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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Conflicto Docente: un diálogo de uno

Por Raúl Ferrara, columnista de Mundo Gremial.

Mundo Gremial

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Decía Paulo Freire en su “Pedagogía del oprimido” (1970) que “El diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza”. A casi 50 años de aquella obra de uno de los grandes a maestros de la pedagogía moderna el gobierno de la Alianza CAMBIEMOS, ha redefinido al dialogo en un sentido exactamente opuesto. Tal vez la mayor ironía es que lo hace justamente con el colectivo docente, es decir aquel para quien lo pedagogía ocupa un rol central.

A poco de iniciar el mes de septiembre el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires sigue sin encausarse y la conducta del gobierno provincial, lejos de procurar la búsqueda de soluciones aceptables para el Frente docente, insiste en las provocaciones.

Hace pocas semanas, en el reinicio del ciclo lectivo luego del receso invernal, y frente a la falta de respuesta a los reclamos, los gremios anunciaron medidas de fuerzas a las cuales el gobierno les respondió con el dictado de una novedosa conciliación obligatoria. Lo novedoso no era la utilización de la herramienta administrativa que pone un paréntesis temporal al conflicto, sino sus fundamentos y las condiciones de su ejecución.

En lo que respecta a sus fundamentos la disposición de la cartera laboral bonaerense introduce “por la ventana” la cuestión de la esencialidad del servicio de educación y, además, luego de irrogarse facultades de interprete de la Constitución Nacional, concluye que frente al conflicto entre el derecho constitucional de huelga y el de educación, debe primar este último. Este peligroso análisis, parece ser la punta de lanza para avanzar en la restricción del derecho de huelga, dándole a la educación igual tratamiento que los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. La diferencia es evidente pues la esencialidad de un servicio que habilita límites al derecho de huelga requiere que exista el peligro para la vida, la salud o la seguridad de la población. EL DIALOGO NO DOMESTICA

En lo relativo a las condiciones de su ejecución, el gobierno provincial dispuso el cese de las medidas retrotrayendo el estado del conflicto al momento anterior a su inicio (es decir antes de la apertura de la negociación paritaria a comienzos de 2018), pero con una particularidad: impuso esa obligación solo a los docentes, a quienes además controló efectivamente desplegando a los inspectores laborales por toda la provincia. La parcialidad de una medida que debería ser imparcial queda en evidencia ante la omisión de ordenar a la Dirección General de Escuela el pago de los salarios caídos por los días de paro desarrollados desde el mes de febrero de 2018.  EL DIALOGO NO MANIPULA.

Inmediatamente, uno de los gremios del Frente Docente, SUTEBA, anuncia su adhesión a una medida de orden nacional dispuesta por la central CTERA contra la cual el estado provincial nada podía disponer. Sin embargo, el CEO de la cartera bonaerense Marcelo Villegas, anunció con bombos y platillos la “decisión” de aplicar una multa al gremio de más de $ 600 millones. Cabe preguntarnos, casi inocentemente, ¿es la aplicación de una multa el resultado de una “decisión” política tomada antes sustanciarse un proceso administrativo o, en cambio, debería ser la conclusión razonada, fundada y probada de una violación del régimen jurídico vigente en la que quien va a decidir “como si fuera un juez” decide debe abstenerse de emitir opinión anticipada? ¿Quién viola la ley: el que ejerce un derecho constitucional o el que “aprieta” a los huelguistas con la amenaza con multas? EL DIALOGO NO IMPONE

La vorágine cotidiana nos impuso inmediatamente circunstancias trágicas como la pérdida de la vida de dos trabajadores de la educación en la localidad de Moreno por la deficiente infraestructura escolar. Lejos de hacerse cargo de su responsabilidad y abordar el tema con el respeto que merecía la comunidad educativa y la familia de las víctimas, el gobierno bonaerense delegó primero responsabilidades en la comuna y acusó a los gremios de politizar la tragedia.

Mientras tanto, transcurría el plazo de la conciliación obligatoria, sin que existiera por parte la gobernadora vocación real de encontrar una respuesta positiva al reclamo salarial docente.

