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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Argentina

Un nuevo informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico demostró que los trabajadores inmigrantes podrían contribuir más a la economía argentina.

Mundo Gremial

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Un informe conjunto del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó que si se aprovecharan sus competencias y con políticas públicas adecuadas, los inmigrantes podrían contribuir aún más al fortalecimiento de la economía nacional.

Con una larga historia compartida, la relación entre Argentina y los inmigrantes continúa en el presente. En la actualidad, los inmigrantes representan menos del cinco por ciento de la población del país y su rol en la economía nacional es menor al registrado durante la primera mitad del siglo XX. Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Argentina, aporta una nueva mirada sobre el tema y recomienda políticas para aumentar la contribución de estos trabajadores.

El informe, dado a conocer en el ex Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, presenta un análisis sin precedentes sobre los aportes de estos trabajadores en tres áreas de la economía nacional: mercados laborales, crecimiento económico y finanzas públicas. Demuestra que los resultados del mercado laboral de nativos y de extranjeros no son muy diferentes. La participación de la fuerza laboral es casi igual, mientras que la tasa de desempleo de los inmigrantes es apenas inferior. Sin embargo, la informalidad y el autoempleo se dan con mayor frecuencia entre los inmigrantes, quienes, en promedio, ganan menos que los nativos.

Para el director de la OIT en Argentina, Pedro Américo Furtado de Oliveira, “es posible aprovechar aún más el impacto positivo de los trabajadores inmigrantes en la economía del país, por lo que es estratégico avanzar en políticas integrales basadas en los principios del trabajo decente”.

Si bien Argentina aún no ha ratificado el convenio 143 de la OIT, enfocado en la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, el funcionario consideró: “El tejido sociocultural y la riqueza del país fue construido y sigue consolidándose gracias a los diversos flujos migratorios, probablemente porque Argentina cuenta con una de las políticas que más protegen a las poblaciones extranjeras y dan la posibilidad de una vida digna con trabajo decente”.

“Las políticas migratorias efectivas en Argentina y la apertura hacia los inmigrantes reflejan la comprensión de sus contribuciones positivas. Esperamos que este estudio basado en evidencia continúe a respaldar los logros del país y la integración de los migrantes”, dijo Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, quien presentó el informe. La presentación contó también con la participación de Graciela Guzmán, secretaria de Promoción, Proyección y Cambio Tecnológico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El informe evalúa si la presencia de trabajadores extranjeros ha beneficiado o perjudicado las oportunidades de empleo de los trabajadores nacidos en Argentina. Al respecto, sugiere que la inmigración no suele asociarse con la pérdida de empleo o la reducción de ingresos entre la población autóctona. De hecho, los ingresos de quienes nacieron en Argentina y son graduados universitarios parecen incrementarse cuando hay un mayor número de extranjeros con título de grado. A su vez, las mujeres nativas menos calificadas tienen una mayor probabilidad de incorporarse a la fuerza laboral cuando más mujeres inmigrantes de diversos países latinoamericanos residen en su localidad. No obstante, el informe también señala que, al parecer, mientras mayor es la cantidad de inmigrantes, un porcentaje más alto de trabajadores autóctonos tiende a desempeñarse de manera autónoma o como trabajadores familiares auxiliares, o bien pueden reducirse los ingresos de los trabajadores nativos poco calificados.

En Argentina, se estima que los trabajadores extranjeros contribuyen con alrededor de un cuatro por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). La cifra está por encima del porcentaje de población que representan los inmigrantes en zonas urbanas, pero por debajo de su proporción en la fuerza de trabajo. Con más frecuencia, los inmigrantes se desempeñan en sectores con un menor valor agregado por trabajador. Además, poseen en promedio un menor nivel educativo y menores salarios.

De acuerdo con el informe, y bajo ciertos supuestos, los inmigrantes hicieron una contribución fiscal neta positiva durante 2013, el último año con información disponible. En promedio, esa contribución representó entre el -1 y el 2 % del PBI per cápita. Si bien esta contribución fue menor a la observada para el promedio de los nativos, en parte debido a una alta sobrerrepresentación de adultos mayores entre los inmigrantes, el dato muestra que los trabajadores extranjeros no representaron una carga fiscal significativa durante ese año.

