio origen al proceso judicial. El dictamen que trascendió el último viernes y que buscará extenderse a todo el territorio bonaerense, restituye a los trabajadores «derechos adquiridos» y al municipio la tan mentada «autonomía municipal».

La medida judicial, con fecha el 27 de agosto de 2014, es declarada de carácter «definitiva», lo que trabaría la posibilidad de una futura apelación. La sentencia consta de 85 páginas, y lleva la firma de los jueces: Dr. Héctor Negri; Dr. Daniel Fernando Soria, Dr. Eduardo Néstor de Lázzari, Dra. Hilda Kogan; y Dr. Eduardo Julio Pettigiani y corresponde a la causa I. 2021 caratulada «Municipalidad de San Isidro contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad Ley 11.757».

La demanda contra la Provincia es por «colisionar e infringir la norma del art. 192 inc. 3º de la Constitución provincial y el principio de supremacía de la Constitución nacional en punto a la autonomía de los municipios (arts. 5, 31 y 123 de la Constitución nacional); ello, con la extensión y alcance que a tal declaración le confiere la doctrina legal de la Suprema Corte y lo especificado en el art. 688 del Código Procesal Civil y Comercial».

Entre otros, son cuestionados los requisitos de admisibilidad para el acceso al empleo público en lo relativo a la edad máxima; concursos del personal; la imposibilidad de que los municipios puedan establecer sistemas distintos para los nombramientos; modalidad del cese de los agentes; régimen de licencias y carga horaria, entre otras particularidades.

La histórica ley 11.757 fue sancionada en diciembre 1995 y promulgada por el Poder Ejecutivo en enero del año siguiente. Durante casi dos décadas fue cuestionada por trabajadores, dirigentes y sindicatos, incluida la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que lidera Rubén “Cholo” García.

Desde 2012, la organización gremial comenzó una campaña provincial que incluyó reuniones con autoridades del gobierno provincial, diputados, intendentes, concejales, además de realizar centenares de asambleas regionales con trabajadores y dirigentes del sector para impulsar la derogación de la cuestionada ley.