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Viales rechazan decreto que autorizó a empresa privada a controlar cinco corredores

Aseguran que las tareas las podría realizar Vialidad Nacional, siempre que «los fondos originales deducidos de combustible se destinen a la función original».

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El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) rechazó el decreto 659/19, que autorizó a la empresa Corredores Viales S.A. a administrar cinco corredores del organismo público nacional (DVN), y afirmó que la decisión procura «perdonar» las «variadas irregularidades producidas» durante la actual gestión administrativa.

La organización sindical, que conduce Graciela Aleñá, aseveró en un comunicado de prensa que la determinación oficial «se entromete con las funciones de Vialidad Nacional», y es «una maniobra que avanza en la destrucción del organismo público y convalida la oportuna denuncia gremial ante la prórroga ilegal y arbitraria de las concesiones».

Aleñá sostuvo que el decreto pretende «proteger» a las autoridades del organismo y de la cartera de Transporte por «perjuicios al Estado por más de 30 mil millones de pesos».

«No es casualidad un decreto posterior a la denuncia penal del sindicato. Esos contratos, vencidos en abril de 2017 y prorrogados de forma arbitraria e ilegal, no están de ninguna manera salvados. Es imposible legislar para atrás. Los hechos perjudicaron al Estado en más de 30.000 millones y en los montos recaudados por peaje», puntualizó Aleñá.

También explicó que «el supuesto ahorro de 2.500 millones de pesos no fue tal, ya que continúa el cobro de peaje sin ofrecer caminos alternativos, y se ejecutarán obras con fondos públicos para que luego la concesionaria que gane la licitación cobre sin invertir».

La sindicalista afirmó que esa tarea puede ser realizada por Vialidad Nacional, siempre que «los fondos originales deducidos de combustible se destinen a la función original».

Aleñá desmintió que los 978 empleados que cumplen tareas en los cinco corredores vayan a sumarse a la planta del Estado, ya que tienen «una vinculación de derecho privado regida por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, según el decreto 794/17».

La denuncia penal del gremio recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y, la investigación, le compete al fiscal Eduardo Taiano, quien imputó a las autoridades de Vialidad y de Transporte por «negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, falsedad ideológica, mal desempeño de funciones y violación de deberes».

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