La última semana trajo novedades para el conflicto. Por un lado, la justicia laboral, admitió cautelarmente la petición de SUTEBA y prohibió al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires avanzar en la aplicación de las preanunciadas sanciones al gremio. Por el otro, se llevó adelante una nueva reunión paritaria, con un nuevo estrepitoso fracaso de la negociación. El infaltable ribete provocador del gobierno estuvo dado por el intento de “desalojo” de la reunión de un docente de la escuela de Moreno en la que había ocurrido la explosión unos días antes, que iba a participar como asesor de SUTEBA.

Lo cierto es que la propuesta del 19% de aumento a cobrar recién en septiembre, con más una suma de $210 para material didáctico, a 9 meses del inicio del conflicto, con una inflación acumulada a julio de 19,6% según índices oficiales y una proyección inflacionaria anual cercana al 35% resultaba casi ofensiva…. y la respuesta no se hizo esperar.

El Frente Gremial Docente anunció nuevo paro para esta semana los días martes, miércoles y jueves y se espera un alto grado de acatamiento. En el humor social cada vez cierran menos las excusas que esgrimen los funcionarios de Vidal, en las que tratan de ocultar la realidad: el feroz ajuste de CAMBIEMOS en educación.

Parecía que la semana terminaba sin más novedades en el ya conflicto recórd, pero nuevamente los funcionarios bonaerenses siguieron echando nafta al fuego. ¿Inexplicablemente? quien debe tratar de conciliar las partes en conflicto desde una posición imparcial, acusó a los gremios de convocar a “una medida desproporcionada y descomunal”.

¿Puede calificarse de esa forma una medida que goza de protección constitucional y que es adoptada tras 9 meses de conflicto frente a una vergonzante propuesta salarial que ya fue superada por la inflación en el mes de julio?

¿Es de buen conciliador efectuar ese tipo de declaraciones mediáticas?

Como decía Freire EL DIALOGO NO ESLOGANIZA.

Empezamos una semana que traerá nuevas medidas y una nueva oportunidad para que la Gobernadora Vidal decida si realmente quiere encontrar una solución al conflicto docente por la vía de un dialogo sincero, constructivo y productivo o si, por el contrario, seguirá haciendo gala y culto a su DIALOGO, el que IMPONE, MANIPULA, DOMESTICA y ESLOGANIZA.

[1] Es abogado laboralista y docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ. Se ha desempeñado como Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, ha sido además consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Regularización de Trabajadores Informales: un proyecto de blanqueo que destiñe

Por Raúl Ferrara, abogado laboralista, docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ y columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Dentro del repertorio de frases populares hay una que podría definir la insistencia del gobierno en promover un régimen general de regularización de trabajadores informarles… la archi conocida: “No hay dos sin tres”.

Recordemos que el ejecutivo a través del otrora Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social encabezado entonces por el Lic. Jorge Triaca y envalentonado con el victorioso resultado electoral de 2017, envió un proyecto ómnibus de reforma laboral que recorría variados institutos del derecho del trabajo pero que, en particular, destinaba uno de sus capítulos a la informalidad laboral y la evasión en la seguridad social.

El enorme costo político de la sanción de la reforma previsional en medio de los tristes episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso Nacional sumados al fuerte rechazo de los sectores más combativos del sindicalismo y de duros cuestionamientos por parte de jueces del trabajo y abogados laboralistas obligaron al gobierno a resignar su deseo de obtener el triplete de Reforma de Previsional, Laboral y del Sistema de Riesgos de Trabajo en 2017.

Ya en 2018, la estrategia del gobierno tránsito otro carril, pero el mismo sentido de circulación: tomó el proyecto original, eliminó algunos institutos, efectuó otras correcciones menores y lo dividió en 3 proyectos distintos (de dudosa técnica legislativa) que fueron ingresados hace casi un año por el Senador Pinedo.

La controversia se mantuvo durante todo 2018 y ninguno de los tres proyectos logró los consensos en los sectores políticos, sindicales y académicos. En el medio se produjo la salida de Triaca, la degradación del área laboral y su subordinación a la cartera de producción, ocupando el centro de la escena la estrella emergente del gabinete Dante Sica.

