Sin embargo, funcionarios provinciales y los mismos trabajadores negaron que la empresa alimenticia haya sido «tomada, saqueada y dañada» por el personal que realizó la protesta frente a la planta de Tortuguitas, como denunció el empresario.
El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal, se hizo presente en el predio del complejo industrial, donde supervisó el operativo policial y anunció un principio de acuerdo entre las partes que permitió levantar la medida de fuerza.
En tanto, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, dijo en declaraciones televisivas que inspectores laborales constataron que la planta ubicada en el Completo Industrial de Tortuguitas «no fue tomada, saqueada y no fue dañada» por los trabajadores que realizan una protesta frente a los portones de ingreso de la fábrica.
Unos 600 trabajadores llegaron a las 5 a la planta de la Compañía Americana de Alimentos, ubicada en avenida Descartes 3535, en inmediaciones del cruce de la autopista Panamericana y la avenida Olivos.
Allí reclamaron que se anulen las afiliaciones de 22 empleados al sindicato de la alimentación STIA, que encabeza Rodolfo Daer, a fin de que «pasen» a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.
Hugo Romero, dueño de la planta, denunció entonces que los empleados «están saqueando la fábrica» y cuestionó la exigencia de cambio de encuadre sindical de los trabajadores.
Asimismo, responsabilizó de la protesta a ATILRA, un gremio lácteo que, según dijo, «actúa en consonancia con Moyano y tiene la misma metodología: movilizan colectivos y contratan hinchas de fútbol para romper todo».
«Están bloqueando la fábrica y la están saqueando. Es un grupo de no menos de 500 personas. Están con muchos colectivos y todos drogados», advirtió en declaraciones radiales.
El empresario criticó también al gobierno provincial por «dejar que los manifestantes hagan lo que quieran».
En tanto, Heber Ríos, de la filial General Rodríguez de ATILRA, negó que sus representados hayan saqueado la fábrica, afirmación que fue ratificada después por el ministro Casal.
Tanto el funcionario bonaerense que se hizo presente en el lugar como el referente sindical que encabezó la protesta admitieron, sin embargo, que hubo «destrozos», como «rotura de vidrios».
Sin embargo, el sindicalista dijo que esos daños fueron provocados por «el personal de seguridad de la fábrica que se apuró a cerrar todos los accesos» cuando arribaron los manifestantes.
El gremialista rechazó también tener «contacto directo» con Moyano, aunque dijo pertenecer al sector de la CGT que éste conduce, opuesto al Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación que comanda Rodolfo Daer.
El gremialista justificó el pedido de cambio de encuadre sindical a que «el sueldo promedio en alimentación no pasa los 3.500 pesos y el del sector lácteo es de 6.500 pesos».
Poco antes de las 12, el ministro Casal anunció que los representantes de los manifestantes alcanzaron un acuerdo con el dueño de la planta.
El funcionario aseguró que firmó junto a los gremialistas y Romero una «declaración» en la que las partes se comprometieron a resolver el conflicto en el ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada.
«Firmamos una declaración con el secretario general y va a concurrir a una audiencia (en la cartera nacional). La patronal, también. No hubo lesionados; tampoco, saqueos ni robo, ni nada parecido», dijo Casal.
El ministro agregó que Romero «va a aclarar en los medios (de comunicación) que esas circunstancias no sucedieron y que lo habían informado mal».
