En la última semana de septiembre, el gobierno nacional oficializó por decreto el pago de un monto no remunerativo para todos los empleados del ámbito privado.
La suma establecida fue de 5.000 pesos, tras consenso alcanzado entre los autoridades de la CGT y el empresariado argentino.
¿El objetivo? Compensar a través de un monto fijo y por única vez parte de la pérdida de poder adquisitivo del salario producida por la fuerte devaluación de la moneda y la inflación incontrolable.
Si bien el Decreto 665/2019 estableció el carácter de obligatoriedad del bono, cada actividad fijó las modalidades de hacer frente al pago de acuerdo a sus posibilidades económicas.
Así lo permitía el artículo primero del decreto: podrá pagarse “en los plazos, cuotas o condiciones que establezcan las partes signatarias de los convenios colectivos”.
El bono, y más aún la flexibilidad para pagarlo, funcionó como puente o vía de desahogo en medio de negociaciones tensas y con gremios presionados por sus bases ante la caótica situación económica.
En sectores fue una herramienta de negociación, adaptable y manuable, para reorganizar los números de un año paritario inusual con cierres periódicos, en algunos casos con revisiones mensuales de los acuerdos.
Pocos fueron los sectores que afrontaron el pago de los 5.000 pesos en un solo tramo: farmacia -lo abona en enero 2020-, ferroviarios, molineros, petroleros, un sector del vidrio y un ámbito de la seguridad, según las presentaciones oficializas ante el ministerio de Producción y Trabajo.
En la mayoría de los convenios colectivos se optó por un pago escalonado, y en numerosos casos, el monto a abonar compensó futuros aumentos salariales, como en la construcción, que utilizó los incrementos acordados en la paritaria de octubre para adaptarse a la asignación no remunerativa decretada.
Dos, tres, cuatro y hasta cinco fueron las cuotas a las que debieron acudir algunas economías, las más afectadas por la situación general del país.
Según el decreto, la fecha inicial de pago era el mes de octubre, pero al existir la posibilidad de hacerlo efectivo en tramos, la gran mayoría de los trabajadores terminarán de cobraron recién en 2020.
Será en los casos de comercio, botoneros, aduana, indumentaria, madera, mosaistas, panaderos, perfumistas, papeleros, publicidad, vidrio, taxistas, tintoreros, textiles, maestranza, caucho, viajantes y seguridad, entre otros.
Algunos dirigentes lo describieron como «un respiro para descomprimir» y llevar un manto de tranquilidad ante la demanda constante de mejoras salariales y las escasas posibilidades de algunos sectores de la economía de dar señales positivas ante un panorama desalentador.
Por estas semanas, los sindicatos iniciaron- en aquellos sector que lo soporten- la negociación para el pago de un bono de fin de año, que como en camioneros, bancarios o aceiteros -solo para nombrar algunos- forma parte de un «derecho adquirido» por los trabajadores, como acostumbra a declarar Pablo Moyano.
No habrá un pedido de la CGT para exigir un bono generalizado, por eso serán las organizaciones gremiales las que negociarán en el interior de cada convenio, como sucede todos los años.
Las sumas acordadas son disímiles, según las posibilidades de cada actividad: arrancan en 7.000 y llegan a 34.000 pesos con el caso del gremio del gas.
El caso que más atención despierta es el de camioneros, que todos los fines de año entrega un capítulo de fuerte disputa con la FADEEAC, la cámara empresaria de la actividad.
Este 2019, la solicitud camioneros fue de 20.000 pesos, y ante la negativa de la federación, el gremio comenzó a realizar convenios empresa por empresa, llegando a celebrar acuerdos con el 80% de las firmas, según informó el sindicato de los Moyano.
Por estas horas podría quedar concretado al acuerdo con la totalidad de las empresas, por un monto que terminaría de pagarse en los primeros meses del próximo año.
