A tres meses de la intervención, Osprera enfrenta 21 judicializaciones por falta de cobertura

La intervención de la obra social, Osprera, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), dictada por el gobierno nacional el pasado 26 de octubre de 2024, sumó una nueva polémica al conocerse que 21 trabajadores del gremio judicializaron sus casos de falta de prestaciones médicas a través de amparos que la entidad se niega a cumplir.

La intervención decretada por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación profundizó la crisis sanitaria en la obra social y otros gremios temen por los precedentes que deja gerencia de los delegados del gobierno entre las obras sociales.

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De los 21 casos que llegaron a instancias judiciales, cuatro alcanzaron una instancia penal ya que Osprera desobedeció las resoluciones de los tribunales. Los trabajadores rurales denunciaron cortes en los servicios prestacionales, interrupciones en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo, lo que agravó las patologías de los damnificados y los estadios de quienes atraviesan enfermedades con cuadros graves.

Solo en la provincia de Buenos Aires, hay 2 casos en Junín, 2 en Necochea, 1 en Mar del Plata, 1 en Bahía Blanca y otros 2 en San Nicolás. Las intimaciones obligan a la obra social a cumplir con las medicaciones y los tratamientos pero la gerencia aún no las obedeció. En el caso de las presentaciones de San Nicolás, el reclamo llevó al inició de una causa penal por desobediencia a la demanda de restituir la medicación.

En Sana Fe ya hay dos casos judicializados, cuya sentencia se encuentra incumplida. De estos reclamos uno es por falta de medicación y tratamiento por discapacidad y el otro por una paciente que necesita una cirugía y una prótesis y Osprera no lo cubre. En Córdoba se registraron ya 1 caso en la Capital, 2 en Villa María y 1 en Río Cuarto, el cual también derivó en una causa penal a partir del incumplimiento de cubrir una prótesis para una cirugía de cadera por necrosis avascular bilateral.

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Por su parte, en Entre Ríos hay un caso judicializado en Concordia, mientras que en Río Negro se presentó un reclamo en General Roca. También en Salta hay una demanda que llegó a la vía penal por una menor de edad que padece de cáncer y a quien se le interrumpió el tratamiento oncológico. Asimismo, en Tucuman se presentaron 4 casos, de los cuales uno llegó a la instancia penal.

Osprera fue intervenido el pasado 26 de octubre de 2024, a través de la resolución n°3948/24 de la Superintendencia de Salud, que sustituyó al Consejo Directivo de la obra social que había asumido en julio, tras quince meses de intervención judicial y que había logrado la aprobación del mandato por el plazo de 4 años por parte de la Superintendencia.

El gremio denunció entonces irregularidades en la formalización de la intervención, entre las que se encontraban que se realizó fuera del horario administrativo, lo que impidió el derecho a la defensa, además de que fue ordenada por un juez que luego fue apartado por incompetente.

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A casi dos meses de la intervención, UATRE advirtió que la nuevo directorio puso en riesgo la salud y la vida de los 700.000 trabajadores de la actividad y sus familias que se atienden con Osprera.

En esa línea, el sindicato que conduce José Voytenco también denunció que se bloquearon las cuentas bancarias de las delegaciones de la obra social en todo el país, interrumpiendo la cadena de pagos que sostiene la asistencia médica a los afiliados. Con este marco, UATRE alertó que se dejaron de autorizar y de liberar compras de medicamentos de alto costo, lo que impide el trámite de adquisición y la entrega de los mismos a los pacientes oncológicos, con HIV, hemofilia y otras enfermedades.