En este año electoral y con el FMI condicionando los desembolsos a la implementación de medidas de ajuste, el gobierno parece decidido a no aceptar una nueva derrota y optó por acotar aún más el alcance de las versiones 2017 y 2018, para lo cual el pasado viernes 05 de abril, por medio del Senador Basualdo, ingresó el proyecto que denominó como de “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral

En términos generales, el proyecto recrea la lógica de los anteriores: establecer un periodo de un año para que los empleadores que tienen trabajadores informales los registren, para lo cual establece incentivos y beneficios de distinto calibre.

Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos?, ¿quién los financia? ¿qué diferencias existen con los proyectos anteriores para que el gobierno considere que en este caso logrará la ansiada aprobación?

En primer lugar, repite los incentivos que contemplaban los proyectos 2017 y 2018: extinción de la acción penal por evasión previsional y de todas las multas en cualquier estado por emplear trabajadores en negro, baja del REPSAL y condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social de los trabajadores que se regularizan.

A diferencia de los proyectos anteriores, que establecían condonación total durante los primeros 180 días de vigencia y parcial (70%) durante los 180 días siguientes, el nuevo proyecto establece la condonación total durante el año de vigencia del sistema.

A este nada despreciable perdón total de deudas le agrega la “Promo 2019”: el beneficio de eximir al empleador por dos años de abonar contribuciones respecto de los trabajadores que se regularizan. Ud. se preguntará: ¿y con el trabajador que pasa?

Claramente la primera consecuencia es que pasa a estar “en blanco”, es decir registrado con acceso a la seguridad social. Recordemos que, en el país, aprox. el 50% del empleo privado se da en situaciones de informalidad.

Sin embargo, el proyecto 2019 mantiene el tope de 60 meses al reconocimiento a los fines previsionales del trabajador regularizado. Es decir que los trabajadores con mas de 5 años de trabajo en negro serán quienes en gran medida “subsidien” con ese límite arbitrario el blanqueo de las deudas de sus empleadores.

Se destaca como una mejora que el reconocimiento se realiza sobre la base del salario promedio inicial de convenio colectivo aplicable mientras que en los proyectos anteriores apenas lo era sobre el devaluado Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Junto a estas modificaciones se agregan otras relacionadas con el régimen de agravamientos indemnizatorios que contempla la Ley 24013 para el trabajo informal, otras con el sistema de otorgamiento de certificados de trabajo y otras con la incorporación de un régimen de exención de contribuciones patronales por dos años a todos los nuevos puestos de trabajo.

Con estos datos podemos sostener que el proyecto del Senador Basualdo, incurre en los mismos errores y omisiones de los proyectos anteriores. Por un lado, exagera en los beneficios otorgados al evasor sin que se advierta un correlato u equilibrio con los beneficios que se le reconocen al trabajador. La muestra acabada de ello es que mientras al empleador se le licua toda la deuda de todos los periodos y se le otorga el beneficio adicional de 2 años de exención de contribuciones futuras, al trabajador se le pone un tope temporal y salarial al reconocimiento de derechos.

Pero lo que es más grave: el proyecto no contempla ningún resguardo para evitar que el trabajador “blanqueado a costo cero” sea despedido al día siguiente de regularizado en el marco de la ley.

La inexistencia de una prohibición de despido por un periodo determinado de ese trabajador (y que razonablemente debería tener alguna relación con su antigüedad real) es la llave maestra de un mecanismo creado más para licuar deudas previsionales que para la regularización de trabajadores informales. En estas cuestiones no hay margen para la ingenuidad y menos aun cuando todos los indicadores laborales señalan que este año el desempleo seguirá creciendo, superando cómodamente los dos dígitos.

En cualquier caso, y aun cuando se corrigieran estos aspectos del proyecto, lo cierto es que el gobierno sigue proponiendo medidas que por un lado no atacan la enfermedad sino los síntomas y por el otro van a destiempo de la realidad. Pretender resolver el problema de un trabajo informal que alcanza el 35% (50% si tomamos solo al sector privado) con un sistema de incentivos es hacer voluntarismo. La verdadera batalla contra el empleo en negro debe darse combatiendo a la economía en negro de la cual es uno de sus síntomas, sin que el proyecto contenga una sola medida en ese sentido.

