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Denuncian a Donnelley “por alteración al orden económico y financiero”
Lo hará el Gobierno tras el anuncio de la Presidenta, que afirmó que la gráfica buscó «crear temor en la población» y que la quiebra presentada «es fraudulenta». Yasky y Recalde analizaron la situación.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que el Gobierno denunciará penalmente a la imprenta Donnelley “por alteración al orden económico y financiero”, en el marco de aplicación de la Ley Antiterrorista.
La mandataria reveló que el anuncio de quiebra realizado por la imprenta buscó «crear el temor» en la población y señaló que Paul Singer, titular del fondo buitre NML, había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, que tiene participación accionaria en la empresa gráfica.
Cristina diferenció la situación de Donnelley de la empresa Lear, que, indicó, se encuentra en el marco de un conflicto sindical. Remarcó al respecto que la gráfica buscó «crear temor en la población» respecto a la pérdida de fuentes de trabajo y que la quiebra presentada «es fraudulenta» lo que motiva la aplicación de la denuncia penal.
Por su parte, el titular de la CTA oficialista, Hugo Yasky, aseguró que «hay muchos grupos económicos muy poderosos que quieren demostrar que todas las plagas de Egipto se van a desatar sobre los argentinos, que van a tener desocupación, que van a cerrar puestos de trabajo».
El gremialista dijo que «quedó demostrado» que desde Donnelley cerraron la imprenta y se declararon en quiebra «para generar» un mal clima, con el despido de los trabajadores, por lo que insistió en «defender el trabajo, el salario y las políticas públicas porque es la única forma de salir adelante».
En tanto, el diputado nacional por el FpV, Héctor Recalde, señaló que «no hay despidos como para alarmarse, hay algunas suspensiones, pero lo peor que podemos hacer es instalar el miedo, porque más allá de que limita el consumo, para los trabajadores el miedo a perder el empleo es una cosa seria». Recordó además que «hace unos años las suspensiones eran de 30, 60 o hasta 90 días sin que cobraran un mango los trabajadores y hoy las pagan las empresas y no son más que de 2 días por semana».
«Yo confío en las estadísticas del Ministerio de Trabajo que sostienen que el empleo creció un 0,5 por ciento, que no es para tirar manteca al techo» pero, aseguró Recalde, «las cámaras empresarias dicen que no hay despidos para alarmarse, hay suspensiones, pero no hay que instalar el miedo».