Recomendaciones para el diseño de políticas

Según el informe, los efectos de la inmigración en términos de resultados del mercado laboral de los trabajadores nativos, finanzas públicas y crecimiento económico en Argentina son relativamente limitados. Hay margen para incrementar aún más la contribución de los inmigrantes a través de mejoras en las políticas vigentes, basadas en las siguientes recomendaciones:

· Dar mayor atención a las brechas de integración. La relativamente alta integración de los inmigrantes al mercado de trabajo no debe ocultar el hecho de que su vulnerabilidad puede ser más elevada que la del grueso de la población. Hay margen para intervenir sobre las brechas salariales y de desempeño educativo entre personas autóctonas y extranjeras.

· Crear un ambiente atractivo para los inmigrantes altamente calificados. Las personas con mayores niveles educativos tienen una mayor contribución fiscal neta y podrían generar un mayor impacto positivo en la productividad. Lejos de perjudicar a los graduados universitarios nacidos en el país, aumentar el número de inmigrantes altamente calificados podría incluso mejorar sus ingresos laborales.

· Reducir la informalidad laboral. Intervenir con políticas para disminuir el empleo informal sería un beneficio para la totalidad de la economía y podría aumentar la contribución fiscal y el trabajo de los inmigrantes tanto nativos como extranjeros.

· Integrar la migración en la planificación de políticas sectoriales no migratorias. Una agenda coherente de políticas públicas contribuiría a que los países destino, como Argentina, puedan beneficiarse totalmente de la inmigración.

El especialista en migraciones de la OIT, Guillermo Dema, explicó que los trabajadores migrantes “contribuyen con el crecimiento y desarrollo de los países de origen y de destino, pese a lo cual muchos trabajadores migrantes no disfrutan de un trabajo decente”. En esa línea, consideró que para aprovechar los beneficios y reducir los costos de la migración, “es fundamental la buena gobernanza, concebida desde un enfoque de derechos, que aborde los deficits de trabajo decente de los migrantes y las necesidades del mercado de trabajo”.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

¿A quién afecta más la crisis?

Por Leandro Moro, columnista de Mundo Gremial.

Mundo Gremial

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Las sucesiones de corridas cambiarias en los últimos meses puso de relieve los fuertes desequilibrios económicos existentes en Argentina producto de la mala gestión de la política económica, si bien el detonante fue una situación financiera, los efectos son reales y palpables en el nivel de actividad.

En buena medida la aceleración inflacionaria y las distorsiones de precios relativos aparejados por la escalada del dólar trajeron a la economía perturbaciones que generaron fuertes impactos no solo en el lado financiero de la economía, sino en la parte real, relacionada a la producción y el trabajo.

De acuerdo a la última publicación del estimador mensual de actividad económica (EMAE) del INDEC, la caída en la producción de bienes y servicios de Julio de 2018 al mismo mes de 2017 fue de 6,7%, liderada por los rubros “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-31%)”, “Pesca (-16%) “Industria manufacturera (-7,8%)” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-8,4%)”, es decir, en buena medida por los productores de alimentos, la venta minorista y la producción de bienes industriales.

Por el otro lado, los sectores “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+2,3%)”, “Intermediación financiera (+4,6%) ”, “Explotación de minas y canteras (+4,9%)” y “Electricidad, Agua y Gas (+4,3%)” son los sectores que han reaccionado positivamente a la crisis.

En términos del mercado de trabajo, se ha mostrando un sesgo de empeoramiento hacia los sectores de mayor empleo de trabajadores, de manera tal que el primer grupo de sectores, el perdedor, aglutina a aproximadamente 1/3 del total de los trabajadores en actividad.

Según el indicador de “Utilización de la capacidad instalada en la industria” (INDEC), el uso de la misma muestra una caída de 5 puntos porcentuales interanuales respecto a julio del año anterior, pasando de 65,1% a 60,1%, es decir que se están utilizando instalaciones y equipos para la producción de bienes y servicios en un nivel significativamente inferior a lo ocurrido en 2017, lo que también sugiere un aumento del desempleo del factor trabajo.

Así, si se toman los datos resultantes de la Encuesta Permanente de Hogares, publicado también por el INDEC el desempleo durante el segundo trimestre del año en curso arroja resultados preocupantes: El 9,6% de la fuerza laboral no encuentra empleo, es decir un 0,5% superior al primer trimestre y un 0,9% respecto al mismo período de 2017, lo que constituye el valor más elevado de los últimos 10 años.

