En los días recientes, el INDEC comunicó que la pobreza por ingresos alcanza al 25,4% de los hogares y al 35,4% de la población, es decir, que más de uno de cada tres trabajadores tiene ingresos inferiores a 33.013 pesos para julio del 2019, es decir poco más de 7 millones de trabajadores.
Con anterioridad nos había informado que el desempleo durante el mismo período, primer semestre del 2019, había sido del 10,6% de esa misma población.
Me permito jugar, con la imprecisión propia de escribir al vuelo de la lectura, con esos difíciles números:
Si ambas cifras operan sobre el mismo universo poblacional, y efectivamente así lo hacen, podemos decir que la mayoría de los casos de pobreza no responden a la pérdida del empleo sino a la insuficiencia de éste para proveer los recursos para salir de ella.
Despejado el 10,6% de desempleo y presumiendo que esas personas no perciben 33.013 pesos mensuales, la tasa de pobreza por ingresos resultante es la de las personas ocupadas con ingresos insuficientes, lo que nos da deja un 24,8% de pobres.
Según la misma fuente, el 11,7% (2.300.000 personas) de esa población es subocupada horaria, es decir personas que trabajan pero con una jornada menor a 35 horas (media jornada, franqueros, etc.), la que podemos estimar permite ingresos inferiores a la canasta básica.
Nos queda un 13,1% con jornada de trabajo normal e ingresos que no le permiten salir de la pobreza.
¿Quiénes integran esos pobres que trabajan? Un 4,7% son trabajadores registrados, es decir, alcanzados por contratos formales y posiblemente, por convenios colectivos.
Como ejemplo, un salario mínimo convencional de maestranza (Comercio) es de 24.708 pesos, es decir, un 75% de la canasta básica.
Si se toma la escala del sindicato de maestranza para el mismo período, nos da un sueldo de bolsillo de 19735 pesos equivalente a un 60% de la canasta.
En el caso de vigiladores, el sueldo básico es de 14.256 pesos, cubriendo el 44%.
Un ayudante de la construcción alcanza a un salario (200 horas) de pesos 15.645 igual a un 48%.
En sanidad, una enfermera de piso percibe de bolsillo 20.655 pesos cubriendo un 63% de la canasta.
Si tomamos un salario de bolsillo básico del peón rural de 19.500 pesos veremos que cubre el 60%.
Nos queda un 8,4% de personas que trabajan y no superan la canasta de pobreza, cumpliendo una jornada normal de trabajo.
Este grupo está compuesto por trabajadores de jornada completa sin aportes, a los que a los fines de este ejercicio les aplicaremos como valor de referencia el salario mínimo vital y móvil que el Consejo del Salario estableció (aunque no acordó) lo que implica asignarles 15.600 pesos, es decir, algo menos del 50%.
Así que tenemos los siguientes grupos de pobres:
A) Los desempleados (10,6%)
B) Los subocupados horarios (11,7%)
C) Ocupados plenos registrados (4,7%)
D) Ocupados plenos no registrados (8,4%)
Ahí están las cuatro maneras principales de ser pobre entre aquellos que quieren tener trabajo.
Si quisiéramos reducir la pobreza en base a estos datos, la respuesta obvia sería proceder a mejorar los ingresos de cada sector según su tipo de problema, los que nos lleva a pensar, sin que sean mejor que otras propuestas, en cuatro proposiciones:
El caso D) es el de los trabajadores que tienen un empleo a tiempo completo pero no registrado, lo que requiere de un programa de fiscalización serio e integral que en primer lugar incorpore a ese universo al trabajo registrado. Resulta llamativo que los reclamos empresarios para mejorar la competitividad nunca menciona el trabajo en negro que es una forma de disminuir el “costo laboral” violando la ley.
El “empleo en negro” es una forma irregular de financiamiento de la actividad económica, ya que de cada 100 pesos de salario 34 van al fisco. Esa evasión financia al evasor en detrimento del empresario que se somete al cumplimiento de la ley.
Si se combatiera el empleo irregular, el grupo D) se distribuirá en los otros tres grupos y en muchos casos, en razón de la aplicación de los convenios colectivos, los pondrá en niveles salariales superiores a la canasta básica, lo que nos permiten suponer de por sí un descenso del índice. Cualquiera sea la opción elegida, este problema de pobreza requiere previamente dar la pelea contra la informalidad -hacer visible lo invisibilizando- y luego resolverlos dentro del campo de las otras clasificaciones.
