Los gremios estatales frente a una encrucijada

En la decisión del gobernador José Manuel de la Sota de proponer a los gremios estatales algunos cambios en el sistema previsional, para salir del creciente desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, fue gravitante la abultada deuda de la gestión K con la Provincia.

En ese escenario, los sindicatos estatales –que ya anticiparon que no aceptarán variaciones que modifiquen el sistema solidario de reparto– deberán sopesar entre sus lealtades políticas y la defensa de los intereses que reclaman a la hora de tomar decisiones.

La Nación adeuda 1.040 millones de pesos para cubrir el déficit previsional. Por razones políticas, se niega a saldarlos, pese al convenio firmado entre la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y la Provincia.

El argumento de los K es que la Caja cordobesa no cumplió con la “armonización” pactada. Si así fuera, ello no eximiría a la Nación de cumplir con el financiamiento comprometido. La deuda nacional representa casi dos meses de haberes previsionales, si se tiene en cuenta que en mayo la Provincia pagó 628,7 millones de pesos a 92.300 jubilados que perciben una remuneración promedio de 6.805 pesos. Pero, además, no hay visos de que la Nación firme un nuevo convenio para cubrir el déficit previsional local.

Dentro de este contexto 
–que incluye una demanda de la Provincia ante la Corte Suprema de Justicia acompañada de una medida cautelar para que le envíen los fondos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo–, los gremios estatales cordobeses que expresan su apoyo al “modelo nacional y popular” de Cristina, como los enrolados en el delasotismo, se encuentran frente a una contradicción que deberán dilucidar.

La conducciones de sindicatos como el de Luz y Fuerza de Córdoba, de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) y el gremio de los municipales de la Capital, que hacen profesión de fe kirchnerista, hasta ahora nunca admitieron con claridad que el planteo de cambios en las jubilaciones se precipitó por el incumplimiento del Gobierno nacional al que adhieren.

También el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que conduce el legislador delasotista José Pihen, quien hasta hace unos meses también se declaraba kirchnerista, afronta una encrucijada aun mayor: conformar a sus afiliados respecto de los cambios que se propongan y no contrariar al gobernador que lo volvió a premiar con una banca en la Legislatura.

Por ahora, los sindicatos estatales se mantienen expectantes, a la espera de conocer cuáles serán los retoques que impulse el Gobierno. Este garantizó que no se tocarán los pilares del sistema, como el 82 por ciento móvil.

Fuentes oficiales y gremiales admiten que el diferimiento del pago a los pasivos de los aumentos que se otorguen a los activos aparece como unas de las alternativas firmes de modificación del sistema.

Convocados por Pihen, en su carácter de titular de la comisión de Legislación del Trabajo de la Unicameral, los estatales se volvieron a reunir ayer en la sede del SEP, pero no se avanzó con ninguna resolución.

Trascendió que los dirigentes no consiguieron ponerse de acuerdo en sugerir propuestas al Ejecutivo para achicar el déficit de la Caja. La reunión seguirá mañana en la Legislatura.

Lo concreto es que el actual régimen previsional 
–que tiene una relación de 1,8 activo por cada pasivo– no se podrá sostener en el largo plazo si no se introducen cambios que lo hagan sustentable. Los gremios deberán ahora afrontar esa realidad, más allá de los posicionamientos políticos.