Desde el sindicato manifestaron que desde la asunción de Rodrigo Silvosa a cargo de la Subsecretaria de Minería, Industria y Actividades Portuarias se han paralizado absolutamente todas las gestiones en los puertos de Dock Sud y San Nicolás, «llegando incluso a perderse la contratación de servicios básicos como limpieza y seguridad básicos para el funcionamiento humano», destacaron.
En ese sentido señalaron también los problemas operativo que se vienen sucediendo «se han caído las compras de nueva infraestructura necesaria para los puertos, y se han paralizado la publicación de predios que hoy se encuentran absolutamente ociosos generando millonarias pérdidas para los ingresos de los fondos portuarios».
El secretario General Adjunto e Interior de APDFA Leonardo Salom, señaló que conforme la ley 11.206 que aprueba el Convenio de Transferencia de los Puertos Nación a Provincia los fondos portuarios son intangibles, es decir que todos los ingresos de los puertos sin excepción, serán contabilizados independientemente de rentas generales provinciales y serán aplicados exclusivamente para cubrir gastos, de administración, operación, capacitación e inversiones relacionadas con la actividad portuaria que tienden a asegurar una mayor eficiencia optimizando los costos y tarifas en beneficio del comercio interior y exterior.
En tal sentido hoy en el fondo provincial de puertos se informo a Mundo Gremial que se encuentran paralizados 500 millones de pesos los cuales no han sido aplicados a las inversiones de puertos. Es decir que por la inoperancia en la Subsecretaria de Puertos con la devaluación sufrida esas sumas se han depreciado, mientras los puertos mencionados esperan desesperados para su desarrollo las inversiones que no se hacen solo por falta de gestión.
Como corolario de este panorama desalentador, desde hace casi un año se les adeuda a más de 17 jubilados portuarios sus liquidaciones finales, y el Subsecretario de María Eugenia Vidal, Rodrigo Silvosa, se había comprometido a realizar dichos pagos a principio de septiembre, sin embargo todos los expedientes siguen siendo enviados a los laberintos de la burocracia provincial y los jubilados ven sus derechos cercenados.
Desde la institución no descartan denunciar penalmente a los funcionarios responsables por los delitos tipificados en los art. 249 y 264 del Código Penal.