El grupo C) es resultado de una insuficiente ejercicio negocial: en muchos supuestos, si al salario básico se le suman adicionales (presentismo, antigüedad, puntualidad, etc.) y los rubros “no remunerativos” nos acercarán al nivel de la canasta básica. (pero ya no sería un salario mínimo como exige la ley…)
Si en un programa de emergencia de los tantos que los gobiernos son afines a aplicar parches eximiendo a los empleadores de sus aportes tuvieran igual conducta con los salarios iniciales de las escalas convencionales, este grupo saldría del cálculo de la pobreza casi íntegramente al sumar esa retención (17%) a su bolsillo.
Promediando los salarios de convenio sin retenciones, el aporte necesario para salir de la pobreza se acerca bastante al “bono” propuesto por el gobierno (cerca de 6000 pesos).
Hasta aquí y casi exclusivamente, una de las herramientas de reducción de la pobreza está en manos de las organizaciones sindicales y del Poder de policía del Estado: fiscalizar y negociar.
En este segundo ítem (grupo C) es necesario repensar la práctica de la negociación colectiva en el país: no es por falta de ejercicio (se celebraron en promedio 3 acuerdos por día durante el año anterior y el ritmo se cuadruplicó durante este primer semestre según el observatorio de la negociación colectiva) sino – probablemente- por la calidad de la información -no es habitual la exigencia del balance social como habilita la ley 25.877- y por el parámetro para fijar salarios: el ajuste por inflación corre siempre detrás del perjuicio y es un indicador que “repara” pero que no “distribuye”. Me explico: en épocas de vacas flacas, el ajuste por inflación repara la pérdida, pero en momentos de vacas gordas, te deja fuera del crecimiento del mercado y de la productividad.
Nos quedaría un 22% de pobreza, de la cual la mitad es empleo pobre por subocupación horaria. (B)
De esa mitad, 3.5% no demanda mayor tiempo de trabajo, probablemente por ser casos de tareas complementarias del grupo familiar, estudiantes, pasantes, etc. a los fines de este trabajo, bajo a excluirla del ejercicio, y entonces calcularemos el grupo B que nos quedaría en 8,2%.
Si tomamos como hipótesis que la subocupación es la jornada inferior a 35 horas semanales, un subsidio horario que complete el ingreso hasta 48 horas (8.600 pesos) podría satisfacer las necesidades de ambas partes de la relación laboral.
¿El costo? 60.000 millones de pesos anuales (9,41% del presupuesto que se destina a planes sociales).
El caso crítico es el que se nos impone en el grupo A, desempleados, 10,6%. O en números, 1.900.000 personas.
Permítanme aquí volver al tema del salario mínimo vital y móvil: la ley 24.013 establece, a partir de su título IV (arts. 111 y ss.) un “sistema integral de prestaciones por desempleo” y establece un monto de la prestación por desempleo fijada por el Consejo del Salario (art.118 y 135 inciso b de la ley 24.013).
Para el mismo período considerado en el informe, la prestación por desempleo es de 12.500 pesos. Hablamos de 288.000 millones anuales (el 45 % del monto dedicado a los planes sociales) .
Un capítulo aparte debería ser el análisis de los planes sociales: siguiendo el informe publicado por IDESA, se puede afirmar que la falta de recursos no debería ser un factor causal de las altas tasas de pobreza que posee el país.
• Solo con las transferencias provenientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social destinadas a los programas de Apoyo al Empleo, Políticas Alimentarias, Proyectos Productivos Comunitarios y Asignaciones Familiares, las familias podrían alcanzar a cubrir el ingreso monetario mensual necesario para salir de la pobreza.
• Si se agregan las transferencias provinciales destinadas a promoción y asistencia social la brecha se reduce aún más.
• La pobreza por ingresos insuficientes derivada de la asistencia social (nacional, provincial, municipal) no se debe a una falta de recursos sino a una mala distribución y focalización de los mismos.
Entonces, recapitulando:
1.- Crear empleo por sí mismo no necesariamente combate la pobreza. Se puede tener empleo y seguir siendo pobre indefinidamente.
2.- La negociación colectiva, que debería ser el principal mecanismo de distribución de la riqueza, no opera automáticamente, y requiere en alguno de sus segmentos un cambio de enfoque, un giro de calidad en su contenido.
3.- La persistencia en el tiempo del empleo en negro explica una gran parte de la pobreza, y en ese caso, la inspección y la policía del trabajo puede ser una herramienta eficaz.
4.- El Consejo del Salario puede -y debería ser- una herramienta de trabajo contra la pobreza básicamente en tres de sus funciones: fijar un salario mínimo (¿o varios? ) que esté en línea con la canasta de pobreza, formular una canasta de pobreza (¿o varias?) y un subsidio de desempleo (¿un pichón de salario universal?) que complete las herramientas que repasamos -muy al vuelo- en este informe.
