La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM) junto a otros gremios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) mantuvieron una reunión con la directora general de Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la licenciada Mara Ruiz Malec, ex ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
El motivo del encuentro fue el abordaje de la problemática laboral y tributaria de las plataformas digitales que, desde su desembarco en Argentina en 2016, desarrollan un modelo de negocio basado en el fraude.
“La formidable evasión de contribuciones patronales de las plataformas digitales es un perjuicio irreparable para los trabajadores, y ocupa un espacio de primer orden en nuestra agenda”, afirmó Marcelo Pariente, secretario general de la ASIMM, quien destacó que “la compañera Ruiz Malec ya ha dado muestras de su compromiso y su capacidad de trabajo».
Además, el referente de los motoqueros afirmó que “el impacto de las empresas que se escudan en las nuevas tecnologías para evadir las contribuciones a la seguridad social en las diferentes actividades del transporte, es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante”. En tanto, aportó que “queremos generar una mesa de trabajo compuesta por equipos técnicos y todas las organizaciones gremiales que se sientan afectadas por el modelo fraudulento de las plataformas”.
Del encuentro también participaron Sergio Sasia, secretario general de la CATT y la Unión Ferroviaria, Jorge García, de los Peones de Taxi, Alejandro González, del Sindicato de Camioneros, y Gonzalo Ottaviano, responsable de Inspecciones y Encuadramiento de ASiMM.
“Cabe destacar el grave daño que genera la competencia desleal de quienes no pagan contribuciones patronales, con el agravante de no tributar impuestos en la Argentina, causando severos daños en diversas actividades, debilitando al sistema jubilatorio, a las obras sociales, y a los trabajadores en su conjunto«, añadió Pariente.
Recordemos que una de las empresas (Glovo) fue multada recientemente por el gobierno de España con 79 millones de euros por no dar de alta a más de 10 mil trabajadores de Barcelona y Valencia. En nuestro país, el ejecutivo bonaerense también dispuso de multas.