Y, por otro lado, proponer incentivos para la formalización de trabajadores con una economía recesiva e inflacionaria, que cada día crea más desocupados y en la que cierran 30 Pymes por día parece una ironía o un cinismo supino: nadie blanquea trabajadores si esta pensando en cerrar o reducir plantel salvo que justamente lo haga para despedir a bajo costo, como ya analizamos más arriba.

En definitiva, veremos si este nuevo proyecto de cambiemos sigue la suerte de los anteriores o si, como dice también el refrán popular: “La tercera es la vencida”.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Así es el proyecto de blanqueo laboral que comienza a tratar el Senado

Es una iniciativa del senador oficialista Roberto Basualdo. Contiene 21 artículos y empieza a ser debatido en Comisiones. Qué propone.

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Desde las 16, el Senado de la Nación comenzará a tratar el proyecto de blanqueo laboral impulsado por el oficialismo.

El debate se iniciará en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y en la de Presupuesto y Hacienda, con participación de representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El proyecto de ley fue titulado “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral” y fue presentado por el senador de Cambiemos, Roberto Basualdo.

Tiene como objetivo blanquear el empleo no registrado, impulsar la creación de nuevos puestos y reducir la litigiosidad.

Entre sus 21 puntos, la iniciativa legislativa propone otorgar un plazo de 365 días a los empresarios para blanquear trabajadores a cambio de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios.

A su vez, a los empleadores que contraten personal dentro del año desde la aprobación de la ley se les reducirán por dos años los aportes y contribuciones.

También plantea que se exima de multas a los empresarios y se los retire del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) si registran empleados.

Con respecto al trabajador, se le computarán hasta cinco años de aporte o la menor cantidad de meses por las que se los regularice.

Estos serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del convenio colectivo de trabajo del que se trate, establece el inciso d del artículo 2° del proyecto.

Para reducir la litigiosidad la norma establece el salario mínimo como unidad de medida para fijar el monto de una multa.

De esta forma al ser sencilla de calcular y unívoca no existe la necesidad de resolverla en la justicia.

EL PROYECTO DE LEY DE BLANQUEO LABORAL

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La Juventud en la actualidad sindical

Por José Altamirano, delegado del Sindicato de Pasteleros y columnista de Mundo Gremial.

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De un tiempo a esta parte, los sindicatos han venido dando muestras notables de haber comprendido seriamente las palabras sabias de Juan Domingo Perón, cuando hablaba del trasvasamiento generacional, dando lugar a la formación constante de cuerpos de delegados y dirigentes cada vez más jóvenes.

El hecho que suele pasar por inadvertido en el día a día, no hace más que fortalecer el camino emprendido cada vez por más organizaciones gremiales, que entienden que la oxigenación que se consigue incorporando y dando lugar a los jóvenes trabajadores en los gremios ayuda al crecimiento institucional, acerca visiones más frescas de la realidad actual y amplían las posibilidades comunicacionales de manera exponencial con la sociedad en su conjunto.

De más esta decir que se ha podido observar que los espacios de juventudes sindicales han sido protagonistas en las últimas luchas y reclamos sociales de manera constante, muchas veces dando comienzo a medidas después acompañadas de manera general, siendo pioneros y también acompañando cada decisión tomada por la dirigencia gremial.

Ejemplos de sus participaciones son los casos que han sido de gran notoriedad como: la marcha contra la reforma previsional, las reiteradas manifestaciones en contra del tarifazo que han tenido lugar en el centro de la ciudad de Buenos Aires, han llevado hasta la Secretaria de Trabajo la preocupación que sienten los jóvenes al momento de querer ingresar al mercado laboral y no encontrar espacio; y la que parece ser la batalla del tiempo que nos toca, resistiendo la precarización laboral que buscan imponer desde las economías de aplicaciones, en el aeropuerto de Palomar movilizando contra Fly Bondi y apoyando y acompañando los despedidos por la empresa Pedidos Ya, desde el primer momento.

Como decía el Gral. Perón, no se trata de tirar un viejo por la ventana cada día, ni cerrar los sindicatos al ingreso de nuevos compañeros, sino de trabajar en conjunto cada jornada para comprender y enseñar, para poder seguir en defensa del modelo sindical argentino, baluarte y estandarte digno de encontrar a todos los trabajadores unidos en la misma causa nacional.

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