Consecuentemente, la crisis cambiaria y su impacto en la actividad económica están mostrando fuertes efectos en el mercado de trabajo, que recibe fuerte el shock, no solo sobre la pérdida de poder adquisitivo, sino que además mediante la contracción de los puestos de trabajo, generando aun más desempleo y pobreza.

En definitiva, con un Estado que producto de la mala gestión de la política económica, mediante la necesidad de ajustes frecuentes, shockea los salarios reales y la actividad mediante fuertes devaluaciones y crisis, la recuperación de los ingresos y  la estabilidad parecen cada vez más alejada.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Movimientos de tablero

Por Raúl Ferrara, columnista de Mundo Gremial.

Mundo Gremial

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Hace dos semanas nos referíamos a la, hasta ese momento, “Semana Negra” del gobierno de la Alianza CAMBIEMOS, refiriéndonos a la confluencia en una crisis económica, financiera, política e institucional sin antecedentes en la gestión del presidente Macri y que se había iniciado unas cuantas semanas antes.

No fue casual que el oficialismo insistiera en el uso de términos como “tormenta”, “tormentón” o “turbulencias” echando mano a la etimología en auxilio de su propio fracaso. En primer lugar, un episodio meteorológico responde, como regla, a factores externos a la conducta del hombre. En segundo lugar, el fenómeno “tormenta”, “tormentón” o “turbulencia” es, naturalmente, violento, pero relativamente efímero.

No hace falta ser un erudito para entender que no ha sido casual el uso de esos términos, pues responde a una clara estrategia comunicacional de inducir en el receptor del mensaje la falta de responsabilidad del propio gobierno, la resignación ante los necesarios daños que implica y la esperanza de que terminará pronto.

Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos por responsabilizar al pasado populista, a la corrupción K y sus cuadernos borgeanos, a la sequía, a la guerra comercial de China y EEUU, a la crisis de los países emergentes, al club del helicóptero y a cualquier factor ajeno que fuera útil para la causa, la realidad se impone y la percepción y el humor social, inundados de tanta tormenta, parecen haber alcanzado el límite de permeabilidad al Relato M. La extensión de las metas del ajuste previsto me permite afirmar que enfrentamos un diluvio de dimensiones bíblicas y que en el arca de Mauricio hay espacio para unos pocos… los de siempre.

Ahora bien, en el mundo del sindicalismo se empiezan a detectar los movimientos propios del fin de ciclo, algunos casi imperceptibles o subterráneos, dando cuenta de esa realidad que se viene.

La radiografía sindical de los primeros dos años de gobierno de CAMBIEMOS estuvo marcada por una relativa y tensa estabilidad. El confederal del que emergió el Triunvirato CGTista Daer-Acuña-Schmid en agosto de 2016, también marcó el nacimiento de una cuarta vertiente sin cargos y marcada posición opositora, denominada Corriente Federal de Trabajadores. Encabezada por el líder bancario Sergio Palazzo estuvo acompañada desde sus inicios por el curtidor y luego diputado nacional por Unidad Ciudadana Walter Correa y un núcleo de casi 50 organizaciones y toma la posta del combativo MTA de los años 90. La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky transitó un camino de acciones muy similar a la Corriente Federal, con la que comparten una agenda política, mientras que la agenda de la CTA Autónoma estuvo condicionada por las peleas internas por la conducción de la central.

Por otro lado, el sindicalismo oficialista encabezado por el fallecido dirigente de la UATRE, Gerónimo “Momo” Venegas, se quedó con la conducción de las históricas “62 Organizaciones Peronistas”, nacidas como brazo político del sindicalismo peronista, desde la cual articuló las acciones político-sindicales con su Partido FE, integrante de la Alianza CAMBIEMOS.

Si bien es cierto que el triunvirato cegetista nació con tensiones casi irreconciliables en su seno y en sus dos años de existencia sufrió una perdida sistemática de poder interno, ha sobrevivido mucho más tiempo del esperado.

