Variada reacción de las centrales gremiales frente al ajuste que dispuso Economía

El ajuste en el gasto público de casi $150 mil millones anunciado por el ministerio de Economía, como gesto al mercado en pos del declamado ordenamiento fiscal, sólo fue cuestionado por algunas centrales educativas, como CTERA y UDA y los estatales de ATE pero contó con el sugestivo silencio de la CGT y la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky.

Más allá del alineamiento con el Ejecutivo de gran parte del movimiento obrero, que soporta estoico una inflación de casi el 80% que los obliga a negociar paritarias cada 3 meses sin que ello les garantice una exitosa defensa de poder adquisitivo, resulta llamativo que no haya habido manifestaciones públicas en contra de un recorte en áreas tan sensibles como la salud, la educación y la obra pública.

En este marco, Hugo «Cachorro» Godoy, desde ATE, atribuyó a las presiones del mercado «el giro» ajustador del Gobierno. «La decisión de ´gastar solo lo que se recaude´, ´congelamiento de vacantes´, ´pagar el valor real por los servicios´ y otras declaraciones que se repitieron en boca de la actual gestión, nos rememoran discursos de otras épocas», sentenció el dirigente..

También asimiló a este giro «conservador» del oficialismo la suba de las tasas de interés a niveles cercanos al 90% y el aumento de la velocidad de devaluación que lleva adelante el Banco Central y la puesta en marcha de «un verdadero tarifazo», en poco de cumplir con los compromisos asumidos con el FMI.

Es en este contexto en el que vincula el ordenamiento fiscal que lleva adelante el ministro Sergio Massa, «interesante eufemismo para no pronunciar la palabra ajuste que alcanza a $128 mil millones, dejando en claro el funcionario que todavía hay espacio para que cada ministerio haga ´sintonía fina´ en los gastos. Es decir el ajuste no termina acá».

Así, enumeró el recorte con la reducción de más de $60 mil millones para el Fondo de Garantía Recíproca (FOGAR) y el Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP), líneas de crédito asignadas fundamentalmente al universo PyME, una poda de $50 mil millones la partida destinada al PROCREAR que depende del Ministerio de Desarrollo y Hábitat Territorial.

También se reduce en $50 mil millones la partida del programa “Conectar Igualdad” justificándose la poda en la falta de dólares en las reservas para adquirir el equipamiento. El ministerio de Salud tendrá una quita $10 mil millones de las partidas destinadas a campañas de vacunación.

Frente al silencio de otras entidades gremiales, CTERA rechazó el ajuste en su participación en el Consejo Federal de Educación y manifestó su «preocupación» por la situación de las áreas afectadas por esta medida. Además, consideró que significa «un retroceso en el paulatino mejoramiento de la educación pública que se empezó a sentir en el último año».

En la misma línea se expresó UDA (Unión de Docentes Argentinos), cuando calificó de «un verdadero ajuste presupuestario de la inversión que significaría una cifra superior a los $50 mil millones e impacta directamente sobre partidas destinadas al Programa Conectar Igualdad (que prácticamente quedará paralizado el resto del año); el Programa de Mejoras de Infraestructura de Jardines de Infantes y el Programa de Infraestructura y Equipamiento».

Sostuvo, asimismo, que este recorte nuevamente pone en jaque la inversión en el área, del 6% del PBI, que ordena la Ley de Financiamiento, que traduce como un «verdadero ´tijeretazo´ en la inversión educativa». Ante esta situación, el sindicato se declara «en estado de alerta y pasa a mantenerse en sesión permanente en defensa de la Educación Pública».

Como se dijo, estas manifestaciones gremiales contrastan con el silencio devenido de otros actores del movimiento obrero, como la CGT que mantiene el foco en sus propias batallas. Tras rechazar el pago de una suma fija como compensación por la alta inflación, aún no ha recibido respuestas satisfactorias a su demanda por los fondos de las obras sociales.