No sorprende que quienes asumieron desde el inicio de la gestión de Macri ese rol opositor fueron engrosando sus filas y articulando acciones, debiendo destacarse la reciente presentación del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESIMONA) integrado por el SMATA, Camioneros y la Corriente Federal, en el que esta semana han confluido la CTA-Trabajadores y la CTA-Autónoma y que tendrá su lanzamiento formal el jueves 20 de septiembre en Ferro. Pareciera que el mayor desafío será que la heterogeneidad de origen y de composición no impida sintetizar una agenda programática común.

Mientras no sorprende esa convergencia de los opositores, un dato novedoso son las señales de otros sectores del sindicalismo a la sociedad para no ser visualizados como responsables, cómplices o testigos pasivos del ajuste que se viene. Las primeras se dieron en el marco de la breve intervención del PJ por Luis Barrionuevo, que determinó la primera fractura de las “62 Organizaciones Peronistas” ya conducidas por el sucesor de Venegas, Ramón Ayala, al convocar a elecciones para el mes de agosto de este año.

Mas allá de la controversia jurídica sobre la titularidad del histórico y emblemático sello, lo cierto es que se conformó un nuevo espacio de poder político sindical de aproximadamente 50 gremios, con aparente perfil opositor y que surge de un desprendimiento del armado oficialista del dirigente rural y algunas incorporaciones.

Estas ¿nuevas? “62 Organizaciones Peronistas” conducidas por el líder del Sindicato del Vidrio, Horacio Valdez, fueron presentadas en sociedad la semana pasada con un escenario en el que se destacaba la presencia del ex presidente Eduardo Duhalde, el periodista Santiago Cúneo y el dirigente de Escobar y ex deportista, Jorge ”Acero” Cali.

Si la coexistencia de dos “62 Organizaciones Peronistas” ya parecía mucho, esta semana arrancó con la convocatoria a una nueva normalización a desarrollarse el 19 de septiembre en la sede de los metalúrgicos. Como dice el refrán “No hay dos sin tres”…  Aun es un interrogante cual será la dimensión de la convocatoria, pero teniendo en cuenta el anfitrión y la cantidad de gremios de importancia que no participan de los otros armados “seis dos” todo indica que, al menos, tendrá volumen similar y perfil opositor.

Además de estos movimientos, las “62 Organizaciones Peronistas” oficialistas han emitido un comunicado con una lavada, pero concreta, crítica al gobierno por la degradación de los Ministerios de Salud y Trabajo y las consecuencias e implicancias de esas decisiones. Lo cierto es que las manifestaciones públicas son sólo la punta del iceberg, pues cada vez hacen más ruido las críticas silenciosas, los cuestionamientos a las políticas y falta de gestión de CAMBIEMOS y se multiplican los contactos de las segundas líneas con sectores de la oposición.

Cuando apenas falta un año para las elecciones generales en las que se decidirá quién conducirá los destinos del país a partir del 10 de diciembre de 2019, pareciera que el sindicalismo argentino ha comenzado a reconfigurarse de cara a un nuevo ciclo político.

Para algunos la tarea será más sencilla en tanto implica sólo un agrupamiento sin desplazamiento pero para quienes se mostraron demasiado cercanos al gobierno será el inicio de un camino de regreso con una dificultad directamente proporcional al nivel de exposición alcanzado. En cualquier caso, las señales inequívocas de fin de ciclo han aparecido y ni siquiera el sindicalismo PRO parece querer acompañar al presidente más allá de la puerta del cementerio.

Raúl Ferrara es abogado laboralista y docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ. Se ha desempeñado como Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, ha sido además consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Cambiemos busca disolver las huelgas docentes en la Provincia

Por Nicolás Alberio, columnista de Mundo Gremial.

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Desde que asumió en diciembre de 2015, el diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello no pasó desapercibido. Presentó diversos proyectos que impulsan cambios profundos en las relaciones laborales y, poco a poco, fue convirtiéndose en el legislador con más enemistades entre los gremialistas.

Ejemplo de ello fue su intención de eliminar la feria judicial, el incentivo por el ingreso de Uber a la provincia, las denuncias por irregularidades en el Astillero Río Santiago y, principalmente, su pretensión de declarar a la educación un “Servicio Esencial” con su correlato en  la prohibición de las huelgas docentes como las conocemos hasta el momento.

Es sabido que la Provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Lo que sucede allí repercute en la agenda nacional como ningún otro distrito lo hace. En lo específico del mundo gremial, por su dimensión y por el espacio que ocupa en los medios masivos, la paritaria de los docentes bonaerenses reviste la mayor importancia.

Ante los sucesivos paros que se repiten año a año debido a las dificultades para conciliar la paritaria docente, Guillermo Castello presentó en 2017 un proyecto que propone declarar a la Educación como Servicio Público Esencial, garantizando el cumplimiento de los días de clases.

Esta semana el lilito, quien se desempeña como Presidente de la Comisión de Educación, aseguró que “después de 21 días de paro docente, que perjudican a los alumnos de las escuelas públicas, sobre todo a los de menores recursos, habría que evaluar seriamente la necesidad de reglamentar el derecho a huelga de los docentes bonaerenses”.

Y añadió: “Entiendo que el derecho humano a aprender es de jerarquía superior al derecho de huelga, que no es absoluto. Esto implica que el dictado de clases no podrá ser interrumpido por medidas de fuerza, equiparando el deber a las actividades en donde está prohibida su paralización, como por ejemplo, los servicios hospitalarios o el control de tráfico aéreo”.

La iniciativa del diputado marplatense prevé que en caso de conflictos suscitados a raíz de la negociación colectiva o que tengan su origen en la relación laboral, deberán mantenerse, mientras dure el conflicto, los servicios mínimos como el dictado de la cantidad de días de clase en el año determinados por el calendario escolar obligatorio de cada jurisdicción, el funcionamiento de los comedores escolares y el mantenimiento de las escuelas abiertas con una guarda mínima, para que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad.

Su proyecto para declarar a la Educación como Servicio Esencial descansó durante meses en los cajones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Pero esta semana el titular del cuerpo, Manuel Mosca, le quitó el polvo y salió a respaldar públicamente la iniciativa. “Es una buena variante para analizar, pensando en que no se pueden perder más días de clases en las escuelas”, afirmó.

El aval del proyecto por parte del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense implica un claro acompañamiento del Ejecutivo a cargo de María Eugenia Vidal. Pero para ser aprobado necesitará la “ayuda” del peronismo, lo cual pareciera no ser un hecho sencillo.

Desde el Frente Renovador ya expresaron su rechazo a la iniciativa. Así lo hizo saber el presidente del bloque massista, Rubén Eslaiman, quien declaró que no van “a avalar que se restrinja el derecho a la huelga docente”, y le recomendó al gobierno provincial arreglar las escuelas.

Y recordó que la declaración de servicio esencial ya fue planteada por el gobierno de Daniel Scioli y “también el gobierno nacional de la Alianza con una Resolución de la entonces ministra Bullrich que la justicia declaró inconstitucional y la OIT ratificó que la educación no es un servicio público esencial, ante un amparo presentado oportunamente por CTERA”.

En este sentido, Eslaiman acusó a los diputados oficialistas de echar “leña al fuego y exacerbar el conflicto impulsando este tipo de propuestas”.

Lo cierto es que la situación docente en la Provincia se encuentra absolutamente empantanada. Estamos a mediados de septiembre y la paritaria aún no fue firmada. A ello se suman los serios inconvenientes edilicios que presentan los establecimientos educativos que provocaron la muerte de dos trabajadores en Moreno por una explosión de gas y que obligan a que centenares de escuelas deban estar cerradas.

Desde los gremios señalan que la precariedad edilicia y la problemática en los servicios influyeron más en el no dictado de clases que las medidas de fuerzas realizadas por los trabajadores.

Asimismo, en la agenda del oficialismo y de los sindicatos se hace presente un tercer factor que complejiza desde hace meses aún más el dictado de clases: las amenazas de bombas. De forma constante la comunidad educativa de infinidad de colegios debe ser evacuada por llamadas intimidatorias que se realizan al 911 y, por el momento desde el Estado no se brindan respuestas concretas para solucionar esta problemática.

Desde ambos lados del conflicto, porque sí hay una grieta como ya es habitual, se producen acusaciones cruzadas y se incrimina a los sindicatos o las autoridades provinciales de ser los responsables de la situación. El hecho objetivo es que el 2018 va a ser recordado como uno de los peores ciclos lectivos en décadas, con un único damnificado, los chicos.

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